El banquero llegó a enfrentar cargos federales por sobornar a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y revela está en contacto con las autoridades hace meses.

El banquero Julio Herrera Velutini está en contacto con las autoridades para su entrega desde que se reveló la acusación en su contra el 4 de agosto pasado y conoce de la investigación que lo vincula a un esquema para sobornar a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced desde hace meses.

Los datos los planteó su abogada local, Sonia Torres Pabón, ayer en la primera comparecencia del hombre de 50 años que reside en Reino Unido, pero tendrá que limitarse a vivir en una propiedad en Nueva York mientras el caso está pendiente.

Herrera Velutini es el acusado de más alto perfil internacional en este caso y su arresto fue reseñado en Inglaterra, donde se mantiene activo en círculos políticos del partido conservador que está en poder en ese país. Además, es el acusado que cuenta con más recursos, lo que se hizo evidente de inmediato cuando la discusión sobre su fianza comenzó en los $2.5 millones en efectivo, en vez de en los decenas de miles asegurados con propiedades, que es el punto de partida más común para esa discusión en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Además de que resaltó el que Torres Pabón planteara que están en contacto con los fiscales desde que se anunció el pliego acusatorio y de que conocen de la pesquisa desde septiembre de 2021, también resaltó que la fiscal Erica O'Brien Waymack, de la sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia, no hizo demasiado énfasis en si los recursos del banquero lo hacen un peligro de fuga. De hecho, la fiscalía dijo que podía aceptar una cantidad de fianza menor a los $2.5 millones en efectivo que recomendó la Oficina de Probatoria. En contraste, cuando se discutía la fianza del coacusado Mark T. Rossini hace tres semanas, la fiscalía utilizó su relación con Herrera Velutini como un argumento para que su fianza fuera alta y más restrictiva. Específicamente, plantearon que si bien Rossini no tenía recursos económicos de envergadura, tenía acceso a una persona, el banquero, con "recursos ilimitados".

En las semanas desde que anunciaron el pliego, la fiscalía nunca habló del status de Herrera Velutini como prófugo. Sus opciones eran quedarse en Inglaterra y utilizar su doble ciudadanía extranjera y considerable influencia allí para combatir, posiblemente por años, la orden de extradición que el gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido que someter; quedarse en Inglaterra pero presentarse a la embajada de Estados Unidos para que se realizara el proceso de arresto y procesamiento; moverse a Miami o Nueva York, donde tiene residencias, y desde allí enfrentar los cargos como, por ejemplo, cuando la exsecretaria de Educación, Julia Keleher atendió desde Pennsylvania el arresto por el el segundo caso que le radicaron; o, lo que hizo ayer, llegar al distrito federal donde se radicó el caso y enfrentar el procesamiento directamente.

Torres Pabón indicó a la magistrada Giselle López Soler que entregarse fue lo que le ofrecieron a los fiscales desde el principio.

La discusión de fianza ayer se centró en dos elementos, la cantidad y la libertad de movimiento que se le iba a permitir. En el primero, nadie suscribió los $2.5 millones que recomendó probatoria. La fiscalía estaba conforme con $1 millón y la defensa $500,000 pero podían llegar también al millón en efectivo. Para pedir rebaja, Torres Pabón señaló la fianza de $50,000 que habían recibido los otros dos coacusados, pero la fiscal ripostó que ninguno de ellos tenía el acceso a riqueza que tenía Herrera Velutini. La magistrada la fijó en $1 millón, pero no en efectivo sino asegurada con propiedades.

Sobre la residencia, la defensa quería que se le aceptaran ambas, Miami y Nueva York, como residencia y que se le permitiera movimiento libre a Inglaterra. Pero la fiscalía objetó y la magistrada aportó que la propia Oficina de Probatoria le había planteado que no se le podría monitorear adecuadamente si tenía dos residencias oficiales, por lo que resolvió que solo viviría en Manhattan, en una propiedad a un bloque del Parque Central, y que los viajes a Inglaterra requerirán aprobación de Probatoria, el gobierno y el tribunal.

Torres Pabón aludió a que su cliente había vuelto a la isla porque aquí tiene una inversión significativa en Bancrédito International Bank & Trust, el banco cuyas irregularidades desataron todo el caso criminal, pero la fiscal le recordó a la magistrada que esa institución financiera está en proceso de liquidación.

A Herrera Velutini se le acusa de sobornar a Vázquez Garced y al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia (este último no real o directamente porque su nombre se usó en un operativo encubierto) precisamente para evadir una pesquisa regulatoria del gobierno de Puerto Rico en contra de Bancrédito.

La abogada de Miami, Lilly Ann Sánchez, y el abogado de California, Michael Zweiback, son parte de la defensa.

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