La Jueza Presidenta del Tribunal Supremo explicó que no se tienen datos objetivos sobre el tratamiento dispar que reciben las personas por su raza cuando van a los tribunales.

La Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, planteó la posibilidad de comenzar a consignar el dato de la raza de las personas que pasan por procesos en los tribunales como una medida para darle visibilidad al problema de racismo en el Poder Judicial.

La jefa de ese poder constitucional hizo las expresiones al participar ayer de la Cumbre Internacional de Afrodescendencia, en el marco del Día Nacional para la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia, después de que su compañera de panel, la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, explicara que una tarea necesaria es "reconocer y desaprender" sobre el racismo porque "vivimos en sociedades racistas, racistas, pero negacionistas".

Campbell abundó que hay actitudes racistas en distintos ámbitos de la sociedad, incluyendo la educación y los tribunales, que no se reconocen como tal por lo integradas que se encuentran en esas estructuras. A lo que Oronoz reaccionó que le preocupaba escuchar, dentro de la propia judicatura, a personas convencidas de que en Puerto Rico no existe un problema de racismo.

"[L]as escucho no solamente de jueces y juezas sino de personas afrodescendientes", afirmó, a la vez que planteó que el Poder Judicial "traduce los mismos estereotipos y actitudes racistas" del resto de la sociedad y que el pueblo puertorriqueño sigue siendo "absolutamente racista".

Señaló como un problema el que actualmente la forma en que se levantan estadísticas en el Poder Judicial no incluye preguntar sobre la raza de la persona, por lo que no hay forma de demostrar objetivamente el trato dispar que reciben las personas, según su color de piel, en procesos de custodia de menores, de fianzas, en las sentencias y en los procesamientos de menores. Muchas veces se olvida, acotó, que el aura de neutralidad con el que se mira a los tribunales debe considerar que los jueces son personas que también cargan prejuicios sociales. Además, "todo lo que ha pasado antes de llegar al tribunal no ha sido neutral, no ha sido equitativo", en referencia a que la legislación ha sido, históricamente, producida y aplicada por hombres blancos heterosexuales.

Sin mencionar por nombre el caso de la estudiante Alma Yariela Cruz Cruz, joven negra que el Departamento de Justicia intentó procesar por un incidente con otra estudiante en la escuela, la jueza ofreció como ejemplo de racismo y clasismo el que los problemas entre estudiantes de colegios privados se resuelven con profesionales de la conducta humana en el mismo colegio, pero los mismos problemas en escuelas públicas se resuelven buscando procesar criminalmente a los estudiantes.

"Tenemos que hacer un estudio serio de la situación de raza y del impacto de la raza en el sistema jurídico del país", dijo sin especificar cómo y cuándo, en calidad de jefa de ese poder constitucional, ejecutaría dicha iniciativa.

Campbell contestó que la experiencia de su país le dice que "cuando teníamos datos, señora Presidenta, nos permitió abordar los temas (de racismo)" y recordó que lo mismo sucede en el tratamiento de la población penal.

Por su parte, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, recordó que desde el año pasado el Día de la Abolición de la Esclavitud ha sido renombrado el Día Nacional para la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia y que "mientras de lo único que hablemos sea de la esclavitud, no hemos superado el tema del racismo porque seguimos ubicando a las personas afrodescendientes solo como esclavas".

Argumentó que el racismo y el patriarcado están unidos porque al examinarse conceptos y lenguaje que se utiliza en las leyes y en la sociedad, se concluye tienen su raíz en cuando lo principal que se reconocía era la calidad de propietario que tenían los hombres blancos. Propietarios de tierras, de sus esposas, de su familia y de otros, como la población negra, a los que se restaban derechos y humanidad, amplió.

La ley que redefinió la conmemoración de la abolición de la esclavitud expone que "[e]l 22 de marzo de 1873 fue la abolición formal de la esclavitud en Puerto Rico, pero el racismo, producto de esa infame institución, persiste, y para su erradicación hace falta una educación antiracista en todos los niveles del sistema educativo"."El racismo provoca desigualdad en el acceso a la salud, educación, vivienda, empleo, movilidad económica, posiciones de liderazgo, entre otras", añade al ordenar que distintas dependencias del gobierno tomen acciones afirmativas para la educación antiracista, incluyendo que el Instituto de Estadísticas ejecute "todas las acciones y medidas necesarias para documentar las manifestaciones del racismo a través de la recopilación concertada de datos socio-demográficos que permitan monitorear el impacto de estas y otras políticas públicas en función de la erradicación el racismo".

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