En el tribunal federal se mantiene viva la reclamación de violación de derechos que sometió un abogado residente del Viejo San Juan por hechos ocurridos en las SanSe de 2017.

El Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico tiene señalado juicio el 26 de julio contra la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, por reclamaciones de violación de derechos civiles que presentó en una demanda el abogado José Wiscovitch Barreras.

El juicio se había señalado para comenzar más temprano este año, pero no ocurrió por varias controversias pendientes entre las partes, incluyendo que Cruz Soto recurrió al Primer Circuito de Apelaciones de Boston para que la sacaran del pleito, pero ese foro dijo que la solicitud era a destiempo y que primero tenía que enfrentar juicio y luego hacer su reclamo, dependiendo del veredicto. La exalcaldesa está demandada en su capacidad personal y también está demandado el gobierno municipal.

El caso lo atiende el juez presidente de ese foro, Raúl Arias Marxuach.

Según los documentos del caso, los hechos ocurrieron en la edición de 2017 de las Fiestas de la Calle San Sebastián, cuando Wiscovitch Barreras, un abogado residente del Viejo San Juan y dueño del restaurante Asiana Sushi Bar que ubicaba en ese barrio, conducía una bicicleta de cuatro gomas con capacidad para cuatro personas y habilitada con un letrero de promoción para el restaurante. Unos oficiales permitieron que el abogado entrara con la bicicleta a la Calle San Francisco, la cual estaba limitada para el uso peatonal y en esa calle lo divisó Cruz Soto, acompañada de sus escoltas. No está claro quién detuvo al abogado, pero sí que este y la entonces alcaldesa se enfrascaron en una discusión sobre si la bicicleta violentaba la ordenanza municipal de las fiestas que prohibía el uso de vehículos en las calles designadas como peatonales.

Wiscovitch Barreras estaba enfurecido y la alcaldesa ordenó a un policía que llamara a otros agentes para que intervinieran con este. El grupo creció para totalizar tres agentes municipales, la alcaldesa y sus escoltas en la escena con el abogado, a quien se le pidió su licencia de conducir y no la tenía en su persona. En un momento, la alcaldesa instruyó a los agentes a que le emitieran boletos al abogado y este le dijo que "haré todo lo posible en mi poder para no dejar que se convierta en gobernadora de Puerto Rico". Luego de esto, la alcaldesa dio una orden a los agentes para que "se lo llevaran" y estos arrestaron al abogado y lo removieron del lugar bajo custodia por supuesta "obstrucción a la justicia".

En el cuartel de Covadonga, fue colocado en una oficina y cateado. Su esposa llegó con la licencia de conducir del hombre y se le puso en libertad y se le devolvió la bicicleta el mismo día, no sin antes emitirle tres boletos: por conducir la bicicleta sin casco de seguridad, por conducirla fuera del carril derecho y por tener un letrero de promoción en violación a la ordenanza. La multa fue de $5,000. Además, se le emitió una citación criminal por obstrucción a la justicia.

El abogado apeló administrativamente las multas y, a la fecha de hoy, ni le han resuelto la apelación ni le han cobrado la multa. De hecho, el municipio dijo al tribunal que no se la iba a cobrar y que la ordenanza que la justificaba ya expiró, por lo que no se arriesga a que vuelva a ser multado. Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia encontró no causa para arresto por el cargo de obstrucción a la justicia en febrero de 2017 y el cargo fue desestimado.

Después de los eventos, el abogado se tornó "angustiado, ansioso, deprimido y antisocial" y decidió cerrar el restaurante de su familia más tarde ese año.

En una declaración sometida en el caso, Cruz Soto dijo que "su acercamiento (al incidente) no tenía nada que ver con política, que tenía que ver con administración, y que respetaba lo que pensaba (Wiscovitch Barreras)", pero el tribunal encontró que uno de los elementos más determinantes del caso, que tiene que dejarse en manos del jurado para que lo decidan, es si el abogado le había dicho su nombre a uno de los agentes antes de que se ordenara su arresto. De habérselo dicho, su procesamiento fue ilegal, porque estaría motivado por sus expresiones a la alcaldesa y porque la intervención no estaría fundamentada en la sospecha de que obstruyó la justicia por no identificarse.

“Ningún oficial policíaco objetivamente razonable pudo haber creído que había causa probable para arrestar a (Wiscovitch Barreras) por rehusar identificarse si (el abogado), en efecto, se identificó con la policía", resumió el magistrado Marcos López al recomendar al juez Arias Marxuach cuáles reclamaciones deben mantenerse.

De los distintos fundamentos sobre los cuales hizo reclamaciones, el tribunal le desestimó al abogado los relacionados a detención ilegal, violación de su derecho a la expresión comercial por el uso del letrero, los daños económicos por el cierre del restaurante y la basada en su derecho a tener una ocupación.

Por otro lado, Arias Marxuach determinó que se le someterán al jurado las reclamaciones de arresto en represalia por ejercer su libertad de expresión, por violación a su dignidad, por cateo ilegal y los ataques abusivos a su honra, así como compensación por daños.