El juez federal Francisco Besosa arremete contra la Ley 9, a través la cual los contribuyentes tienen que pagar millones por abusos de empleados públicos cuyos bolsillos no sufren por sus actos.

El juez federal Francisco A. Besosa pidió la eliminación o modificación significativa de la ley que le da protección a los empleados públicos que son demandados por violaciones de derechos civiles, llamándola una "reliquia" que no ha sido efectiva y que le ha costado a los contribuyentes $15 millones solo en los últimos 10 años.

Las expresiones fuertes y directas se registraron en una decisión relacionada a cinco casos por discrimen político en la Legislatura que fueron transigidos por casi $10 millones y que se mantienen vivos porque el gobierno incumplió en los plazos para los pagos. Los poco más de 100 empleados demandantes reclamaron que, si no les pagaba el gobierno, que entonces les pagaran los funcionarios demandados, encabezados por los expresidentes legislativos, Eduardo Bhatia Gautier y Jaime Perelló Borrás.

El juez explicó que la ley que da protección a los funcionarios públicos demandados en este tipo de casos, conocida como Ley 9, así como los términos del propio acuerdo transaccional, lo obligaban a concluir que era el estado, y no los funcionarios, el que tenía que pagar. Pero aprovechó para armar un ataque contundente a lo que ha sido el efecto de esta ley.

La decisión del juez se registró en febrero pasado, pero se había mantenido confidencial porque el Departamento de Justicia exigió confidencialidad del acuerdo transaccional suscrito en mayo de 2016. Sin embargo, ante una solicitud de divulgación de NotiCel, el juez levantó la confidencialidad de su decisión, del acuerdo transaccional y de otros documentos relativos.

Uno de los documentos liberados es una certificación que hizo Justicia que muestra que, entre 2012 y 2019, pagaron $15,138,133.23 por gastos de Ley 9. En 2020 y 2021 no hubo pagos, presumiblemente por el efecto de la paralización de reclamaciones contra el estado que impuso la radicación del caso de quiebra de Puerto Rico. Esta paralización quedó sin efecto el 15 de marzo, mismo día en que se ejecutó el Plan de Ajuste de la Deuda, por lo que este tipo de reclamaciones puede reactivarse.

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"La Ley 9 es una reliquia del pasado, necesita reforma o derogación para servir a los intereses actuales de Puerto Rico", planteó. "Los funcionarios públicos se abstendrían de violar derechos civiles si sus cuentas bancarias personales estarían sujetas a las consecuencias del litigio. Como la Ley 9 le da a los oficiales electos mano libre para violar la Primera Enmienda, el padrinazgo político seguirá permeando el servicio público del Gobierno de Puerto Rico. Esta isla no se puede dar el lujo de una política amplia de indemnización a sus funcionarios", añadió.

El escrito presenta datos con los que el juez sustenta sus críticas.

Además de los $15 millones en los últimos 10 años, también en 1993 la Comisión de Derechos Civiles estimó que, tan solo en casos por discrimen político, el gobierno había gastado $100 millones en los cinco años anteriores.

Además, un análisis que cubre 35 años arrojó que el promedio de casos por discrimen político apelados a nivel federal es de seis por cada distrito. Pero tan solo del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en ese mismo periodo, se apelaron 276 casos por discrimen político. Un 50.8% de todos los casos de discrimen político revisados por todos los tribunales apelativos federales vinieron de Puerto Rico.

"Ciertamente, una miríada de factores adicionales a la Ley 9 contribuyeron a la crisis económica actual. Esta ley, sin embargo, representa un drenaje inmenso de fondos públicos", apuntaló.

Los funcionarios públicos no reciben representación gratis del estado automáticamente cuando los demandan por derechos civiles. El proceso implica una solicitud al Secretario de Justicia, a quien único se le reconoce la discreción para decidir si se le concede representación al funcionario. Además, después de que el caso se acaba y viene una sentencia, el Secretario de Justicia tiene otra oportunidad para decidir si el veredicto se va a pagar con fondos públicos o no. En ocasiones, esto ha creado una encerrona para los demandantes, quienes pasan por todo el trabajo de probar su caso en corte para que, a la hora de cobrar la sentencia, el gobierno decida dejar a los funcionarios descubiertos.

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"Los demandantes en casos por discrimen político transan sus reclamaciones por poco más que un veredicto de papel. Renuncian a su día en corte a cambio de promesas que puede que nunca se materialicen", dijo Besosa sobre los acuerdos transaccionales bajo Ley 9, que el gobierno le requiere a los demandantes que sean confidenciales.

Al resaltar que los casos de discrimen son cíclicos y los han cometido los dos partidos que se han alternado el poder político en la isla, el juez insistió en que, como no les duele en su bolsillo, los funcionarios públicos han discriminado "a mansalva" durante décadas. "Los puestos en el gobierno se llenan con aduladores del partido en poder, aquellos que se identifican con un partido y dejan sus conciencias atrás cuando les dan empleo público... son el epítome de lo que se conoce como 'corazón del rollo' (mientras) que candidatos calificados y competentes piensan dos veces entrar al servicio público por miedo a que con la próxima elección sean despedidos en masa", opinó.

Este ciclo también drena los fondos públicos porque Justicia puede recurrir a pagar abogados externos para atender estos casos y resulta que esos abogados que un cuatrienio están defendiendo a los funcionarios públicos demandados son los mismos que el otro cuatrienio están defendiendo a los empleados que demandan por discrimen ya que ellos mismos también son reemplazados cuando cambia el gobierno.

"Ocupar un cargo público es un privilegio, no una oportunidad para saquear los recursos gubernamentales limitados para ganancia personal o política. Los servidores públicos no son piezas desechables de una maquinaría política, son esenciales para un gobierno funcional y están protegidos por legislación antidiscrimen. Estos conceptos son tan simples, pero constantemente se le escapan a gobernadores, senadores, representantes y alcaldes de todas las orientaciones políticas", argumentó al achacar esta conducta a una "completa falta de integridad" de parte de oficiales electos de ambos bandos políticos.

Para ver la decisión del juez Besosa sobre Ley 9, pulse aquí.