Una evaluación de rutina sobre el cumplimiento de Bancrédito con las regulaciones fue el punto de partida de actos que mantienen a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced a la expectativa de una acusación federal.

El apoyo que la cúpula de Bancrédito International Bank & Trust dio a la campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced estaba atado a ahogar una investigación rutinaria de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) que había descubierto movimientos sospechosos en la cuenta del dueño del banco, Julio Herrera Velutini.

Las presiones se convirtieron en materia de casos criminales federales cuando el apoyo de Herrera Velutini y su grupo a la campaña primarista de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced se vinculó a que esta destituyera al entonces comisionado de OCIF, George Richard Joyner Kelly, y lo sustituyera con Víctor Rodríguez Bonilla, un consultor de Bancrédito que había asesorado a la institución precisamente en los pormenores de esa pesquisa de la OCIF.

Aún en el fuego cruzado, la pesquisa se mantuvo hasta que "se disolvió" cuando llegó la comisionada designada por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en enero de 2021, Natalia I. Zequeria Díaz. La funcionaria no contestó preguntas de NotiCel sobre esa evaluación.

El detalle de la guerra entre Bancrédito y OCIF lo ofreció a NotiCel una persona que tuvo conocimiento oficial de la misma y que pidió anonimato por tratarse de materias cubiertas por leyes de confidencialidad regulatoria a nivel estatal y federal. Las motivaciones de la persona son aclarar reportes de prensa, incluso en NotiCel, sobre las razones por las que Bancrédito presionaba al gobierno y también para consignar que los empleados de la OCIF cumplieron con sus obligaciones, a pesar del empuje económico y político que desplegó el banco.

En una comparecencia el viernes en la noche en el programa Jugando Pelota Dura, dos de los abogados de Vázquez Garced, Peter John Porrata y el exfiscal federal Luis Plaza Mariota, confirmaron algunos de los detalles que ofreció la fuente a NotiCel al afirmar que la exigencia del grupo de Bancrédito, y de la "piña" política que los apoyó, era remover a Joyner Kelly para colocar a Rodríguez Bonilla.

Plaza Mariota reveló que cuando los agentes federales fueron a la casa de su clienta a principios de año para incautarle su teléfono celular lo hicieron mediante una orden de allanamiento que ofrecía como fundamentos el que había una pesquisa activa que cubría tres delitos: conspiración, donativo político de un no ciudadano de los Estados Unidos y soborno. Los fiscales federales encargados del caso "están bien motivados a meterle un tiro en el pecho a mi clienta", subrayó. Los abogados esperan el arresto de Vázquez Garced tan pronto como esta semana.

El no ciudadano sería Herrera Velutini, quien es venezolano, el donativo sería el pago de una encuesta política puesta a disposición de la campaña y el soborno sería la encuesta a cambio de la destitución de Joyner Kelly. El abogado concedió que la fecha de una reunión en el hotel Condado Vanderbilt a la que fue la exgobernadora para discutir el apoyo de Bancrédito a su campaña, el 28 de febrero de 2020, y la destitución del funcionario, 6 de marzo, están "tan cerquita que se ve crítica", pero que en su momento Vázquez Garced explicaría a un jurado que tenía razones para sacar al comisionado desde meses antes.

Esto sería porque supuestamente estaba dando asistencia al expresidente del Banco de Desarrollo Económico, Luis Burdiel Agudo, en un caso criminal que enfrentó y por el que se declaró culpable. El día de su salida, Joyner Kelly dijo que se le había retirado la confianza.

Al tratar de aislar a su clienta de la trama, el abogado dijo que los que montaron la reunión de febrero fueron otros involucrados en el caso y que son gente del banco y "las piñas institucionales del Partido (Nuevo Progresista) que no importa el gobernador que está, son ayudantes". NotiCel había publicado el viernes que el agente político del PNP desde la Administración Rosselló, John Blakeman III, y quien en el cuatrienio pasado estuvo tanto en la campaña de Vázquez Garced como en el Senado bajo Thomas Rivera Schatz, así como la gerente general de Bancrédito, Frances Díaz Fosse, ya se habían declarado culpables con relación a estos hechos. Plaza Mariota los ubicó en la reunión y aludió a que eran pareja.

Presiones sobre OCIF comenzaron desde Rosselló Nevares

Las 80 entidades bancarias o financieras internacionales que tienen sede en Puerto Rico, como Bancrédito, están sujetas a exámenes rutinarios conocidos como de "sound and safety", que miran varios aspectos de su operación, incluyendo el de cumplimiento con leyes federales como las antilavado de dinero y las que obligan a la entidad a conocer las operaciones de sus clientes para evitar elementos criminales.

Pero los examinadores de la OCIF no son suficientes para hacerlo con la regularidad requerida y cuando tocó el turno de Bancrédito, la entidad establecida en 2009 pidió a la OCIF que no se le realizara. Eso comienza un "pulseo" entre Joyner, un nombramiento del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, y Herrera Velutini, quien presumía tener acceso a Fortaleza y "se llenaba la boca diciendo que era amigo de Rosselló", dijo la fuente. Inicialmente, Joyner Kelly capituló y accedió a realizar el examen en una fecha posterior a la original y a remover a un investigador que Bancrédito no quería que OCIF asignara.

Parte de lo que encontró el examen fueron "anomalías" en el cumplimiento con la radicación de los informes de actividad sospechosa (SAR por sus siglas en inglés) que el gobierno federal requiere a todas las instituciones financieras en cada transacción que levante sospecha de fraude o lavado de dinero. Las transacciones tenían que ver con la cuenta que Herrera Velutini mantiene en su banco y con clientes suyos que "son gente, o que estuvieron presos por situaciones financieras, o que estuvieron investigados o que están presos" y para las que no se reflejaba una investigación apropiada de trasfondo por parte del banco.

Por lo menos una de las transacciones sospechosas tenía que ver con un comité de acción política, dijo la fuente sin mayor precisión. Los récords oficiales no reflejan donativos de Herrera Velutini a título personal, pero sí cuatro donativos a nombre de Bancrédito. Dos que suman $100,000 en 2016 a Integridad y Experiencia para el Cambio, un grupo que hizo anuncios contra Rosselló Nevares basados en los hechos del divorcio de su primera esposa y los cuales la campaña del candidato David Bernier desautorizó; uno de $25,000 al grupo Salvemos a Puerto Rico, Inc., que estuvo a cargo del amigo del gobernador Pierluisi Urrutia, Joseph Fuentes Fernández, quien se declaró culpable por ejecutar un esquema ilegal de financiamiento político; y $50,000 al grupo Puerto Rico Mejor Futuro, que hizo campaña a favor del rival popular de Pierluisi Urrutia en 2020, el exalcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri.

Bajo los criterios del examen de OCIF, estas circunstancias ameritaban un aumento en la muestra de las transacciones que se estaban mirando. "Ahí empieza la batalla", dijo la fuente.

Bancrédito se oponía a ampliar la muestra y quería que la OCIF anulara la investigación. La representación de Bancrédito la encabezada, como su jefa de División Legal, la licenciada Ana Faría, hija del excomisionado de OCIF y expresidente del Banco Gubernamental de Fomento bajo administraciones del Partido Popular Democrático (PPD), Antonio Faría Soto.

La licenciada Faría es también la contacto del banco con consultores legales externos como el exgobernador Alejandro García Padilla, quien dijo a NotiCel que ha tenido contratos con Bancrédito. No quiso divulgar los asuntos en los que asesora al banco, pero dijo que no incluyen cabildeo. Aceptó que intervino en una disputa con la administración de un condominio donde Herrera Velutini tiene apartamento, mediante una carta de su bufete que firmó Víctor Suárez Meléndez, quien fue secretario de la Gobernación del exmandatario.

Entre las mútiples reuniones que hubo durante esa "batalla" se incluye una, que la persona informante no detalló en cuanto a fecha pero que fue antes de la salida de Joyner Kelly, que ocurrió en La Fortaleza directamente con la Gobernadora. A esta reunión acudieron, entre otros, el exsecretario de Hacienda de la Administración Fortuño, Jesús F. Méndez, como miembro de la junta de Bancrédito, Díaz Fosse y Rodríguez Bonilla, en calidad de consultor externo de Bancrédito bajo la firma AML Advisory Expertise Consulting L.L.C.

Se encontró con una muralla de empleados

A la salida de Joyner Kelly, se rumoraba ya que el sustituto sería Rodríguez Bonilla y, cuando llegó, "venía con su agenda (sobre la investigación), pero se encontró con una muralla de empleados". La fuente detalló que el nuevo comisionado no quería inhibirse de inmediato en los asuntos relativos a Bancrédito, aunque luego lo hizo. Además, que el trabajo remoto por la pandemia propició que el desarrollo de la pesquisa se le escondiera para protegerla, manteniéndolo al margen de los detalles.

El equipo de OCIF buscaba completar formalmente la pesquisa y Bancrédito quería dilatar el cierre formal de la misma hasta que consiguieran minimizarla o anularla. El examen se logró cerrar, pero no necesariamente con todos los hallazgos porque, dijo la fuente sin más detalle, "la nueva administración (Pierluisi Urrutia) claudicó". A pesar de esto, y como es rutina, los funcionarios de OCIF compartieron los pormenores del examen con las autoridades federales pertinentes, incluyendo el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Rodríguez Bonilla también compareció al programa Jugando Pelota Dura el viernes para insistir en que no hubo iregularidades porque se inhibió y que la exgobernadora no le dio instrucciones sobre la pesquisa de Bancrédito. Además, aseguró haberse sentido ofendido por una intervención que Blakeman tuvo en su oficina, pero su versión de los hechos es confusa y pareció ser impugnada por el abogado de Vázquez Garced minutos después.

Según Rodríguez Bonilla, habiendo pasado "unos meses" de su incumbencia, la cual duró oficialmente seis meses, Blakeman le escribió un texto diciendo que lo quería ver en su oficina. El exfuncionario dijo que no conocía a Blakeman, pero que entendía que este tenía relación con Bancrédito a través de Díaz Fosse. A pesar de no conocerlo, le concedió de inmediato la reunión, que duró "tres minutos" y en la que Blakeman le habría planteado el problema del banco con la pesquisa de OCIF y le habría hecho la pregunta, ofensiva e inolvidable para Rodríguez Bonilla, de "¿quá vamos a hacer aquí?". "Yo le dije 'tú no sabes con quién tú estás hablando, esto a mí me ofende, es antiético'", lanzó el exfuncionario en el programa. Sin embargo, minutos después, relató que había visto a Blakeman en la oficina de Rivera Schatz durante su proceso de confirmación al cargo y que le había extrañado su presencia allí. No dijo por qué, pero aseguró que el intercambio con Blakeman sobre Bancrédito ha sido objeto de por lo menos dos reuniones suyas con el FBI.

Fue en una intervención posterior que el abogado de Vázquez Garced, Plaza Mariota, afirmó que la fiscalía federal presentaría el nombramiento de Rodríguez Bonilla como una de las exigencias que hizo el grupo de Bancrédito a cambio del apoyo a la campaña de la exmandataria. De esta manera, el abogado pareció acercar a Rodríguez Bonilla a la conspiración, en vez de alejarlo.

La fuente divulgó que Bancrédito tiene aproximadamente 200 clientes, una cantidad pequeña que lo haría inviable, especialmente considerando que llevan operando desde 2009. Sin embargo, con ese número reducido de clientes, generan un volumen alto de transacciones, dijo a manera de explicar por qué se mantiene en operación.

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