La exalcaldesa de San Juan trató de minimizar su control sobre los agentes de la Policía Municipal que intervinieron por órdenes suyas con un abogado que corría una cuatricleta en las Fiestas de la Calle San Sebastián en 2017.

La exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, quien desplegó un estilo de administración pública en el que intervenía directamente con empleados de la ciudad capital para decirles cómo realizar su trabajo o para regañarlos, intentó argumentar a un jurado federal que sus instrucciones a oficiales de la policía municipal no tenían suficiente peso para que se interpretaran como una orden.

Cruz Soto compareció como testigo en la sala del juez federal Raúl Arias Marxuach, quien atiende la demanda que el abogado José Wiscovitch Barreras y su familia presentaron contra ella en su carácter personal y contra el Municipio de San Juan tras el arresto del hombre el 21 de enero de 2017, durante las Fiestas de la Calle San Sebastián, en la calle San Francisco, mientras conducía una bicicleta con cuatro gomas y espacio para cuatro personas.

La demanda alega que el arresto del hombre, y la subsiguiente radicación de un cargo por obstrucción a la justicia y la emisión de varias multas en su contra fueron resultado de represalia y violación a su libertad de expresión porque ocurrieron después de que le dijera a Cruz Soto que haría "todo lo posible en mi poder para no dejar que se convierta en gobernadora de Puerto Rico". El cargo fue desestimado y el municipio ha dicho que no va a cobrar las multas.

Una de las multas fue por no tener un casco puesto mientras corría la bicicleta, pero las propias redes sociales de la exalcaldesa la muestran, cerca de un año y medio después, corriendo una bicicleta en la calle sin usar casco.

Los demandantes habían hecho una oferta transaccional, pero el Municipio y la exfuncionaria decidieron que iban a llevar el caso al jurado y el juez determinó que las controversias que el jurado debía resolver serían si hubo arresto en represalia por ejercer la libertad de expresión, si hubo violación a la dignidad del demandante, cateo ilegal y ataques abusivos a su honra, así como la correspondiente compensación por daños.

El interrogatorio a Cruz Soto lo hizo la exfiscal federal, María Domínguez Victoriano, quien tuvo que presentar a la exfuncionaria las leyes que identifican al alcalde como la autoridad máxima sobre la Policía Municipal para que esta admitiera que es así. Antes, Cruz Soto había declarado que "no necesariamente" sus órdenes a los agentes tienen consecuencias.

La testigo aceptó que le dio una orden a un agente para que se encargara de Wiscovitch Barreras de acuerdo a las disposiciones de la ordenanza temporal que disponía de las reglas para las fiestas, pero rechazó que la orden se hubiera producido después de que el hombre hiciera las expresiones de que no iba a apoyarla políticamente.

A preguntas de Domínguez Victoriano, la testigo admitió que si el demandante, quien es abogado de profesión, no se hubiera molestado cuando lo increpó por conducir una bicicleta en donde no se permitía el tránsito de "vehículos", ella no hubiera pedido la presencia municipal. Explicó que, durante las fiestas, su manera de intervenir con alguna persona en violación de la ordenanza era "tratar de calmarlos porque hay miles de personas alrededor y cualquier cosa se puede convertir en un motín". Sin embargo, no contestó si la razón para darle multas al demandante fue porque se exasperó durante el intercambio con ella.

Por un lado, Cruz Soto presentó que estaba acostumbrada a controlarse cuando la gente en la calle le gritaba insultos como "puta, bicha y pata", pero, por el otro, admitió que "estaba un poquito molesta cuando él (Wiscovitch Barreras) se dirigió hacia mí con lenguaje soez", en referencia a que el hombre dijo "coño" durante el intercambio con ella.

Más temprano, el demandante testificó que "no estaba molesto" durante el intercambio con la entonces alcaldesa, pero que no estaba "de acuerdo" con lo que estaba pasando y que se había negado a dar su nombre y dirección porque los agentes que lo intervinieron por orden de Cruz Soto no le contestaban por qué lo estaban deteniendo y por qué lo estaban esposando. "Le dije a ella, de manera calmada, que estaba corriendo una bicicleta y que no entendía por qué me detenía, estaba buscando una respuesta", dijo a preguntas del abogado del municipio, Raúl Mariani Franco.

Cruz Soto admitió que no conocía de ninguna disposición de la ordenanza que permitiera el arresto de una persona por violación a la misma ordenanza. Al contestar unos interrogatorios, la actual residente del estado de Massachusetts dijo que el abogado estaba violando la ley porque no estaba usando un caso al correr su cuatricleta y que eso fue algo que le indicó en el momento de la intervención otra persona a quien no identificó.

"¿Pero no es cierto que usted también ha violado las leyes al no usar un casco mientras corre bicicleta?", le planteó Domínguez Victoriano, provocando inmediatamente la objeción de los abogados del municipio y de Cruz Soto, que desembocó en un aparte con el juez en el estrado durante el que Arias Marxuach observó una hoja con una foto de Cruz Soto y determinó que sostendría la objeción de los abogados y no permitiría esa línea de preguntas ni el uso del material.

Según se refleja en su cuenta de Twitter, el 25 de agosto de 2018, a un año y medio de la intervención con Wiscovitch Barreras, Cruz Soto publicó una foto en la que aparece corriendo bicicleta en la calle sin casco. Acompaña a la foto el mensaje "[s]iempre hay tiempo para un poco de ejercicio".

Tras esto, el interrogatorio de Domínguez Victoriano terminó sin que los abogados del municipio o los suyos le hicieran preguntas, aunque podría ser llamada a comparecer otra vez.

La comparecencia de Cruz Soto ocurre en momentos en que resurge su perfil público por críticas a la Administración Pierluisi debido al manejo de la emergencia causada por el huracán Fiona. Esto es un eco del punto de mayor ascendencia en su carrera pública, cuando en 2017 acaparó la atención de los medios estadounidenses e internacionales por su crítica y desafío al expresidente Donald Trump debido a la forma discriminatoria en que respondió a la emergencia en la isla. Tras esto, sufrió una derrota en las primarias a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD) en 2020 y venció su segundo término como alcaldesa de la Ciudad Capital. Actualmente es una conferenciante sobre liderato ("fellow") en la universidad de Mount Holyoke, una institución educativa para mujeres en Massachusetts.

El jurado de seis hombres y cuatro mujeres, ninguno residente de San Juan, escuchó atento a Cuz Soto y se les observó tomando notas.

Cruz Soto está representada por José Luis Barrios Ramos, Edwin Quiñones y José David Casillas Guevara. Además de Mariani Franco, el municipio está representado por Teichka M. Rodríguez Muñoz. Los demandantes, además de Domínguez Victoriano, están representados por Edwin Prado Galarza y Stephanie Torres Pérez.

Ayer, también se escuchó el testimonio de Wiscovitch Barreras, a quien Mariani Franco impugnó con el hecho de que decidió unilateralmente no tomar medicamentos ni someterse a terapias para atender las secuelas que reclama sufrir por su arresto. También escuchó de su hija mayor, Claudia Wiscovitch Castañeda, quien estableció un antes y después en la personalidad y comportamiento de su padre como resultado del incidente.

"Desde el incidente, no ha vuelto a ser el que era... ha mejorado, pero no ha vuelto a la normalidad", dijo la joven de 27 años al destacar que su padre se tornó ansioso, callado y se aisló de su familia después del arresto en las fiestas.

La joven fue la que el día del arresto fue a recuperar la cuatricleta y no se la dejaron llevar hasta que tuviera un casco.

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