Juez ordenó la entrega del documento a la defensa, aunque se espera que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente apele la determinación.

El juez Jimmy Sepúlveda Lavergne determinó hoy que un informe investigativo del Departamento de Justicia tiene información que podría constituir prueba exculpatoria en el caso criminal contra el exfuncionario Juan Maldonado de Jesús y el contratista Aaron Vick, por lo que el documento debe ser entregado a la defensa.

Además, en una vista del estado de los procedimientos en el caso hoy, el señalamiento de vista preliminar quedó suspendido sin fecha y lo próximo pautado es otra vista de estado de los procesos a fines de octubre. Se espera que los fiscales de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) pidan al Tribunal de Apelaciones la determinación sobre el informe de Justicia. Hasta ahora, tienen cinco días para entregar el documento.

El juez Sepúlveda Lavergne no particularizó cuáles elementos del informe de 154 páginas serían exculpatorios, pero descartó los argumentos de los fiscales de que los mismos solo estaban en la parte en la que los fiscales analizan los hechos y hacen inferencias y conclusiones.

"La defensa de Aaron Vick siempre sospechó, con justificada razón, que el informe confeccionado por el Departamento de Justicia contenía información exculpatoria a favor de nuestro representado. Nos satisface que tras un examen minucioso del informe, el tribunal haya coincidido con nuestra apreciación y le haya ordenado al FEI que nos entregue ese informe de la única agencia facultada en ley para investigar al ciudadano privado Aaron Vick", dijo Leonardo Aldridge, uno de los abogados del contratista.

La determinación del juez no implica que se desestiman los casos o que el procesamiento no continúan sino que la defensa tiene acceso a un informe al que de ordinario no tendría acceso y que podría ser presentado a un juez o jurado como evidencia exculpatoria durante un juicio.

Tanto Vick como Maldonado de Jesús mantienen también el argumento de que la OPFEI no tiene jurisdicción sobre ellos porque su involucración en los hechos fue como ciudadanos privados y el caso no tiene como acusado a ningún funcionario público. Sostienen que, sin algún funcionario público acusado, no habría jurisdicción de la OPFEI.

Las denuncias criminales que la OPFEI presentó contra el dúo indica que la mayoría de los testigos de cargo son, en efecto, los funcionarios públicos que participaron en la controvertible transacción mediante la que, al principio de la pandemia en 2020, pretendieron venderle un millón de pruebas de detección de Covid-19. Los fiscales a cargo son Ramón Mendoza Ortiz y Manuel Núñez Corrada.

En un trámite que tomó apenas días, y que conllevó que Vick dejara que Maldonado de Jesús usara su firma para unos papeles que no había visto, Maldonado de Jesús gestionó un contrato de $38 millones, de los cuales se les hizo un pago de $19 millones, aunque el suplidor no estaba listo para entregar ni la cantidad total de pruebas ni el adelanto. De hecho, el suplidor final era una empresa australiana que estaba cometiendo fraude en su venta y mercadeo de las pruebas.

Vea:

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