El contador condenado a 14 meses de cárcel dijo al juez federal que no había tenido contratos públicos desde que se mudó a Virginia, pero sí tuvo.

El contador público autorizado, Joseph Fuentes Fernández, quien se declaró culpable para proteger a su amigo desde 1978, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, dijo el viernes al juez sentenciador que no había tenido contratos públicos desde que se mudó a Virginia en 2001, pero en 2010 su empresa de asesoría, Fuentes Fernández Consulting LLC, tuvo contrato con el municipio de Guayama.

Esa aseveración falsa de parte de Fuentes Fernández se coloca en el contexto de lo que el fiscal de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal, Jonathan Jacobson, calificó como el historial de "omisiones estratégicas, encubrimientos y destrucción de datos" que lo llevó a recibir una sentencia de cárcel de 14 meses por parte del juez visitante, Joseph Laplante. El hombre se entregaría para comenzar a cumplir el 26 de octubre.

Al dirigirse al tribunal en búsqueda de una sentencia de probatoria, en vez de cárcel, Fuentes Fernández leyó una declaración. La afirmación de que no había tenido contrato público desde que se mudó ocurrió para fortalecer su argumento de que no tenía ningún beneficio personal que sacarle con tener a Pierluisi Urrutia en La Fortaleza porque no era un contratista de gobierno, si bien no lo fue desde que comenzó como Gobernador.

Sin embargo, el juez comentó con suspicacia que, en efecto, se benefició del esquema de donantes anónimos que montó a través del Súper PAC Salvemos a Puerto Rico, Inc. (SAPR) porque toda la investigación comenzó cuando los fiscales miraron que estaba usando dinero del comité de acción política para gastos personales y, en efecto, usó dinero del SAPR para hacerse a sí mismo un préstamo de $250,000 que luego repagó. "Pero no todo el mundo consigue un préstamo así sin llenar una solicitud", observó Laplante.

Según el contrato que obra en el registro de la Contraloría, en julio de 2010 la exalcaldesa de Guayama por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Glorimari Jaime Rodríguez, extendió un contrato a Fuentes Fernández Consulting LLC por $5,000 mensuales para, entre otras cosas, "servir de enlace como asesores en asuntos de interés federal para el Municipio en Washington D.C.". Para esa época, récords del registro de la propiedad corroboran que ya vivía en en Virginia. Fuentes Fernández Consulting LLC fue registrada en Puerto Rico en 2009 y, desde el principio hasta ahora, el convicto es el representante de la entidad.

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El juez Laplante también señaló que nadie había hablado del proyecto de vivienda al que aparecía asociado Fuentes Fernández en un informe presentencia. Como el informe no es público, no se conoce qué representaciones hizo Fuentes Fernández sobre el proyecto, pero el juez comentó que era un ejemplo de cómo el convicto había usado sus talentos profesionales para tratar de ayudar a los residentes de Puerto Rico después de los huracanes Irma y María. Por su parte, Jacobson dijo que no tenía información de que el proyecto se pudiera beneficiar con Pierluisi Urrutia en La Fortaleza y que no tenía "visibilidad" sobre si algunos de los donantes anónimos que Fuentes Fernández encubrió eran inversionistas del proyecto.

El proyecto se llama Monte Elvira, está ubicado en Coamo y es un desarrollo comercial-residencial que no comenzó como una alternativa para ayudar a los afectados por el huracán María. Sus documentos oficiales lo describen como que abarca 650 residencias, incluyendo 325 casas unifamiliares y 265 unidades multifamiliares en cuatro edificios independientes con un área comercial de 132,230 pies cuadrados en cinco edificios independientes.

El alcalde de ese pueblo, Juan Carlos García Padilla, dijo a NotiCel que desde hace unos 10 años el proyecto tiene permisos y está incluido en el plano de desarrollo del área urbana del municipio. No ha arrancado porque los dueños de los terrenos no habían encontrado inversionistas. "De momento llega el señor Fuentes con que iba a comprar el proyecto", dijo García Padilla al recordar que los dueños del terreno le habían dicho al municipio que consiguieron inversionistas y que se los querían presentar y ahí surge una reunión con el alcalde en la que estuvo Fuentes Fernández y que el municipio memorializó con una foto que publicaron en su perfil de Facebook el 26 de mayo de 2021. García Padilla indicó también que tenía señalada una reunión de seguimiento con Fuentes Fernández a fines de abril pasado, pero no pudo asistir porque en ese momento tenía covid-19. Aproximadamente una semana después, se hizo público el acuerdo de culpabilidad que Fuentes Fernández había suscrito con fiscalía federal. García Padilla aseguró que el convicto nunca le hizo aportaciones políticas.

El secretario de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, dijo a NotiCel que Monte Elvira es uno de los proyectos que la agencia tiene en su lista de elegibles para que los compradores obtengan un vale de hasta $200,000 del valor de la propiedad respaldado con fondos federales CDBG-DR. El proyecto no es sin fines de lucro ni implica que el desarrollador regala algo a las personas afectadas por el huracán sino que, al contrario, si al final de su construcción cumple con los parámetros del programa federal, tiene un grupo potencial de compradores que van a adquirir mediante una transacción financiada con fondos federales.

El Departamento de Vivienda precisó que el 30 de abril de 2021 la entidad Monte Elvira LLC quedó registrada en el catálogo de propiedades del Programa R3 con Fuentes Fernández como persona contacto. Tras conocerse el caso federal de éste, la entidad fue removida y el 12 de julio pasado los abogados de ésta notificaron que sus nuevos miembros eran NG2 Financial Investment Group y Monte Elvira Development LLC. Luego, el 16 de julio, la entidad Monte Elvira LLC sometió una nueva solicitud para entrar al catálogo con Juan B. Rodríguez como representante y está bajo evaluación de la división legal de la agencia.

Además de Fuentes Fernández, el registro de Monte Elvira LLC como una entidad con fines de lucro creada en 2018 incluye al desarrollador Roberto Cacho como agente residente. Cacho es otro amigo y donante político antiguo de Pierluisi Urrutia y no contestó llamadas de NotiCel para este tema. Cacho es también el agente residente registrado para la filial en Puerto Rico de SAPR y ambos integran también la corporación de bienes raíces 601 Elliott Place LLC.

Por otro lado, Monte Elvira Development LLC es una entidad con fines de lucro registrada el 31 de mayo pasado, después de la revelación del caso contra el contador, que en sus documentos de creación tiene a Juan B. Rodríguez como único dueño. En la información de contacto del registro corporativo, sin embargo, sigue apareciendo el correo electrónico de Fuentes Fernández.

En su alocución al juez, Fuentes Fernández dijo que "todo lo que quería hacer era ayudar a un amigo", en referencia a Pierluisi Urrutia, y explicó que se han ayudado mutuamente desde que se conocieron en 1978, particularmente cuando ambos se convirtieron en padres divorciados. Incluso, el hombre de 62 años conoció a su esposa actual en la segunda boda de Pierluisi Urrutia.

Añadió que "unos amigos" le pidieron que apoyara al Gobernador en 2020 mediante la creación de SAPR a nivel federal y que "se le pidió que buscara cómo podrían ser anónimos (los donativos)". Él mismo se sentó en la página de internet del Servicio de Rentas Internas federal y encontró que los donativos a fundaciones como las dos creadas para el esquema, Fundación Pro Igualdad, Inc. y Foundation For Progress, Inc., podían ser anónimos. Los donantes que querían anonimato daban dinero a las fundaciones y de ahí pasaban a SAPR como donativos que venían de las fundaciones, en vez de esas personas.

"Estuve mal. Punto... Se acabó la política para mí", dijo al caracterizar como "actos emocionales e irracionales" el divulgarle la existencia de la investigación federal sobre el financiamiento de la campaña de Pierluisi Urrutia a los que eran objetivos de la misma. Ni en documentos ni en las vistas se ha detallado oficialmente quiénes fueron las personas a las que Fuentes Fernández avisó, pero uno de sus abogados, Joaquín Monserrate Matienzo, dijo el viernes que el convicto se había negado a grabar de manera encubierta a Pierluisi Urrutia. Añadió que fue "su amigo Pedro" el que pidió a Fuentes Fernández que creara SAPR. "[É]l no va a hacerle daño a su amigo", subrayó el abogado.

Al mostrarse sorprendido porque Fuentes Fernández se declaró culpable solo de someter información falsa a la Comisión Federal de Elecciones, pero se libró de un cargo de obstrucción a la justicia por avisarle de la investigación a los investigados, Laplante expresó que "este es uno de los peores casos de obstrucción que he visto... obstrucción nivel Hollywood".

Una de las veces que divulgó la investigación a un objetivo de la misma ocurrió cuando Fuentes Fernández lo escribió en un papel que le pasó mientras ambos estaban sentados en la mesa de un café en San Juan. En la película "Wolf of Wall Street", de 2013 y basada en un caso de la vida real, el personaje principal, interpretado por el actor Leonardo Di Caprio, utiliza el mismo método para alertarle a un socio que estaba alambrado y cooperando con los federales.

Vea:

Cárcel para amigo de Pierluisi por pasarse de listo como testigo federal