Joseph Fuentes Fernández se declara culpable de encubrir donativos ilegales en las primarias y elecciones generales que favorecieron al Gobernador.

El contador público autorizado Joseph Fuentes Fernández, quien se expone a una pena de dos años de cárcel tras aceptar culpa por encubrir los donantes reales del grupo de acción política Salvemos a Puerto Rico, Inc. (SAPR), y cuya campaña favoreció al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, está en contacto con los investigadores federales desde al menos mayo de 2021.

La información surge del documento de aceptación de culpa que el residente de Virginia firmó el 28 de abril y que se sometió al Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico el martes pasado, por medio del abogado, José R. Aguayo. A la vez, SAPR como corporación sometió su propia alegación de culpa por medio del abogado Joaquín Monserrate Matienzo.

Ambas se declaran culpables de encubrir hechos materiales, específicamente la identidad de los donantes reales de SAPR ya que ejecutaron un esquema en el que una serie de individuos y empresas donaron $605,000 a las organizaciones sin fines de lucro Fundación Pro Igualdad y Foundation for Progress para que, a su vez, estas dos fundaciones pasaran el dinero a SAPR y así la identidad de los individuos y empresas no fueron divulgados en los informes que tiene que someter SAPR ante la Comisión Federal de Elecciones (FEC en inglés).

Fuentes Fernández, de quien Pierluisi Urrutia dijo era un colaborador suyo "de toda mi vida", enfrenta 24 meses de cárcel y dos años de probatoria, mientras que SAPR acepta pagar una multa de $150,000.

El acuerdo se oficializará hoy en una vista ante el juez Joseph LaPlante del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de New Hampshire, después de que el juez original del caso, Pedro A. Delgado, se inhibiera.

Los documentos del caso confirman que parte de la evidencia con la que cuentan las autoridades federales son mensajes de texto entre tres personas vinculadas con el esquema adicionales a Fuentes Fernández y que este está en contacto con las autoridades desde al menos mayo de 2021 porque "admitió su involucración en el esquema a los investigadores antes de someter los informes en la FEC relativos a los donativos de octubre 2020 y noviembre 2020". Según el registro de la FEC, esos informes fueron radicados el 25 de mayo de 2021 y, según fuentes de NotiCel, el hombre conocido también como "Joey" se ha mantenido en contacto cercano con el Gobernador hasta ahora, incluyendo con visitas a La Fortaleza y otras facilidades públicas que están reservadas para el uso del Primer Ejecutivo. Entre mayo de 2021 y diciembre de 2021, después de que comenzara su contacto con los agentes, Fuentes Fernández obstruyó la justicia cuando divulgó información confidencial sobre la existencia de la investigación a una persona que era objeto de la pesquisa y entonces le mintió a los agentes sobre esas divulgaciones.

Las personas mencionadas en los documentos son el "Oficial Público 1", que se entiende es Pierluisi Urrutia debido a que es el beneficiario de la campaña de SAPR, el "Individuo 1" quien es "un asociado del Oficial Público 1 y recaudador significativo de fondos que buscaba donativos en apoyo a la campaña eleccionaria de 2020 del Oficial Público 1", el "Individuo 2", quien es secretario de las entidades sin fines de lucro, y el "Individuo 3", quien es un "consultor y abogado".

Antes de llamarse SAPR, la entidad era un comité de acción política llamado PRP, INC. y que estuvo activada a favor de Pierluisi Urrutia en 2016. El nombre completo del gobernador es Pedro Rafael Pierluisi Urrutia.

Las irregularidades en las movidas de SAPR están en la discusión pública desde la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) en 2020 cuando el director de campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, Jorge Dávila, hizo querellas al Contralor Electoral contra SAPR y las fundaciones demandaron al Departamento de Estado cuando esa entidad canceló su certificado de incorporación. Ni los expedientes de Estado ni los judiciales de la demandan nombran a un "secretario" de las fundaciones, pero en todo momento el exdirector ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Álvaro Pilar Vilagrán, es la única persona nombrada con relación a las fundaciones en función de agente, representante e incorporador.

Pilar Vilagrán creó la empresa Accelerate Advisors LLC el 9 de junio de 2021 y el 28 de julio de 2021 suscribió el primero de dos contratos con valor total de $100,000 en el Departamento de Educación para manejar proyectos de reconstrucción, el rezago estudiantil, la reapertura de las escuelas del sur, modernizar el sistema de información y aprovechar fondos de la Comisión Federal de Comunicaciones.

La denuncia que presentó la fiscalía federal dice que es el Individuo 2 el que, mediante texto, divulga el vínculo entre SAPR y la campaña de Pierluisi Urrutia cuando dice al Individuo 3 que si quería apoyar al Oficial Público 1 podía donar a las sin fines de lucro y que de ahí el dinero pasaría a SAPR. El 9 de agosto de 2020, Fuentes Fernández envió un texto en el que dice "No he querido tener ningún tipo de comunicación porque no se sabe si los federales tienen las líneas interceptadas". "Tienes que manejar esto con mucho cuidado", añadió en el mensaje a un recipiente no identificado.

Los donativos incluidos en el esquema, según la alegación de culpa que hizo SAPR, suman $605,000 y vienen de: Northshore Management Corp. (del desarrollador Federico Stubbe con $25,000), Essential Insurance Services Inc. (que donó $200,000 y tiene contratos públicos), AP Engineering Inc. ($94,200), LAS Enterprises Inc. ($15,000), JAAP LLC ($75,800), Alejandro Brito Zubizarreta ($50,000), Arturo Diaz Angueira (con $20,000 y quien tiene contrato con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados mediante el bufete Díaz & Vázquez Law Firm), BAE FE LLC ($50,000), National Guard Exchange Military Store ($50,000), y Little Pictures (con $25,000 y que es una empresa del productor de cine Luis "Luillo" Ruiz, vinculado con donativos a Vázquez Garced a cambio de una reunión de cabildeo en La Fortaleza).

La FEC también había colocado a SAPR en su lista de "anomalías" porque había invertido $140,000, más del 50% de su gasto de campaña, en un solo suplidor, la agencia de publicidad De La Cruz & Assoc.

Desde 1985, Fuentes Fernández ha operado comercialmente bajo la entidad Fuentes-Fernández & Company y también ha tenido contratos públicos bajo Fuentes Fernández Consulting. Además, es el principal de la empresa Iconic Caribbean EB-5 Regional Center, que está en el negocio de tramitar las visas EB-5 que el gobierno de los Estados Unidos reserva para que entren al país inmigrantes cuyas destrezas laborales se requieren de manera específica.

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