Juez federal ordenó divulgación de información sobre lo que los contribuyentes han pagado por violaciones de derechos civiles cometidas, a pesar de oposición del gobierno a la divulgación.

El pueblo de Puerto Rico ha pagado $15.1 millones en los últimos 10 años para cubrir casos y sentencias contra funcionarios que violaron derechos civiles, según consignó el Departamento de Justicia en un documento judicial sometido confidencialmente, pero que fue liberado por el juez federal Francisco A. Besosa, a solicitud de NotiCel.

Justicia hizo un desglose de lo que había pagado cada año desde 2012, pero el gobierno ha estado cubriendo sentencias de funcionarios que violan derechos civiles desde hace décadas. Incluso, se estima que, entre 1988 y 1993, y tan solo en demandas por discrimen político, el gobierno gastó $100 millones en fondos públicos.

El desglose que sometió Justicia denota una reducción de gastos en este renglón desde que se radicó el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico en 2017 hasta ahora, debido a la paralización que ese caso provocó en los cobros y reclamaciones contra el gobierno.

Pero, precisamente hoy que se ejecutó el Plan de Ajuste de Deuda, esa paralización se levanta y se pueden reanudar los cobros y reclamaciones contra el estado por la mala conducta de sus funcionarios, empleados y hasta de contratistas.

El estatuto que permite que el gobierno pague con dinero público la representación legal y sentencias de estos funcionarios se conoce como Ley 9. Históricamente, ha sido el mecanismo para cubrir reclamaciones por brutalidad policiaca, hostigamiento sexual y discrimen político pero también, por ejemplo, cubrió al exgobernador Pedro Rosselló González y otros de su administración cuando el diario El Nuevo Día los demandó por retirarle la pauta publicitaria y afectarles permisos de otros negocios de la empresa publicadora.

Según desglosó Justicia al Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, los pagos bajo Ley 9 fueron aproximadamente $1 millón en 2012, $1 millón en 2013, $1.8 millones en 2014, $1.1 millones en 2015, $4.1 millones en 2016, $5.8 millones en 2017, $150,000 en 2018, $900 en 2019 y $0 tanto en 2020 y 2021, para un total de $15,138,133.23. Los años de mayor cuantía, 2016 y 2017, son precisamente los dos años entre que el gobierno aceptó que no podía pagar la deuda pública y que se radicó el caso de quiebras paralizando todos los cobros.

Besosa calificó estos gastos de "exorbitantes". "Notablemente, e increíblemente, los oficiales de alguna manera localizaron casi $6 millones durante este periodo tumultuoso para indemnizar a políticos que se alega violaron leyes antidiscriminatorias", dijo en referencia a la cantidad registrada para 2017, año de la quiebra y del huracán María. El juez también reclamó cambios a la Ley 9 y, de hecho, la política del Departamento de Justicia federal es prohibir los acuerdos transaccionales confidenciales por respeto a "los principios de apertura en el gobierno (y) en procesos judiciales".

NotiCel solicitó la divulgación mediante una moción a Besosa bajo el amparo del derecho constitucional que tienen los ciudadanos para acceder a la información del gobierno, a la presunción de apertura que tienen que tener los procesos judiciales, y a que se trata de casos que tienen que ver con fondos públicos y con la conducta de funcionarios públicos en el descargue de sus responsabilidades.

Los abogados de los empleados demandantes se allanaron a lo que el juez decidiera y apuntaron a que fue Justicia la que insistió en la confidencialidad del acuerdo transaccional como una condición para firmarlo.

Mientras, Justicia se opuso porque se trataba de información "sensitiva" y "privilegiada" cuya divulgación haría más difícil el poder hacer transacciones en casos futuros y se "menoscabaría considerablemente la posición (del estado) en la mesa de negociación". Esto porque demandantes futuros pueden crearse "expectativas irrazonables" de cuánto dinero pueden obtener en una transacción y porque, dar acceso a la información, "resultaría en una pendiente resbaladiza de solicitudes que pueden poner en peligro de manera seria e irreparable las protecciones que provee la Ley 9".

Al resolver a favor de la divulgación, Besosa concluyó que "el público tiene un interés significativo en conocer cómo su gobierno está gastando su dinero". En cuanto al supuesto efecto que tendría sobre negociaciones futuras, el juez apuntó que "la fortaleza de una parte es la debilidad de otra". "La ventaja que (Justicia) percibe que tiene en la 'mesa de negociación' es inmaterial para el análisis del tribunal y es insuficiente para rebatir la presunción de acceso público a documentos judiciales", subrayó.

La orden de Besosa ocurrió específicamente en una serie de casos por discrimen político que empleados identificados con el Partido Nuevo Progresista (PNP) sometieron contra los expresidentes legislativos Eduardo Bhatia Gautier y Jaime Perelló Borrás después de que el Partido Popular Democrático (PPD) tomó control de esa rama tras las elecciones de 2012 y los removiera de sus puestos.

Entre todos los casos relacionados a ese evento, el Departamento de Justicia transigió antes de juicio con unos 109 empleados (con entre siete meses y 20 años de servicio) para resolver la controversia pagándoles $9,957,500. Las transacciones confidenciales fueron sometidas al tribunal en 2016, casi un año después de que el exgobernador Alejandro García Padilla reconociera que la deuda del gobierno era "impagable". Los pagos serían a plazos que llegaban hasta marzo de 2017, menos de dos meses antes de que la radicación del caso de quiebras paralizara todos estos pagos.

En una de sus secciones, el acuerdo transaccional dice que "bajo ninguna circunstancia se distribuirá este documento, o alguna copia del mismo, a la prensa o los medios o a ninguna persona sin la autorización escrita (de Justicia)". También le prohíbe a los demandantes publicar información que hayan obtenido en descubrimiento de prueba.

La abogada Judith Berkan, que tiene una trayectoria de décadas litigando contra el gobierno por violaciones de derechos civiles, describió en un artículo académico los problemas que esas exigencias de confidencialidad del gobierno provocan, incluso para la ética de los abogados de los demandantes. "El proceso transaccional puede parecerse más al chantaje que a una resolución legítima de reclamaciones", observó.

El caso contra Bhatia y Perelló se mantuvo vivo hasta hoy porque los demandantes reclamaban que si el gobierno no les pagaba, les tendrían que pagar los funcionarios de su propio bolsillo, pero el 24 de febrero pasado Besosa dijo que tenían que esperar a que el gobierno les pudiera pagar porque la Ley 9 y el acuerdo transaccional especifican que era el estado, y no los funcionarios, los responsables del pago.

Las cantidades que aparecen pagadas bajo Ley 9 en 2016 y 2017 deben incluir parte de lo que se pagó en este caso, pero no la totalidad de los casi $10 millones porque quedaron plazos sin pagar.

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Para ver la orden del juez Besosa liberando información, pulse aquí.

Para ver la oposición de Justicia a la liberación de información, pulse aquí.

Posición de demandantes sobre liberación de información, pulse aquí.

Para ver acuerdo transaccional confidencial en caso de discrimen político en el Capitolio, pulse aquí.