Mientras se discute confidencialmente si la exgobernadora violó la orden de mordaza, el banquero Julio Herrera Velutini alinea su defensa y tres abogados comparecen en su nombre.

La primera controversia sobre la posible violación a la orden de mordaza en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced revela también los obstáculos que se presentan al tratar de discutir públicamente, y con corrección, un caso de alto perfil que está controlado por una orden de mordaza.

El lunes pasado, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico sometió una moción al juez presidente del tribunal federal, Raúl Arias Marxuach sobre "violación potencial a la orden del tribunal", pero la sometió de una manera que el público no puede conocer el contenido del documento. Solamente tienen acceso al mismo los representantes legales de las partes y el juez. Por tanto, toda la discusión que se ha desarrollado alrededor de esa movida de la fiscalía federal ha ocurrido mediante inferencias y especulaciones, porque nadie ha publicado el documento.

Para justificar el someter la moción de esa manera, la fiscalía solo dijo que el contenido se refería a la orden de mordaza que el juez había impuesto.

El hecho de que la moción es sellada no permite concluir categóricamente si, como se ha inferido, es resultado de una publicación que hizo Vázquez Garced el sábado en Twitter de una cita del abogado comunista sudafricano, defensor de Nelson Mandela, Bram Fischer, que dice: "la evidente injusticia está ahí para que todos los que no están cegados por los prejuicios la vean". Además, el que la fiscalía haya calificado su moción como una "informativa" y que describiera el motivo como una "violación potencial" no permite establecer si le pidieron al juez que tomara alguna acción concreta contra la también exsecretaria de Justicia o solo querían consignar que ella había hecho una comunicación pública que podía interpretarse como alusiva al caso.

Una violación a la orden de mordaza conlleva sanciones, desacato e, incluso, puede ser base para pedir la revocación de la fianza de los acusados.

La defensa de Vázquez Garced no ha contestado la moción de fiscalía, pero ya tanto ellos como los abogados del coacusado, Mark T. Rossini, mostraron inclinación por seguir la pauta de secretividad en la radicación de documentos en el caso. Los coacusados tenían hasta ayer para decirle al tribunal si querían argumentar en contra de la orden de mordaza o querían pedir cambios a la misma. Los abogados de Rossini respondieron al juez de manera confidencial y los abogados de Vázquez Garced presentaron una moción en la que pidieron más tiempo para contestar, pero aún esa moción rutinaria también la sometieron de manera confidencial, por lo que no se conoce qué razones dieron al juez para incumplir el plazo sobre la orden de mordaza.

La capacidad de controlar la secretividad con la que las partes someten documentos al expediente reside exclusivamente en el juez, quien puede rechazar las solicitudes que hagan para restringir el acceso del público. Todo lo que el juez permita someter de manera confidencial queda automáticamente excluido de la discusión pública porque una de las pocas excepciones a la ley de mordaza son las expresiones que se refieran a documentos sometidos en el expediente público del caso.

Vázquez Garced, Rossini, quien es exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), y el banquero Julio Martin Herrera Velutini enfrentan varios cargos por un esquema en el que la alegación básica es que el banquero sobornó a la exgobernadora para que destituyera a un comisionado de Instituciones Financieras e instalara a otro que el banquero eligió a cambio de apoyo económico para su campaña primarista contra el actual gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia.

Herrera Velutini también enfrenta cargos por lo que creía era un soborno a Pierluisi Urrutia, pero que realmente fue un operativo encubierto en el que el convicto amigo del gobernador, Joseph Fuentes Fernández, hizo representaciones de que estaba actuando en nombre del mandatario y que estaba dispuesto a descarrilar una investigación del banco de Herrera Velutini a cambio de un donativo político.

Esto último no ocurrió y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras recientemente anunció que el banco, Bancrédito International Bank & Trust, sería disuelto y su licencia de operación revocada por irregularidades, principalmente en las cuentas de Herrera Velutini.

Herrera Velutini alinea su equipo de defensa

La fiscalía anunció el pliego acusatorio y arrestó a Vázquez Garced el 4 de agosto pasado y desde entonces Herrera Velutini permanece prófugo ya que reside en Gran Bretaña. Mientras que Rossini estuvo prófugo, pero se entregó voluntariamente el 9 de agosto, el banquero seguía sin comparecer en el caso y, aunque se mantenía publicando en sus redes sociales artículos sobre finanzas y arte, no había abordado públicamente de ninguna manera los cargos criminales.

"Comparece" Herrera Velutini, finalmente

Eso comenzó a cambiar ayer cuando tres abogados comparecieron en su nombre formalmente en el caso, lo que anticipa que el banquero está colocándose en posición de responder por los cargos criminales que le presentaron.

Todos los acusados deben estar representados por al menos un abogado admitido a la práctica en Puerto Rico y en esa función el banquero escogió a la exfiscal federal, Sonia Torres Pabón, quien tiene trayectoria en casos de cuello blanco, corrupción pública y de instituciones financieras internacionales, como es Bancrédito. La licenciada fue la representante del exsenador Héctor Martínez en un caso que terminó en absolución por parte del Tribunal Supremo federal después de dos juicios y 10 años. Más reciente, fue la abogada de la exrepresentante novoprogresista, María Milagros Charbonier Laureano.

Los otros dos abogados del banquero son Michael Zweiback, de Los Ángeles (California), y Lilly Ann Sánchez, de Miami (Florida). Ambos son exfiscales federales especializados en crímenes de cuello blanco pero, entre los casos que escogen resaltar de su trayectoria profesional no se puede identificar alguno parecido al que enfrenta Herrera Velutini en Puerto Rico.

Zweiback enfoca en que su especialidad son los crímenes cibernéticos y subraya el acceso que todavía tiene al gobierno federal por su especialidad y por su participación en un grupo consultor del Departamento de Seguridad Nacional. Fue por 17 años el jefe de la sección de crímenes cibernéticos de la fiscalía federal en California y también presenta experiencia en el manejo de casos criminales con implicaciones internacionales.

Por su parte, el caso de más alto perfil que ha manejado Sánchez es uno que el multimillonario Jeffrey Epstein tuvo en Florida por el escándalo de pedofilia que implicó a figuras como el Príncipe Andrés de Inglaterra. Sánchez pudo obtener un acuerdo con la fiscalía federal del Distrito Sur de Florida para que Epstein sirviera solo 13 meses de cárcel por los cargos que enfrentaba y que potencialmente le implicaban cárcel por el resto de su vida.

Según el New York Daily News, una investigación posterior de la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia federal arrojó sombra sobre ese trámite ya que Sánchez había tenido una relación personal con uno de los fiscales que participó en la negociación, dato que el fiscal no divulgó a sus supervisores. Epstein se suicidó en 2019 mientras estaba en una celda en Nueva York por un caso posterior de tráfico y abuso de menores.

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