Ponen fecha al juicio federal por fraude millonario en Mayagüez
Tras más de un año y medio de los arrestos, cuatro de siete acusados por el fraude millonario de inversiones en el Municipio de Mayagüez, incluyendo dos asesores del alcalde, van a juicio.
La jueza federal Aida Delgado Colón pautó para el 31 de octubre el inicio del juicio criminal federal por el fraude de inversiones de $9 millones en el Municipio de Mayagüez ocurrido bajo el alcalde suspendido, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, y por cuyos hechos este también enfrenta un proceso criminal, pero a nivel estatal.
De los siete acusados a nivel federal, un grupo que no incluyó a Rodríguez Rodríguez, cuatro van a juicio, incluyendo dos ayudantes estrechos del alcalde suspendido. Estos son el exasesor legal, y exjuez, Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry, y el exdirector ejecutivo de la Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), Alejandro Riera Fernández.
MEDI fue la entidad a través de la cual se cuajó el fraude imputado, el cual consistió en que Rodríguez Rodríguez ordenó que unos $9 millones que la Legislatura había asignado a la ciudad para un centro de trauma pasaran a MEDI y allí fueran supuestamente invertidos en una transacción de alto rendimiento que, según la acusación, resultó fraudulenta ya que el dinero fue repartido entre los participantes del esquema.
Rodríguez Rodríguez era la autoridad máxima en el municipio y también lo era en MEDI, ya que era el presidente de una Junta de Directores compuesta por empleados municipales de su confianza. Tanto el alcalde suspendido como Yahaira Valentín Andrades, quien era directora de Finanzas del ayuntamiento y miembro también de la junta de MEDI, enfrentan cargos estatales de malversación de fondos y omisión en el cumplimiento del deber por los hechos alrededor de la inversión.
Fue otro asesor del alcalde, Eugenio García Jiménez, quien recomendó la transacción y también a quien se le encomendó ejecutar la misma. García Jiménez se declaró culpable en agosto pasado y, poco antes, se supo que había estado alambrado grabando conversaciones encubiertas para los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), por lo que queda latente la posibilidad de que intervenga como testigo en el juicio criminal federal.
En un momento, la fiscalía federal sostuvo negociaciones de alegación de culpabilidad con todos los acusados y la jueza otorgó varios plazos para que se completaran, pero quedaron cuatro para juicio. Un acusado federal, sin embargo, puede declararse culpable en cualquier momento así que no está descartado que alguno de los cuatro todavía llegue a un acuerdo.
La jueza separó casi un mes, del 31 de octubre al 25 de noviembre, en su calendario para el proceso, en anticipo a la cantidad de prueba y de testigos que las partes pueden presentar y a que hay que probar elementos del delito para cuatro personas que no tuvieron el mismo tipo de participación en el esquema. La fiscalía entregó un volumen de evidencia a los acusados que abarca 8,317 artículos, incluyendo grabaciones de 21 individuos, 44 cuentas de banco y 13 entidades corporativas.
Además de Irizarry Irizarry y Riera Fernández, van a juicio Steve Minger y Joseph Kirkland. A estos dos no se le imputan acciones directas con el municipio sino haber llevado a cabo actos que permitieron que se estructurara y ejecutara la transacción fraudulenta.
Para ejecutar el fraude imputado se usaron 13 entidades corporativas y 27 cuentas bancarias. Al municipio se le devolvieron $1.8 millones representando que era el primer pago de rendimiento de la inversión, aunque realmente salía de los mismos $9 millones. A los siete acusados de le imputan cantidades de dinero distintas como beneficio del esquema y que suman unos $1.2 millones, por lo que hay unos $5 millones del total cuyo destino final no está totalmente aclarado.
Además del caso criminal federal y del caso criminal estatal, la transacción es objeto de una demanda civil que el municipio entabló en 2019 con el propósito de recuperar los $9 millones, que fue enmendada para incluir a los acusados federales y que lleva un paso sumamente lento. Todavía no tiene ni fecha de juicio y están en controversias preliminares sobre descubrimiento de prueba.
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