Con los propios acusados como únicos testigos de defensa, el desfile de evidencia terminó en el caso por la transacción fraudulenta de $9 millones en Mayagüez y el jurado comienza deliberaciones hoy.

El exidrector de la corporación municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), Alejandro José Riera Fernández, admitió en el banquillo de los testigos que armó una corporación que pretendía mantener en secreto para beneficiarse económicamente de los proyectos que la Junta de Directores de MEDI rechazara.

La empresa IManagement LLC fue incorporada usando el nombre de una persona que hacía trabajos en la residencia de Riera Fernández, a quien el director ejecutivo le tomó la firma digital y siguió usándola para múltiples trámites, incluyendo facturas. La intención era "proteger mi trabajo en MEDI", dijo el exfuncionario a preguntas de su abogado, Diego Alcalá Laboy, al sentarse como único testigo en su propia defensa como parte del juicio que enfrenta junto al exasesor legal del municipio, Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry.

De siete acusados por el esquema mediante el que los $9 millones nunca se invirtieron sino que se convirtieron en dineros repartidos entre los participantes de la treta, solo Riera Fernández e Irizarry Irizarry fueron a juicio, los demás se declararon culpables. Los mismos Riera Fernández e Irizarry Irizarry fueron los únicos testigos de defensa.

Riera Fernández aseguró que se enteró por auditores de la entidad que a través de la misma se había realizado una inversión en el mercado de valores de $9 millones, que era dinero originalmente asignado para un Centro de Trauma en la Sultana del Oeste. Añadió que no tuvo "control" sobre los $9 millones como director ejecutivo de MEDI.

A solo semanas de convertirse en director ejecutivo de MEDI, Riera Fernández y uno de los ya convictos en el caso, el asesor financiero, Eugenio García Jiménez, acordaron verbalmente que el funcionario recibiría el 10% de las ganancias que tuviera la empresa del asesor financiero, TEGA Holdings, por proyectos que el funcionario le refiriera después de ser rechazados por MEDI. Riera Fernández no tenía voto en la corporación municipal, pero sí voz y en su testimonio dijo que intentó tener un contrato escrito por García Jiménez, pero no contestaron sus requerimientos de que las ganancias de TEGA que se tomaran en cuenta para el pago a IManagement no podían incluir las ganancias de los negocios de TEGA con MEDI porque no sería "correcto" que cobrara dos veces por asuntos de MEDI.

En el contrainterrogatorio, la fiscal federal Myriam Fernández González, llevó al testigo a admitir que mintió al Departamento de Estado y a otras entidades en las que el contratista Roberto Santiago Vélez aparecía como el encargado de IManagement, cuando en realidad la única persona detrás de la corporación era él mismo.

El caso quedará sometido para la deliberación del jurado hoy después de que la jueza Aida Delgado Colón imparta instrucciones.

En los informes finales la fiscalía y los abogados defensores se ripostaron las metáforas que usaron para llevar a los jurados a su forma de ver la prueba. Distinto a otros casos federales, en este no hay grabaciones encubiertas o mensajes de textos entre los participantes que delaten los actos criminales, por lo que hay un elemento mayor de inferencia y de aplicación del sentido común a los hechos.

La fiscal Fernández González manifestó esto con una exhortación a los jurados a que "conecten los puntos" de la evidencia y los testimonios para llegar a un veredicto de culpabilidad por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. Como ha pasado durante el juicio, uno de los énfasis mayores de la fiscalía han sido las facturas superficiales y faltas de detalle que usaron Riera Fernández e Irizarry Irizarry para, a través de sus respectivas corporaciones, recibir una parte de $900,000 que MEDI le depositó a TEGA y que era parte de los $9 millones que se supone estuvieran invertidos. Añadió que el testimonio de Roberto Mejill Tellado, otro convicto participante del esquema que era socio de TEGA, es que nunca vio el trabajo por el que se le estaba pagando dinero a esas corporaciones. "Dinero por nada", subrayó la fiscal.

En su turno, el abogado de Irizarry Irizarry, Juan Álvarez Cobián, trato de revertir la metáfora de la fiscal argumentando que faltaban "puntos" y que si los puntos no se podían conectar, no podían emitir veredictos de culpabilidad. Señaló que la fiscalía no pudo probar que hubiera un acuerdo de los acusados para conspirar o que participaran en los hechos a sabiendas. Sobre las facturas, y como ha pasado en el resto del juicio, reiteró al jurado que no tenían detalle de actividades realizadas porque así funcionan los contratos por "iguala" en el sector privado y que cuando el jardinero va a cortarles la grama y a limpiarle el patio, no le pasa una factura diciendo cuántos metros cuadrados de patio cubrió o qué tareas realizó.

En un turno de refutación breve, la fiscal Fernández González se apoderó de la metáfora del jardinero para plantearle al jurado que deben usar su sentido común y que si las facturas no tienen detalle y si el testimonio de Mejill Tellado es que no vio el trabajo que hicieron, es porque los pagos no tenían justificación y eran parte del esquema corrupto.

El jardinero que arregla el patio no tiene que entregar una factura detallada porque, antes de pagarle, la persona que lo contrata puede ir al patio y ver la grama recortada y las plantas podadas. Es decir, el trabajo se puede ver.

Según el pliego acusatorio, IManagement cobró $133,200 de TEGA entre abril y diciembre de 2016, mientras que, en el mismo periodo, Irizarry Irizarry cobró $126,000 a través de su empresa U.A. United Advisors Corporation.

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