Dos jueces se recusaron del caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el tercero considera emitir una orden de mordaza.

El caso criminal contra la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, se queda en manos de un juez del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en vez de un juez visitante, como ocurrió con el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, que fue la primera ocasión en que un gobernador fue procesado criminalmente en ese foro.

Inicialmente, la asignación aleatoria del caso recayó en la jueza Aida Delgado Colón, quien se recusó sin divulgar motivo. Luego fue asignado al juez federal 'senior', Francisco Besosa, quien se recusó apuntando a que en su orden divulgando todas las personas cuya involucración provocarían su recusación está incluido el licenciado Ignacio Fernández de Lahongrais, uno de los abogados de Vázquez Garced.

Entonces, la asignación recayó en el juez presidente del tribunal federal en la isla, Raúl Arias Marxuach, quien no notificó ninguna causa para recusación y hoy emitió sus primeras determinaciones en el caso, comenzando por la posibilidad de emitir una orden de mordaza, como ha ocurrido en otros procesos criminales de alto perfil.

El juez concedió hasta este jueves para que las partes comenten sobre su borrador de orden y explicó que tomó la iniciativa porque entiende que la publicidad que ha tenido, y va a tener, este caso crean una "posibilidad sustancial de que los comentarios contaminen a los candidatos a jurado dada la naturaleza y extensión de la cobertura mediática". "De esta manera, la orden protectora propuesta es la medida menos restrictiva para asegurar los derechos de los acusados a un debido proceso de ley y ha sido confeccionada de la manera más estrecha para minimizar su impacto en los derechos relevantes de Primera Enmienda", añadió.

La orden propuesta cubriría a la fiscalía federal, los agentes de ley y orden federales, los tres acusados, sus abogados o representantes y "todos los testigos potenciales". A estas personas se les permitiría hablar solo sobre asuntos que estén consignados en el expediente abierto del caso o para explicar ("sin elaboraciones o caracterizaciones") los procesos, decisiones o señalamientos del tribunal.

Arias Marxuach justificó su iniciativa también no solo por la cobertura local e internacional que ha tenido el caso desde que la fiscalía federal lo anunció el jueves pasado, sino también porque "meses antes de que se emitiera el pliego acusatorio, medios locales reportaron extensamente sobre comentarios hechos presuntamente por Vázquez (Garced) y su representación legal en los que anticipaban su arresto". Esto en referencia a comparecencias que tuvieron la exgobernadora y sus abogados en Jugando Pelota Dura y Telenoticias en mayo pasado.

El juez también señaló un plazo para el 6 de septiembre para que las partes le provean una actualización del caso, siendo el asunto pendiente más importante los esfuerzos que haga la fiscalía por traer a la jurisdicción a los coacusados Mark Rossini, un exagente del Negociado Federal de Investigaciones que reside en España, y al banquero venezolano italiano Julio Martin Herrera Velutini, quien reside en el Reino Unido.

Cuando Acevedo Vilá fue procesado, en un caso en el que resultó no culpable por falta de unanimidad en el jurado, el proceso lo presidió un juez visitante, Paul Barbadoro. De la misma manera, en años recientes jueces visitantes estuvieron manejando una cantidad notable de casos en el tribunal federal, no tanto por recusación de los jueces sino por las vacantes que tiene el foro y que serían llenadas próximamente por tres designaciones que ya fueron aprobadas en el Comité de lo Jurídico del Senado federal y aguardan por votación en el pleno.

Como había anticipado Fernández de Lahongrais en una vista el jueves, hoy también Vázquez Garced formalizó su alegación de "no culpable" mediante moción escrita y sin comparecer personalmente al tribunal.

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