Juez indica que es inconstitucional y nula.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan declaró hoy, martes, inconstitucional el artículo 86 de la Ley 52-2022 que enmienda el Artículo 11 de la Ley Notarial y que requería a los notarios incluir en su informativa sobre bienes inmuebles, una tasación, un plano de mensura y un estudio de título.

La determinación surge luego de que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) levantara bandera y radicara una demanda. El referido gremio señaló que esta movida, que contó con la firma del gobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia, tenía el efecto de imponer "un costo oneroso a la ciudadanía que desea vender su propiedad y se ve obligada a contratar un agrimensor y un tasador".

Agregaron que trastocaba "inclusive a municipios y al Departamento de Vivienda cuando otorga las escrituras de viviendas y solares de interés social, donación en pago, permuta, estipulaciones transaccionales, ventas judiciales, etc".

"Sin lugar a duda, una enmienda de esta naturaleza incluida en la etapa de conferencia entre los dos cuerpos legislativos, sin informarlo a la ciudadanía, a los y las afectados, es una práctica lesiva que va en detrimento al sano ejercicio de la democracia”, opinió el CAAPR.

El juez Alfonso Martínez, que vio el caso, consideró luego que los demandantes presentaron "un caso claro y terminante de violación al requisito constitucional de 'una ley, un asunto' que establece la sección 17 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

"En consecuencia, se decreta la inconstitucionalidad y nulidad del Artículo 86 y la enmienda relacionada al Artículo 11 de la Ley Notarial que requería a los notarios incluir en la planilla informativa sobre segregación, agrupación o traslado de bienes inmuebles una tasación, un plano de mensura y un estudio de título", declaró el togado.

Vea la sentencia aquí.