Publicaciones explican cómo el banquero Julio Herrera Velutini usó poder económico para ganar un acceso al gobierno y la realeza británica que ahora están bajo sospecha por su acusación en PR.

Comprar allegados al poder del más alto nivel mediante donativos políticos o empleos en sus empresas.

El 'librito' de juego del banquero venezolano italiano Julio Martín Herrera Velutini es sencillo y lo aplicó tanto en Puerto Rico como en Gran Bretaña. Acá le generó una acusación criminal de parte del Gobierno de los Estados Unidos por sobornar a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced. Allá las repercusiones de esa acusación pueden llegar a afectar hasta la elección del sustituto del exprimer Ministro, Boris Johnson, quien renunció el mes pasado.

Según publicaciones del diario Financial Times (FT) en Inglaterra y del medio investigativo independiente malayo Sarawak Report (SR), Herrera Velutini se convirtió en uno de los principales donantes del partido conservador británico, conocido como los 'Tories', con casi $1 millón desde 2019. El día del triunfo de Johnson, por ejemplo, donó unos $120,000 y también fue uno de los auspiciadores principales de la celebración este año por el Jubileo de Platino, la celebración de los 70 años de la coronación de la Reina Isabel II. El auspicio de Herrera Velutini a esa fiesta real fue mayor que el que dieron McDonald's, Mastercard y Goldman Sachs.

Similar a Estados Unidos, en Inglaterra hay una prohibición de que extranjeros donen a partidos políticos. Pero existe una laguna en la ley que resulta en que esos individuos, como Herrera Velutini, puedan tener influencia si el donativo se hace a través de una empresa radicada en Inglaterra. Y ese es el caso de Britannia Financial Group (BFG), una de 18 empresas que el banquero fundó y/o sive de director, según su portal digital personal.

Igual que en Puerto Rico, el dinero de Herrera Velutini no solo llegó a comités políticos formales, sino que también se movió mediante otros frentes más ocultos y más dependientes de la consultoría y las relaciones públicas.

El banquero y BFG son clientes de la empresa de cabildeo Hawthorne Associates y de su servicio 'a la carta', Quintessentially, que pertenece a Ben Elliot, el presidente del Partido Conservador. Elliot es también sobrino de la duquesa de Cornwall, la esposa del príncipe Carlos, Camilla Parker Bowles. La ayudante ejecutiva de Herrera Velutini en BFG fue antes ayudante ejecutiva de Elliot y la empresa no ofreció comentarios al FT.

Elliot ha sido señalado públicamente porque su servicio 'a la carta' incluye la práctica de que a los donantes más altos del partido se les provee acceso exclusivo al liderato gubernamental, incluyendo a Johnson y otros ministros, en desayunos y cenas en las que reciben adelantos de política pública y pueden hacerle preguntas. Un arreglo que encuentra referente en Puerto Rico en el grupo de "Empresarios con Rosselló" que ocurrió durante la gobernación de Pedro Rosselló González.

La conexión con Elliot no es la única que tiene repercusiones por los cargos de Herrera Velutini en la isla. Más directamente, el pliego acusatorio contra el banquero y la exgobernadora detalla la intervención de C|T Group, la compañía de consultoría política que Herrera Velutini activó para asistir a Vázquez Garced en sus ambiciones políticas a cambio de que esta destituyera a un comisionado de Instituciones Financieras y lo sustituyera con un consultor del banquero que acabaría con una evaluación crítica que el regulador tenía activa en el banco aquí de Herrera Velutini, Bancrédito International Bank & Trust.

Contrario a las intenciones del banquero, esa evaluación concluyó ayer con un aviso de que Bancrédito dejará de existir y entregará su licencia de operación en Puerto Rico.

El jefe de C|T es Sir Lynton Crosby, el principal asesor político y electoral de Johnson y también de la que podría ser su sucesora de dedo, Liz Truss, quien ahora espera cómo la involucración de la firma de consultoría en el escándalo de Puerto Rico pueda afectar su intención de sustituir a Johnson en septiembre.

Aunque el pliego hace referencia a la involucración de varios integrantes de C|T, destaca la participación de Crosby y del exjefe de Proyectos Globales, Mark Fulkbrook, un consultor que trabajó en Estados Unidos con el expresidente cameral del Partido Republicano, Newt Gingrich. Fullbrook renunció a C|T precisamente en mayo pasado y abrió su propia empresa de consultoría, que cuenta con el apoyo de Crosby. Fullbrook tenía encargada la campaña de Truss.

SR está investigando a Herrera Velutini desde junio y C|T le ha dado reacciones distintas sobre su involucración. Primero le dijeron que su cliente era solo el banquero y que no habían hecho trabajo para Vázquez Garced ni su campaña. Luego, continuaron negando el trabajo para la exgobernadora, pero confirmaron que Fullbrook y otros empleados son cooperadores con la pesquisa de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

El desconocimiento reclamado sobre la exgobernadora choca directamente con alegaciones del pliego acusatorio que salen de mensajes que ocurrieron entre C|T, Herrera Velutini y el tercer acusado, el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark T. Rossini, quien ayer se entregó a las autoridades federales en San Juan y cuyos abogados dijeron que llevan en contacto con fiscalía hace un año y que han tenido una "muy buena relación de trabajo".

Desde el 6 de enero de 2020, dos días después de que Herrera Velutini y Vázquez Garced compartieran la misma mesa en la boda del inversionista residente Fahad Ghaffar, Rossini está en comunicaciones con Crosby sobre la exgobernadora. Después de una reunión en La Fortaleza el 14 de enero, Herrera Velutini le dijo a Crosby que la exgobernadora quería tener los servicios de C|T y que el banquero los pagaría. El resto de enero y febrero hubo intercambios entre el equipo de C|T, Rossini y Herrera Velutini que desembocó en que Vázquez Garced destituyera al comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner Kelly, como condición a que una comitiva de cinco personas de C|T, encabezada por Fullbrook le hiciera una presentación a ella y su equipo de gobierno y de campaña en el Hotel Condado Vanderbilt el 28 de febrero sobre cómo la empresa podía ayudarla en sus aspiraciones políticas.

El día después de la reunión, 29 de febrero, Rossini le dijo a Crosby que Herrera Velutini aceptaba los términos del contrato y que le pagaría 250,000 libras esterlinas, unos $300,000, por la primera fase del trabajo y luego 200,000 libras, unos $250,000, mensuales hasta las elecciones de noviembre.

En esta etapa, Herrera Velutini quería que la exgobernadora designara en Instituciones Financieras al consultor de Bancrédito, Víctor Rodríguez, como condición para activar a C|T. Cuando eso ocurrió el 14 de mayo, Rossini se comunicó con un empleado de C|T y le dijo que activara a otra persona que habían contratado para que fuera el coordinador político del SuperPAC mediante el que el banquero financiaría la campaña de la exgobernadora. "¿Nos preparamos para despegar?", le preguntó el empleado. "Abróchense los cinturones", le contestó Rossini.

El 8 de abril se registró el SuperPAC y Ghaffar le hizo llegar directamente a Vázquez Garced una encuesta que preparó C|T, quien le contestó "se ve muy bien".

El pliego contra Vázquez Garced, así como documentos en el caso de John Blakeman Ortiz, consultor de la exgobernadora quien se declaró culpable por estos hechos en marzo pasado, denotan que el 10 de marzo C|T sometió una factura a Herrera Velutini de $350,000 por "investigación financiera, económica y política, tanto cuantitativa como cualitativa" y que el 25 de marzo el banquero pagó $315,000 a C|T "por investigación política en conexión con la elección gubernatorial de Puerto Rico de 2020".

También, seis días después de que Vázquez Garced designara a Rodríguez a OCIF, habría llegado a la isla Fullbroom para trabajar en la campaña.

Para ver el pliego acusatorio, pulse aquí.

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