El caso contra el exsecretario de Hacienda sigue sufriendo posposiciones.

Utilizando una frase hecha popular por la abogada Mayra López Mulero en su programa de radio, los fiscales especiales independientes Miguel Colón Ortiz y Manuel Núñez Corrada afirmaron hoy que “no nos callan ni nos van a amedrentar” luego de que la vista preliminar contra el exsecretario de Hacienda fuera pospuesta por cuarta vez..

“Hace dos semanas le vienen radicando querellas a todos los fiscales del PFEI, obviamente con toda la intención. Ellos se creen que nos pueden amedrentar, pero están bien equivocados”, dijo hoy a NotiCel el fiscal Colón Ortiz a la salida del Tribunal de San Juan.

La posposición de la vista se dio porque el Tribunal Supremo aún no ha evaluado la interpretación jurídica expuesta por la defensa de Maldonado, confirmó hoy López Mulero.

“La controversia que está ante el Supremo es que hay que entregar un informe de trámite interno entre agencias que alegaba ella que era exculpatorio y el Tribunal de Primera Instancia lo analizó y dijo que era prueba culpatoria y el Apelativo solicitó el documento, lo analizó y también dijo que era culpatorio”, explicó Colón Ortiz.

“Ellos están alegando que esto es un asunto administrativo, pero ya es un asunto que el tribunal debe evaluar de acuerdo a la prueba que nosotros presentemos. Esperamos que ya en enero el Tribunal Supremo se haya expresado o llegue el mandato”, dijo, por su parte, Núñez Corrada.

Pero López Mulero se sostiene en que el caso debe desestimarse porque ha habido violación del debido proceso de ley.

“El asunto está ante el Tribunal Supremo y son remedios jurídicos cuyo tiempo toma el que corresponda caso a caso. En el caso que nos ocupa, tratándose de un caso de interés público, y ante la seriedad y contundencia de nuestro análisis jurídico, le corresponde a los jueces del Alto Foro evaluar lo expuesto porque a base de nuestra interpretación jurídica este caso tiene que ser desestimado por razones que le compete a los jueces del Supremo evaluar”, comentó la abogada defensora de Maldonado.

“No tenemos prisa en el sentido de que nos agobien las fechas. Lo que nos agobia es que este proceso nunca se debió haber iniciado contra mi representado y que hay un trato arbitrario, caprichoso en violación del debido proceso de ley”, aseguró.

Al exsecretario de Hacienda y de la Gobernación se le acusa de violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y perjurio bajo el Código Penal de Puerto Rico.

Las imputaciones contra el exfuncionario están relacionadas con los informes financieros que sometió a la Oficina de Ética Gubernamental entre los años 2017 y 2019, cuando formó parte del equipo de trabajo del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Tres de los cargos son por presunta violación al Artículo 5.7 de la Ley de Ética, que penaliza la no presentación de información financiera, y tres por el artículo 269 del Código Penal, por perjurio, por ofrecer información falsa bajo juramento.

Según las denuncias, el exsecretario de Hacienda omitió en dichos informes ingresos por sobre $168,000.

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