Esquema de crimen organizado en muelles estaba corriendo desde 2005, abarcó más de una generación de liderato sindical y romperlo tomó agentes encubiertos, interceptación de llamadas y acceso a teléfonos celulares, según acusación.

El esquema de crimen organizado por el que ayer se arrestó a siete personas, incluyendo al presidente del sindicato ILA 1740 se basó en explotar el hecho de que hay tres muelles de carga que no están controlados por esa unión, así que se creó una especie de "unión" fantasma y se le hizo creer por casi 20 años a las empresas navieras que pasaban su mercancía por allí que tenían que hacer pagos mensuales a esa "unión" o enfrentarían piquetes de empleados de la unión real, la ILA 1740.

En 2021, un año que los conspiradores pensaban que no les había ido tan bien, el esquema generó $90,000, pero las autoridades entienden que pueden probar que, en total, el esquema generó $1,184,524.26, por lo que también van a ir contra propiedades para recuperar ese dinero, como un apartamento en Golden View Plaza, un Toyota Corolla de 2014 y una lancha Mako 1998 de 25 pies.

El presidente sindical arrestado ayer, Carlos "Kaito" Sánchez Ortiz, no inició el esquema pero "apoyó las actividades fraudulentas y extorsionadoras" que se habían iniciado en 2005 por su antecesor, ya fallecido, y porque tenía una "amistad y relación de largo plazo" con los beneficiarios últimos, y coacusados, Pedro Pastrana González e Iara I. Clemente Rivera.

De acuerdo a los hechos que presenta el pliego, el apoyo de ILA 1740, también conocida como la Unión de Trabajadores de Muelles (UTM), era lo que permitía que la organización criminal continua fuera exitosa y Pastrana González y Clemente Rivera coordinaban de cerca con Sánchez Ortiz. El presidente del sindicato conocía a Clemente Rivera desde niña porque su padre era como un tío para ella.

El presidente de ILA 1740, que no ha sido removido de su cargo sino sustituido ministerialmente por un vicepresidente, según el abogado del sindicato, William Marrero Quiñones, le dio al esquema el barniz de credibilidad que necesitaba para funcionar. La unión ponía a sus miembros a hacer piquetes si las navieras no accedían a la extorsión y permitió que los coacusados Víctor F. Torres Barroso, José Fernández Cruz y Carlos A. Hernández Laguer hicieran trabajo usando la tarjeta de unionada de Clemente Rivera, de tal forma que esta pudiera ser incluida en el plan de beneficiencia de la unión acreditando horas que realmente no trabajó. Sánchez Ortiz era síndico en la Junta del plan de beneficiencia UTM-PRSSA así que participaba en mantener como un "patrono" miembro del plan a JCPY, Inc., la empresa fantasma que ejecutaba la extorsión en los muelles 9, 10 y 11.

La entidad fue creada en 2012 y estaba bajo el control de Pastrana González y su ahora exesposa, Clemente Rivera. Era JCPY, Inc. la "unión" fantasma que controlaba esos tres muelles y facturaba mensualmente a las navieras bajo amenaza de bloqueos por parte de ILA 1740. Parte de lo que ILA 1740 hacía por JCPY, Inc. era no meter a la unión formalmente en esos tres muelles para que pudiera seguir la extorsión. De hecho, a la compañía privada se le conocía como "la unión" de esos muelles. Los muchos actos requeridos para darle aspecto de legalidad al esquema de extorsión llevó a que un gran jurado aplicara la ley federal de crimen organizado (RICO) abarcando actos de violación a las leyes sobre sindicatos, fraude a planes médicos, extorsión, malversación de fondos de planes de beneficiencia, lavado de dinero e interferencia con el comercio interestatal.

El séptimo arrestado, y pieza clave también para que el esquema corriera es el empleado de la Autoridad de los Puertos (AP), Jorge I. Batista Maldonado, quien recibía dinero de Clemente Rivera a cambio de información sobre el movimiento de carga en esos tres muelles que le permitiera a los conspiradores interceptar a las navieras con sus amenazas.

Según expuso el jefe de fiscales federales, W. Stephen Muldrow, la investigación tomó cinco años, desde 2017, y el esquema duró casi 20 años, desde 2005, porque "ese tipo de conspiración son personas que se conocen muy bien, son amigos, son amistades por años, y no es común que los criminales estén anunciando los delitos que están cometiendo y requiere mucho tiempo para investigar y entrar en ese mundo y tener contactos con unas personas y tener suficiente prueba". Según el pliego acusatorio, las autoridades federales tienen acceso a mensajes de texto entre los conspiradores (y le habían incautado el teléfono celular a Sánchez Ortiz hace unos meses), a interceptación de llamadas y hasta del resultado del trabajo de un encubierto que desde por lo menos abril del año pasado se hizo pasar por inversionista de una empres naviera y, junto a otra persona no identificada, fue acumulando contactos con los conspiradores en los que cada uno le fue abonando una parte del esquema de extorsión.

Batista Maldonado le explicó al encubierto que era mejor que esos tres muelles estuvieran fuera del control del sindicato porque los requerimientos de empleo encarecerían las operaciones de la naviera y, a la vez, y que Pastrana González estaba "debajo de la ILA", por lo que podía hacer negocios con él. la realidad, según las autoridades, es que las navieras que usan esos muelles no tienen que someterse a ningún arreglo sindical e, incluso, pueden usar trabajadores extranjeros simplemente con notificarlo al Departamento del Trabajo federal (DOL) y obtener una certificación que dura un año. El director ejecutivo de la AP, Joel Pizá Batiz, dijo que la carga que pasa por esos muelles es principalmente de trasbordo con destino a Islas Vírgenes americanas y británicas. Por tanto, cualquier efecto de encarecimiento de bienes lo sufrieron directamente los habitantes de esas islas.

El encubierto fue moviéndose por los eslabones hasta llegar a hablar con el propio Sánchez Ortiz, quien le dijo que respetaba el acuerdo al que había llegado su fallecido antecesor con JCPY, Inc. y que él y el sindicato apoyaban a Pastrana González. Muldrow señaló que JCPY, Inc. era un carapacho, que decía en sus documentos formales que se dedicaba a trabajo en los muelles, pero realmente no hacía ninguno, excepto cobrar la extorsión a las navieras.

En un aparente intento de enfatizar que este caso no implica corrupción pública, como la mayoría de los recientes que ha trabajado el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), el director de esa oficina en la isla, Joseph González, comentó que "violar la ley no puede ser la forma de hacer negocios en Puerto Rico". “Este esquema se sostuvo por el silencio, y espero que el trabajo que hemos hecho aquí con nuestros aliados sirva de motivación para que aquellos que tienen información, hablen", añadió.

Pizá Batiz dijo, sin entrar en detalles, que "otras agencias federales también están activas en investigaciones" relacionadas a las operaciones en los puertos.

En la conferencia quedó claro que el DOL es una de las agencias más involucradas en la pesquisa. Ali Khawar, secretario interino federal del Trabajo para el área de Seguridad de Beneficios de Empleados dijo que tres oficinas de la agencia participaron.

Un expresidente de la UTM, Jorge Aponte Figueroa, fue procesado criminalmente, precisamente cerca de cuando comenzó el esquema de este caso en 2005, junto a otras dos personas en casos federales de fraude al sindicato y fraude al plan médico.

Los acusados quedaron en libertad bajo fianza por acuerdo entre las partes.

Para ver el pliego acusatorio, pulse aquí.

Vea:

Desmantelan esquema de extorsión en muelles activo desde 2005