Declaraciones del abogado del exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, ponen en vitrina el rol significativo que tuvo Javier Carrasquillo Cruz en el esquema bajo investigación federal.

El rol del exasesor del Gobernador en Asuntos Municipales, Javier Carrasquillo Cruz, en el esquema de corrupción con contratos de desperdicios sólidos y asfalto que ha producido una racha de arrestos federales fue más allá de lo que sucedió en Cidra, el municipio del que fue alcalde hasta el 2020.

Fue en Cidra que se incubó a la empresa Waste Collection, Corp. y donde tuvo el primero de múltiples contratos millonarios en municipios tanto del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP). Fueron Carrasquillo Cruz y el licenciado Oscar Santamaría Torres los que gestionaron a Waste, al punto que Santamaría Torres pasó, casi de la noche a la mañana, de ser asesor legal del alcalde a tener el primer contrato de Waste, como su presidente, con vigencia de siete años y valor de $14.7 millones. Santamaría Torres y Carrasquillo se conocen desde que ambos eran asesores legislativos del PNP.

Santamaría Torres se declaró culpable y coopera con las autoridades federales sobre sus esquemas de corrupción en distintos municipios pero, a pesar de esto, Carrasquillo Cruz no ha sido procesado por nada relacionado a Waste y a Santamaría Torres a nivel federal ni local. Eso podría cambiar, por lo menos a nivel local, después de que el 18 de mayo pasado que el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) tomó la iniciativa de nombrar a un fiscal para retomar una investigación preliminar de 2016 en la que el Departamento de Justicia recomendaba que no se designara a un fiscal independiente para investigar la relación entre el entonces alcalde de Cidra y su exasesor legal.

Sin embargo, el velo sobre las acciones de Carrasquillo Cruz comenzó a descurrir el lunes pasado durante la vista de sentencia del exalcalde del PPD en Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués.

En un intento de obtener una sentencia leniente de la jueza Silvia Carreño Coll, el abogado de Arroyo Chiqués, el exfiscal federal Ernesto Hernández Milán, expuso para el récord la primera alegación que coloca a Carrasquillo Cruz tomando parte activa en el esquema de corrupción de Santamaría Torres y Waste.

El abogado le recordó a la jueza que su cliente se acercó voluntariamente a las autoridades federales en la primera semana de diciembre pasado y dijo todo lo que sabía sobre Mario Villegas Vargas y Raymond Rodríguez Santos, exsocios fundadores de J.R. Asphalt, Inc., otra de las empresas ligadas al esquema.

Rodríguez Santos se declaró culpable a la vez que Santamaría Torres, mientras que Villegas Vargas enfrenta acusación de gran jurado. Una moción sometida el 31 de mayo en el pleito civil por la disolución de J.R. Asphalt consigna, además, que el administrador judicial de la empresa, Eduardo Soria Rivera, "recibió una comunicación de la Fiscalía Federal indicando sobre la posibilidad de radicación de cargos criminales contra la Corporación".

Pero, según Hernández Milán, su cliente dijo más. En 2016, Arroyo Chiqués había decidido no volver a postularse y negoció un soborno de $5,000 mensuales a cambio de firmarle a Waste un contrato de recogido de desperdicios sólidos por vigencia de 10 años. El soborno sería cada mes durante la vigencia completa del contrato, por lo que Arroyo Chiqués se garantizó una especia de pensión. Pero había un problema, el próximo alcalde, que seguramente sería del PNP, podía cancelar el contrato y dar al traste con el plan. En la oficina de Carrasquillo Cruz en la alcaldía de Cidra se discutió que "era importante que el que se convirtiera en alcalde aceptara el contrato", dijo el abogado. Entonces, Carrasquillo Cruz "coordinó la reunión con el alcalde entrante" y el contrato con Waste se mantuvo vigente, añadió.

El alcalde entrante era Javier García Pérez, correligionario de Carrasquillo Cruz, quien en mayo pasado fue arrestado y acusado de recibir $32,000 de parte de Santamaría Torres y Rodríguez Santos a cambio de pagarle facturas a Waste. No se menciona que fuera a cambio de mantenerle el contrato, sino de pagarle las facturas. En los documentos del caso de García Pérez se alude claramente a los dos contratistas que ya se declararon culpables, pero no a Arroyo Chiqués ni a ninguna otra persona. Por otro lado, cuando la fiscalía federal anunció la sentencia de 24 meses de cárcel que recibió Arroyo Chiqués, mencionó por primera vez que el "Individuo B" con el que el exalcalde de Aguas Buenas negoció el soborno a cambio del contrato estaba recibiendo $5,000 mensuales a la vez que el convicto recibía sus $5,000 mensuales en efectivo.

En los documentos no se identifica por nombre a los denominados "individuos" y la fiscalía tampoco ha entrado en detalle en conferencias de prensa, pero el jefe de los fiscales W. Stephen Muldrow, sí dijo que tenía "suficientes" alcaldes bajo investigación cuyas identidades todavía no se han revelado.

Hernández Milán indicó en la vista de sentencia que la fiscalía federal no había aceptado a Arroyo Chiqués como testigo, pero ni él ni el fiscal Scott Anderson ofrecieron razones para ello. Sin embargo, el conocimiento que Arroyo Chiqués tenga sobre conducta de otras personas, particularmente de Carrasquillo Cruz, sí puede ser usado a nivel local, no solo en la investigación que recién comienza en el PFEI sino en una demanda civil que todavía está activa en la que Waste está reclamando que el municipio de Cidra y su actual alcalde, el popular Ángel David Concepción González, cancelaron ilegalmente el contrato, le causaron daños y difamaron a la empresa.

La demanda está detenida en controversias de descubrimiento de prueba ya que la empresa, representada por Ramón Rosario Cortés, quiere deponer a Concepción González mientras que el municipio, representado por el licenciado Miguel Nazario Briceiño, quiere deponer a Santamaría Torres y a Carrasquillo Cruz.

El municipio contrademandó a la empresa e incluyó como demandado a Santamaría Torres, pero Waste dice que no tiene nada que ver con éste, a pesar de que se retiró como oficial de la corporación apenas hace unos meses cuando se declaró culpable y de que los oficiales actuales estaban antes con él, incluyendo a la exsecretaria de Carrasquillo Cruz, Gladimar Rodríguez Núñez, que es ahora secretaria de Waste.

Cada una de las partes ya ha sometido escritos que recogen sus posturas y la de Waste es que el tribunal tiene que interpretar el contrato a favor suyo y en contra del municipio porque el municipio fue el que lo redactó completamente, así como las enmiendas. Es decir, que Waste supuestamente no tuvo nada que ver con la redacción del contrato y que fue un acuerdo "tómalo o déjalo" como los que firman los consumidores cuando, por ejemplo, abren una cuenta de celular o servicio de internet.

Bajo esa óptica, Waste quiere que el tribunal le ordene al municipio responder no solo por todo el dinero que le quedaba en los años de vigencia del contrato, sino por los gastos en que incurrió al adquirir equipo y al construir una planta de trasbordo para recibir y manejar los desperdicios del municipio.

"Falsamente, y de forma libelosa, el señor Concepción González y los demás codemandados han difamado a Waste Collection y a sus funcionarios afirmando que han cometido actos corruptos y en contra de la ley con el pasado Alcalde", planteó Rosario Cortés en la demanda.

La actual administración de Cidra, por su parte, dijo al tribunal que el contrato podía ser cancelado en cualquier momento, que la declaración de culpabilidad de Santamaría Torres más que justifica la cancelación y que la extensión del contrato por 10 años adicionales la firmó Carrasquillo Cruz después de perder las elecciones, a pesar de que al contrato original todavía le quedaban meses para que venciera y de que el alcalde entrante le advirtió mediante carta que no lo extendiera. Santamaría Torres, de hecho, fue parte del Comité de Transición de Carrasquillo Cruz.

"[C]ualquier daño a la reputación de la corporación demandante fue provocada por los actos corruptos y autoinflingidos de su incorporador (Santamaría Torres), hoy convicto en la esfera federal... El contrato es el resultado de actos fraudulentos y corruptos", expuso Nazario Briceiño en un documento en el que el municipio reclama a Waste compensación por la "emergencia ambiental" que causó al dejar de prestar servicios antes de la fecha efectiva de cancelación del contrato y por los impuestos y pagos que Waste dejó de hacer al municipio debido a que Carrasquillo Cruz le otorgó en 2015 un decreto de exención contributiva municipal que el municipio sostiene fue ilegal.

Tras su derrota, Carrasquillo Cruz se convirtió en asesor del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y, a través de ese rol, continuó siendo parte de la Junta de Directores del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), organismo que había presidido cuando era alcalde de Cidra. También, el Gobernador lo designó como Presidente del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales. El funcionario renunció después de que el PFEI activara la investigación en su contra.

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