La Cámara de Representantes pide unirse a pleito de legisladoras de Proyecto Dignidad con el argumento de que las órdenes son una usurpación del poder legislativo.

Al filo del segundo aniversario de la primera orden ejecutiva por la pandemia, y cuando el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia ha dado señales de que flexibilizaría la orden ejecutiva vigente con restricciones sanitarias, la Cámara de Representantes pidió unirse al pleito con el que las legisladoras de Proyecto Dignidad (PD) impugnan el poder del Gobernador para emitir estos decretos ejecutivos.

Los fundamentos de la Cámara y de la senadora Joanne Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos Muñiz son similares, pero sus argumentos difieren en que la Cámara entiende que el Gobernador tiene poder para mandatar la vacunación mediante orden ejecutiva, pero no para regular la operación de negocios privados, mientras que las legisladoras se enfocan en la imposición de la vacunación como condición para asistir a la escuela, viajar, tener acceso a servicios y trabajar.

"[M]ás allá de los mandatos de vacunación, el resto de las medidas que desde marzo de 2020 se han impuesto a personas privadas carecen de autorización legislativa y, por ende, exceden el marco de acción de la orden ejecutiva. Los pasados dos gobernadores han optado por ignorar el régimen estatutario antes descrito y en lugar de ello han optado por convertirse en una especie de 'zar de la pandemia', creando una serie de reglas ad hoc sobre múltiples aspectos del quehacer diario del País que procuraban regular tanto al gobierno como a la empresa privada", planteó la Cámara en su escrito.

La demanda está ante la consideración del juez superior Alfonso Martínez Piovanetti y el Gobernador ya pidió la desestimación de la reclamación de las legisladoras, entre otros argumentos, porque estas no tenían capacidad jurídica para entablar el pleito, porque el Primer Ejecutivo está autorizado a emitir las órdenes bajo la Ley 20 que creo el Departamento de Seguridad Pública y porque las legisladoras lo que deben hacer es "trasladar el debate a la arena legislativa". "Desde allí, (pueden) promover los cambios que entiendan convenientes a la delegación de poder realizada al Gobernador -por la pasada composición de la Asamblea Legislativa- y de esta forma llevar nuevamente cualquier cambio al Cuerpo en pleno", dice la moción de desestimación de Justicia.

Por su parte, en la demanda de intervención, que el juez tiene que aprobar, la Cámara plantea que "[i]ndependientemente de la sabiduría, idoneidad o hasta de la necesidad de medidas tales como la limitación en el aforo y el cierre, cese parcial o reapertura de múltiples negocios no pueden ser impuestas mediante orden ejecutiva por no existir legislación que le delegue al Gobernador la facultad de regular tales aspectos de la vida diaria".

La primera orden ejecutiva por la pandemia la emitió la exgobernadora Wanda Vázquez Garced el 15 de marzo de 2020, pero, "[d]ada la aprobación de vacunas y tratamientos altamente efectivos, así como la baja considerable en los contagios y en las hospitalizaciones, así como la reapertura de todas las actividades socioeconómicas, resulta imposible concluir que la pandemia generada por el COVID-19 aún justifica el sostenimiento de un estado de emergencia", subraya la Cámara en su escrito que pide un decreto de inconstitucionalidad contra las órdenes ejecutivas.

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