La exgobernadora Wanda Vázquez Garced espera ser acusada, tan pronto como la semana que viene, de lo que sus abogados califican como un delito "técnico" que tiene que ver con si una encuesta sobre sus posibilidades de éxito como candidata fue o no un donativo político ilegal de parte del banquero venezolano Julio Martín Herrera Velutini.

Una fuente de NotiCel indicó que Vázquez Garced había intentado evitar un operativo de arresto mediante aceptar culpa directamente, como ha ocurrido en otros casos recientes, pero el licenciado Ignacio Fernández De Lahongrais, uno de los representantes legales de la también exsecretaria de Justicia, negó esto categóricamente y dijo que no hubo ese tipo de conversación.

La pesquisa está bajo la supervisión de la sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington DC, cuyo jefe, Corey Admunson, dijo la semana pasada en una conferencia en San Juan que la reciente racha de arrestos por corrupción "no es el comienzo de nada, ni el final de nada, es la continuación de nuestros esfuerzos (anticorrupción)".

"Si baja una acusación, se entregaría inmediatamente. Un arresto sería totalmente innecesario, no es peligro de fuga ni un peligro a la comunidad... un arresto, especialmente a una exgobernadora, sería un abuso de poder increíble", añadió al adelantar que Vázquez Garced próximamente va a hacer expresiones públicas más allá de las que hizo hoy en Telenoticias, cuando dijo que "yo no he cometiudo ningún delito (...) yo no he cometido ninguna conducta ilegal e incorrecta".

Según una fuente de NotiCel, la encuesta de Herrera Velutini fue a cambio de que Vázquez Garced hiciera cambios en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) para permitir que un banco registrado como extranjero, como es el caso del banco de Herrera Velutini, Bancredito, pueda hacer negocios con ciudadanos estadounidenses en la isla. La exgobernadora, en efecto, despidió al entonces comisionado, George Joyner.

Fernández De Lahongrais admitió que eso es parte de lo que han escuchado en esta etapa investigativa del caso. "Si el gobierno quiere amarrar eso (la encuesta) también a un acto oficial de la Gobernadora, pues que lo traigan, pero te puedo decir que la Gobernadora no hizo ningún acto a cambio de la encuesta", reaccionó al argumentar que la encuesta "no fue un donativo porque la Gobernadora no lo mandó a pedir, no la usó, no la divulgó a la prensa, fueron actos de terceros que no se le pueden imputar a la Gobernadora".

Otro abogado de Vázquez Garced, el exfiscal federal Luis Plaza Mariota, lo planteó a Telenoticias diciendo que "si la campaña no lo solicitó, la campaña no se enteró, la campaña no estuvo envuekta en la obtención de ese donativo, ¿cómo el gobierno (federal) nos va a imputar que es un donativo ilegal? Será ilegal para los que lo hicieron, pero no para la campaña".

Por esto, la defensa de Vázquez Garced ha optado por enfatizar en que cualquier caso que se le presente sería "técnico", que giraría sobre la definición de si la encuesta fue o no un donativo ilegal, pero que no va a girar, como los recientes de alcaldes de los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático, en si la exgobernadora se lucró personalmente de su cargo.

Según otra fuente de NotiCel, la acusación que negocia el operador político del Partido Nuevo Progresista (PNP), John Blakeman, está relacionada con este trámite y también está en la mira por lo menos una de las dos colaboradoras estrechas de Vázquez Garced en La Fortaleza.

Para este caso, las autoridades federales ocuparon el teléfono celular de la exmandataria. "Ya se lo devolvieron", dijo Fernández De Lahongrais.

"Las instrucciones de la Gobernadora son específicas, quiere que la traten como a cualquier hijo de vecino y se va a defender como cualquier hijo de vecino. Hasta el día de hoy, mi cliente afirma que es inocente, que no ha cometido delito y, hasta ahora, nosotros vamos a ir a juicio", subrayó el abogado a NotiCel.

De materializarse la acusación, sería la segunda ocasión en que Vázquez Garced enfrenta un proceso penal. Siendo secretaria de Justicia durante la Administración Rosselló Nevares, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente le presentó cargos por intervenir indebidamente en un caso que involucraba como víctima a una de sus dos hijas, pero una jueza determinó que no había causa para arresto. En la esfera federal, si se le presentara una acusación de gran jurado, eso implica causa para arresto y para juicio, ya que en ese foro no existe la vista de causa para arresto o la vista preliminar cuando se trata de cargos graves autorizados por un gran jurado.