En la vista de hoy el juez Anthony Cuevas no determinó si debe ser destituida como delegada congresional.

La vista judicial contra Elizabeth Torres Rodríguez culminó esta tarde sin una determinación sobre la petición del Departamento de Justicia para descalificarla como delegada congresional.

En cambio, el juez Anthony Cuevas Ramos no cerró las puertas al argumento de la defensa de Elizabeth Torres, que pidió la desestimación del caso por entender que su proceso de destitución es uno fuera de la jurisdicción del Tribunal por tratarse de un asunto político.

“Estamos ante una circunstancia novel. No se trata de un asunto que se ha atendido anteriormente en los tribunales”, expresó el juez al iniciar la vista.

La defensa, liderada por el abogado Michael Corona, planteó que la Ley de la Delegación Congresional tiene una falta de parámetros que obstaculizan el que se pase juicio sobre la delegada.

En particular, señaló que el argumento del Gobierno de Puerto Rico, de que la delegada no está cumpliendo con exigir al Congreso la estadidad y entregar los informes, es incorrecto, ya que sí lo ha hecho dentro de los parámetros de la ley, que son unos con falta de especificidad.

“Están pidiendo si les gusta o no los informes a la Rama Judicial y si esos informes cumplen con exigirle al Congreso la estadidad. Esa es una función política por excelencia”, sostuvo el licenciado.

De igual manera, argumentó que el Departamento de Justicia estaría delegando al Tribunal a establecer dichos parámetros ante la ausencia de ella en la ley.

“El Departamento de Justicia quiere que usted haga un reglamento, ellos no lo van a hacer, con parámetros y cuestiones administrativas y que usted a base de unos parámetros que no existen en la ley si los informes cumplen con exigirle al Congreso la estadidad”, expresó Corona.

El propio juez levantó estas preocupaciones al inicio de la vista al preguntarse cuáles son las rúbricas para evaluar si una delegada debe ser destituida de su puesto y qué implica trabajar para la estadidad.

“Tengo una idea pero no comprendo lo que deben hacer. Hay tanta creatividad e imaginación en esto que permite cualquier cosa. No quiero pensar que se trata de un criterio exclusivo del gobierno, necesitamos un criterio que nos permite a nosotros evaluar”, dijo el juez.

La parte demandante insistió en que este no es un asunto político, sino uno de cumplimiento con la función pública delineado en la Ley de Delegados Congresionales.

“La pregunta es: ¿hay gestiones? No es si nos gustan o no nos gustan. Es la posición del gobierno de Puerto Rico que aquí no hay gestiones y estos fondos públicos hay que protegerlos”, manifestó la abogada del Departamento de Justicia, Susanne Lugo Hernández.

“La demandada pretende que le paguen hasta el 2024 con fondos públicos para que ella escriba sobre gestiones que no son de su cargo. Eso llora ante los ojos de Dios", abundó.

A pesar de que el Departamento de Justicia reiteró que la delegada no ha cumplido con sus labores, el licenciado Corona subrayó en múltiples ocasiones que su representada ha trabajado por la estadidad, ha rendido todos los informes, defendiendo que el más reciente fue en video ya que en la ley no establece el formato.

Al culminar la vista, el juez anunció que los asuntos a resolver son si procede o no la abstención judicial y si se debe desestimar por la doctrina de cuestión político. Las partes tienen un plazo de cinco días para presentar sus escritos y luego se determinaría si procede o no la desestimación solicitada por la demandada.

El pasado 4 de abril el Departamento de Justicia presentó un Recurso Especial para la destitución de Torres. En el mismo pidió la destitución del cargo, pero no la devolución de los salarios ya pagados.

En el recurso le dijeron al tribunal que tomara en cuenta que la Constitución requiere que los fondos públicos se usen para fines públicos, pero "el salario devengado por la señora Torres Rodríguez ha perdido el fin público que lo justificaba, por lo que constituye un mal uso de fondos públicos remunerar a una persona que no está realizando sus funciones como delegada".

La defensa, liderada por el abogado Michael Corona, planteó que la Ley de la Delegación Congresional tiene una falta de parámetros que obstaculizan el que se pase juicio sobre la delegada.

De igual manera, argumentó que el Departamento de Justicia estaría delegando al Tribunal la encomienda de establecer dichos parámetros ante la ausencia de ella en la ley.

Al culminar, el juez anunció que los asuntos a resolver son si procede o no la abstención judicial y si se debe desestimar por tratarse de un asunto político.