El banquero perdió toda la apuesta de venta de influencias que hizo para evadir consecuencias de movimientos sospechosos en el banco internacional que opera en la isla.

El gobierno federal puede intervenir todavía en el proceso de liquidación de Bancrédito International Bank & Trust Corp. para minimizar las posibilidades de que su fundador, el banquero venezolano italiano Julio Martin Herrera Velutini, saque el dinero que tiene en sus cuentas allí y en la colección de arte que engalana las oficinas de la institución y que vale decenas de millones de dólares.

La decisión del banco el martes pasado de disolverse y entregar su licencia implica el fracaso de la estrategia que Herrera Velutini ejecutó desde por lo menos el 2020 de sobornar a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y también al que pensaba era un representante del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para hacer desaparecer los hallazgo de una evaluación que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) le hizo a Bancrédito, según una acusación de gran jurado.

Al día de hoy, y lejos del objetivo original de Herrera Velutini, la trama resultó en la disolución del banco y en una orden de arresto federal contra el banquero venezolano italiano que reside en Reino Unido.

Y todavía pueden haber más consecuencias para el hombre de 50 años.

Según el plan de liquidación y disolución que OCIF reveló el martes, así como explicaciones que ofreció a NotiCel una persona con experiencia amplia en la regulación bancaria, del documento se desprende que Herrera Velutini tampoco logró otro de los objetivos en su plan de soborno: el evitar que el banco sometiera al gobierno federal los informes de actividad sospechosa (SAR en inglés) que estaban obligados a radicar por movimientos que hubo en cuentas de la institución y, específicamente, en las cuentas personales de Herrera Velutini.

Esa actividad sospechosa, unido al pliego acusatorio que enfrenta el banquero junto a la exgobernadora Vázquez Garced y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark Thomas Rossini, sería la via para que el Gobierno de los Estados Unidos entre al proceso de liquidación del banco por dos frentes.

Uno es la Red de Porcesamiento de Crímenes Financieros (FinCEN en inglés), que es la entidad que recibe los SAR, los analiza y hace referidos a distintas agencias que pueden resultar en cargos criminales o multas.

Otro es directamente el Departamento de Justicia federal que, mediante el procesamiento criminal de Herrera Velutini iniciado formalmente la semana pasada, puede ir tras sus activos en el banco.

En cualquiera de los escenarios, el propósito sería evitar que el dinero y bienes a los que Herrera Velutini puede tener acceso como accionista principal de Bancrédito, incluyendo una colección de obras de arte, caigan en sus manos mientras está pendiente el caso. De hecho, congelar esos bienes puede ser una de las movidas de ajedrez que haga el gobierno federal para lograr que el banquero viaje a la jurisdicción y se entregue, en vez de esperar a que se tramite una orden de extradición.

Cuando anunció el plan de liquidación, la comisionada de Instituciones Financieras, Natalia Zequeira Díaz, llamó a Bancrédito una de las entidades bancarias internacionales (IBE en inglés) "más grandes y con mayor madurez operando en Puerto Rico" y que las transacciones llevadas a cabo allí entre el 1 de octubre de 2016 y el 17 de diciembre de 2020 suman más de $10,000 millones.

El plan dispone que la empresa Driven Administrative Services LLC será la administradora del banco hasta su disolución y que la entidad Kaufman Rossin realizará el examen forense ("look back review") de transacciones para hacer los debidos informes de actividad sospechosa.

En los primeros 30 días, se le pagarían depósitos a clientes no relacionados a Herrera Velutini; en 60 días los depósitos que queden de esas personas se moverían a otros bancos, lo cual trae su propia complicación porque en algunos de esos casos Bancrédito no hizo la debida diligencia para acreditar las actividades de los clientes y esa diligencia la tendrían que hacer los bancos que reciban los depósitos; y después de los 90 días de iniciada la disolución moverían los depósitos de Herrera Velutini y la lista de personas y entidades asociadas a él. Este último paso, y la cantidad finalmente adjudicada al banquero y a sus asociados, dependerá de que se liquiden todas las demás obligaciones, como la multa de $250,000 que le puso OCIF y cualquier otra que pueda surgir así como el establecimiento de una cuenta de reserva.

Este grupo se le designa "related parties" e incluye a: Britannia Bank & Trust Ltd., Britannia Global Investments Limited, Britannia Global Markets Limited, Chatelroux Corporation, Bancrédito Holding Corporation, Melanie Odette Nennig Ruhs, Isabela Herrera Bello, Julio César Herrera Bello, Gilda Rodríguez, Carlos Alberto Herrera, José Francisco Herrera, María Fernanda Bello Pacheco y el propio Herrera Velutini.

Para ver el plan de liquidación de Bancrédito, pulse aquí.

Parte del plan es vender, según surjan las oportunidades, las inversiones y obras de arte que el banco tiene en Puerto Rico. En este último renglón, el valor puede ser más de $20 millones, según personas que conocen las obras, dos de las cuales, unas esculturas del colombiano Fernando Botero, se pueden apreciar a las afueras del edificio donde Bancrédito tiene su sede, el AIG Plaza. Ese edificio es propiedad de John Paulson, cuyo agente en Puerto Rico, el inversionista Fahad Ghaffar, tuvo una participación instrumental en los hechos que contiene la acusación federal, pero no fue acusado.

Herrera Velutini es un entusiasta del arte que apenas el lunes pasado, varios días después de la revelación del pliego acusatorio y el mismo día que firmó el plan de disolución de Bancrédito, publicó un artículo en la plataforma Medium sobre el artista neerlandés Vincent Van Gogh.

Entre las 18 entidades que fundó, según su portal personal en internet, el banquero incluye a Internacional Art Group UK y a Internacional Art Fund.

Vea:

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