Tribunal apelativo federal da paso a que las reclamaciones contra el gobierno por expropiaciones puedan tener compensación justa.

El Primer Circuito de Apelaciones de Boston refrendó ayer la orden que la jueza de quiebras Laura Taylor Swain emitió en enero pasado para confirmar el Plan de Ajuste de la Deuda en una decisión en la que protegieron las reclamaciones que habían hecho varias partes para que se respeten sus derechos constitucionales en cuanto a las expropiaciones que les había realizado el gobierno.

Entre esas partes está PFZ Properties, Inc., entidad que tiene pendiente un reclamo controvertible por la supuesta expropiación del gobierno de un proyecto que nunca ocurrió, Costa Serena. También, incluye Caribbean Airport Facilities (poseedores de propiedades alrededor del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín), Suiza Dairy, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada y la sucesión Pastor Mandry Mercado, entre otros.

Son unas 50 reclamaciones que, durante el proceso de confirmación del Plan, la Junta de Supervisión Fiscal dijo que se habían separado $400 millones para cumplir con las mismas. La controversia que fue elevada al Circuito era si esas reclamaciones se tratarían, como quería la Junta, como cualquier otra reclamación descargable sin garantía de repago o, como decían los reclamantes y como sostuvieron tanto Swain como ahora el Circuito, si se les daría la protección constitucional federal de una "expropiación forzosa" que implica que el gobierno siempre tiene que pagar "compensación justa" por la propiedad.

Al observar que el argumento de la Junta llevaría a que los gobiernos declaren quiebra para poder descargar las expropiaciones como cualquier otra obligación económica, los jueces comentaron que "tomándolo como un todo, interpretar la ley para crear un incentivo para proponer una apuesta como esa nos parece una política pública pobre y ciertamente no es una razón para adoptar la posición de la Junta".

"[N]osotros leemos la decisión (de la jueza Swain) como que dice precisamente lo que parece decir: que descargar reclamaciones válidas sobre expropiaciones hechas antes de la radicación de la quiebra por menos que la compensación justa violaría la Quinta Enmienda (de la Constitución federal) y haría que un plan que contenga ese tipo de descargue no pueda ser confirmado bajo la Ley PROMESA", explicaron los jueces al, incluso, descartar la petición que hizo el gobierno federal de que resolvieron la controversia de una manera que no tocara el tema constitucional.

Lo que procede ahora es que esas reclamaciones por expropiaciones se reanudan en los foros que se estuvieran considerando, particularmente en los tribunales estatales, como la de PFZ, y se tiene que adjudicar en cada caso cuál es la "compensación justa" a pagar por el gobierno.

Vea:

Invento de Acevedo Vilá con Costa Serena es ahora una reclamación de $75 millones en la quiebra