En sus primeras expresiones oficiales, Joseph Fuentes Fernández atribuye sus delitos a su amistad "genuina" con el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

De cara a su vista de sentencia el próximo viernes, el contador público autorizado Joseph Fuentes Fernández pidió que no se le envíe a la cárcel por hacer declaraciones falsas a la Comisión Federal de Elecciones (FEC en inglés) para ayudar a la carrera política de su amigo, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

La fiscalía, sin embargo, pidió por lo menos dos años de cárcel al enfatizar que el delito implicó que los votantes no tuvieron toda la información pertinente sobre Pierluisi Urrutia en las elecciones de 2020 y al detallar las formas en que el contador afectó la investigación al actuar de doble agente.

Tras declararse culpable en mayo pasado, tanto Fuentes Fernández como el súper PAC que estableció para beneficio de Pierluisi Urrutia, Salvemos a Puerto Rico (SAPR) serán sentenciados este viernes a las 10:00 am por el juez federal visitante Joseph Laplante en la sede del Viejo San Juan del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Aparte de los argumentos que se refieren específicamente al caso de Fuentes Fernández, los fiscales del Departamento de Justicia federal en Washington DC pidieron al juez Laplante que imponga 24 meses de cárcel al contador para enviar un mensaje a otros testigos del gobierno.

"Una sentencia insuficientemente seria enviaría un mensaje a otros cooperadores en potencia y a los abogados de defensa de que los testigos cooperadores pueden, con pocas consecuencias, proteger a sus amigos y colegas mientras fingen al gobierno que están totalmente del lado de los Estados Unidos", dice el memo de sentencia de los fiscales Jonathan Jacobson y Seth Erbe.

La intención de los fiscales federales de que se transmita ese mensaje ocurre en momentos en que la fiscalía del Distrito de Puerto Rico ha tenido bajo el jefe W. Stephen Muldrow su periodo más prolífico de casos de corrupción pública desde la jefatura de Guillermo Gil Bonar hace 20 años. Los casos dependen de cooperadores que, en muchos de los casos, llevan décadas involucrados en la política de la isla pero no está claro si han dado información sobre conducta delictiva más allá de los casos en los que ya se sabe que están cooperando.

Para fortalecer su pedido, los fiscales ofrecieron al juez detalles hasta ahora desconocidos de cómo Fuentes Fernández divulgó la existencia de la investigación confidencial sobre el financiamiento de campañas políticas en la isla a uno de los objetivos de la investigación.

Los fiscales indicaron que comenzaron el esquema de financiamiento de campaña en este caso a fines de 2020 y, a la misma vez y de manera separada, estaban investigando que Fuentes Fernández había tomado dinero de Salvemos para propósitos personales. Se acercaron al contador "antes que a cualquier otro sujeto de la investigación" y en marzo de 2021 éste aceptó cooperar mediante grabar y preservar todas sus comunicaciones con el "Individuo 2" en este caso, descrito como secretario de Fundación Pro Igualdad, Inc. y Foundation For Progress, Inc., las dos entidades fantasmas creadas para encubrir los verdaderos donantes de Salvemos.

Además, Fuentes Fernández "también aceptó cooperar con una investigación de financiamiento de campaña completamente separada, para la cual hizo ciertas grabaciones limitadas". Esta pesquisa separada sería la que resultó en la acusación de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero italovenezolano Julio Herrera Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark Rossini.

El documento enumera dos instancias en las que Fuentes Fernández divulgó la existencia de la investigación a un objetivo. Una en mayo de 2021, tras lo cual siguió grabándolo y dando información a los agentes, y otra en diciembre de 2021, cuando se hizo un operativo para que los agentes grabaran una conversación de ambos, pero el contador creó un chat de WhatsApp que no estaba monitoreado por los agentes para alertarle a esa persona y para que se reunieran justo antes de la cena en la que sería grabado. El convicto notificó del operativo mostrándole al otro sujeto un papel escrito con esa información, el cual le retiró después que lo leyó.

Fuentes Fernández solo le dijo a los agentes de la divulgación de mayo, pero no de la de diciembre, y también borró mensajes entre él y el sujeto relativos a su reunión de mayo.

"Sencillamente, el historial del acusado sugiere que ha hecho un hábito de la mentira y el engaño", dijeron los fiscales sobre estos elementos que consideran agravantes.

Pero, además, pidieron al tribunal que tuviera en cuenta que Fuentes Fernández no es un neófito en cuanto a financiamiento electoral porque ya había creado y operado un súper PAC a favor de Pierluisi Urrutia para las primarias de 2016 y que la sentencia de cárcel también puede enviar un mensaje a "donantes, políticos y grupos externos" porque "las violaciones en el financiamiento de campañas ha sido un problema continuo en Puerto Rico por muchos años".

En este caso, al encubrir a los verdaderos donantes, "los beneficios corrieron en dos vías: los donantes que querían mantenerse anónimos mientras prodigaban decenas o cientos de miles de dólares para apoyar a (Pierluisi Urrutia) lo podían hacer, mientras que los individuos que se beneficiaban de esos fondos no aparecerían que están en deuda con los donantes".

"Era un buen negocio para todos, excepto para el pueblo de Puerto Rico, al que se le privó de información valiosa, a la que tenían derecho, que pudo haber informado sus votos durante la elección de 2020", añadieron.

En su memorando de sentencia, Fuentes Fernández pidió que la pena no incluyera cárcel y adelantó que podría ofrecer su conocimiento como contador público autorizado mediante trabajo comunitario.

Varias veces en el escrito aceptó que había cometido una conducta ilegal, someter información falsa a la FEC, pero pidió que su sentencia no sea distinta a la que han tenido otros acusados en casos similares y enfatizó en que su delito no es uno específico de financiamiento de campaña porque los mismos están limitados a carreras electivas federales y la del gobernador de Puerto Rico no es federal.

Ofreció "contexto" sobre las divulgaciones que hizo de la investigación comercial, pero esa parte del documento no está incluida en la versión pública del mismo.

"Joseph no cometió estas acciones para su beneficio personal o financiero, como obtener un contrato público o una posición de alto rango, ni siquiera vive en Puerto Rico. En vez, cometió estos actos por una amistad genuina de varias décadas con el candidato, unido a la creencia sincera de que el Sr. Pierluisi Urrutia lideraría a Puerto Rico para salir del caos económico y social en que se encuentra", dice el documento al subrayar que el hombre de 62 años aportó $40,000 de su propio dinero para la campaña. El memorando revela también que las dos entidades fantasmas tienen todavía en sus cuentas unos $356,000.

Este caso "involucra a alguien que cometió un delito mientras ejercía sus derechos de Primera Enmienda", argumentaron sus abogados, Joaquín Monserrate Matienzo, José Aguayo Caussade y Peter Koski. Este último fue el fiscal que procesó al exsenador novoprogresista, Héctor Martínez, aunque el veredicto fue revocado. También intentó procesar, sin éxito, al senador federal Robert Menéndez.

"Joseph se ha comprometido a nunca más involucrarse en política o actividades de campaña. La vergüenza enorme que sufren su credibilidad y reputación, así como los daños personales y financieros que ha sufrido, sin mencionar el dolor a su familia, debe desalentar a cualquier otro individuo que quiera involucrarse en este tipo de actividad criminal", dijeron los abogados al juez.

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