En su defensa, coacusado ocupa el banquillo de los testigos e implica al hermano del alcalde de Mayagüez en cobro a cambio de contrato.

El exjuez Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry, uno de los acusados federales por la transacción fraudulenta de $9 millones en el municipio de Mayagüez, dijo hoy que mientras tuvo un contrato de asesoría legal con el alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez por $10,000 mensuales, daba $2,000 mensuales al hermano de este, Osvaldo Rodríguez Rodríguez.

Las expresiones de Irizarry Irizarry ocurrieron mientras testificaba en su defensa en el juicio federal que también enfrenta el exdirector ejecutivo de Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), Alejandro Riera Fernández, y que podría terminar entre hoy y mañana ya que los testimonios de los acusados serían los últimos en presentarse.

Ambos son parte de un grupo de siete acusados, de los que cinco se han declarado culpables, imputados de participar en un esquema mediante el que $9 millones en fondos municipales que serían supuestamente invertidos en el mercado de valores nunca lo fueron, y en realidad se los repartieron entre los acusados, devolviendo solo $1.8 millones a la ciudad haciéndole creer que era un adelanto de intereses.

El hermano del suspendido alcalde de Mayagüez es también su asesor y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) mantiene una querella mediante la que pide multa de $140,000 contra Rodríguez Rodríguez por haber nombrado a su hermano ilegalmente a distintos puestos en tres ocasiones.

En abril de 2021, NotiCel publicó en exclusiva el testimonio del contratista del municipio, Roberto Ríos Vargas, quien apuntó al hermano del alcalde y al presidente de la Junta de Subastas, Pedro José Ballester Troche, como las personas que pedían dinero y regalías a cambio de contratos. Confrontado con esta información ese mismo mes, Rodríguez Rodríguez dijo sobre su hermano que "[a]as cosas que hace, nadie sabe cómo las hace ni cuándo las hace". "Si yo he conocido una persona íntegra, honesta y trabajadora, se llama Osvaldo Rodríguez", añadió.

A preguntas de su abogado, Juan Álvarez Cobián, el acusado dijo que al recibir un contrato de $10,000 mensuales para asesorar al alcalde en asuntos legales, se le acercó Osvaldo "y me indica que el partido y comité municipal al que él pertenece estaban teniendo problemas económicos para levantar fondos, que si le podía donar por un periodo de tiempo $2,000 mensuales de lo que yo ganaba de mi trabajo".

Luego, en el contrainterrogatorio, la fiscal federal Myriam Fernández llevó al testigo a precisar que Rodríguez Rodríguez pertenece al Partido Popular Democrático y a que el contrato de $10,000 se mantuvo todo el tiempo que se mantuvo el pago de $2,000 al hermano del alcalde. El testigo, sin embargo, no aceptó la premisa de la fiscal de que los $2,000 eran una condición para mantener el contrato.

La jueza Aida Delgado Colón sostuvo la objeción del licenciado Álvarez Cobián cuando la fiscal le preguntó al testigo si el alcalde Rodríguez Rodríguez sabía de los pagos a su hermano, por lo que Irizarry Irizarry nunca contestó.

La fiscal también atacó al acusado con el hecho de que, en 2016, cuando se estaba desarrollando el esquema, Irizarry Irizarry estaba "cobrando de todos los ángulos" e incurriendo en conflictos de interés porque recibía $10,000 mensuales por contrato con el municipio, $5,000 mensuales por contrato con MEDI, la corporación musical a través de la cual se hizo la transacción fraudulenta, y recibió $90,000 de Eugenio García Jiménez como una iguala que representaba el 10% de las ganancias de éste como asesor financiero.

García Jiménez fue el asesor financiero del municipio que recomendó y estructuró la transacción e Iriizarry Irizarry dijo que tenían un acuerdo "verbal" que nunca fue llevado a escrito sobre el pago de una iguala por servicios que el abogado le prestaba a los negocios de García Jiménez. Testimonio previo coloca a Irizarry Irizarry opinando, en capacidad de asesor del alcalde, que la transacción de los $9 millones fue legal, pero el testigo dijo que se enteró del esquema en 2018 cuando el Negociado Federal de Investigaciones lo entrevistó al respecto y quedó "horrorizado".

La fiscal le presentó, lado a lado, las facturas detalladas que sometía al municipio y la factura superficial y no desglosada que sometía a García Jiménez para insistir en que el dinero que recibió del consultor financiero fue a cambio de nada, pero Irizarry Irizarry reiteró que las facturas públicas tenían que ser desglosadas pero las que tenía en su práctica privada con clientes como García Jiménez no tenían que serlo.

Se espera que Riera Fernández testifique en su defensa esta tarde, que se escuchen los informes finales al jurado y que la jueza Delgado Colón imparta las instrucciones para comenzar deliberaciones hoy o mañana.

El alcalde suspendido Rodríguez Rodríguez no está acusado a nivel federal pero a nivel local la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) le presentó dos cargos dos cargos por malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber con relación a su manejo de los $9 millones. Está acusada también la directora de Finanzas del ayuntamiento, Yahaira M. Valentín Andrades. La fiscal Leticia Pabón, adscrita a la OPFEI, estuvo en sala tomando notas del testimonio de Irizarry Irizarry. Mientras, la exsecretaria de Justicia, Dennise Noemí Longo Quiñones, quien fue fiscal federal antes de estar en Justicia y volvió a la fiscalía después, estuvo en sala y participó en las deliberaciones del equipo de abogados del gobierno federal.

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