Los jueces enfrentan el cambio a sus pensiones sin que el Poder Judicial los haya orientado formalmente sobre cómo el Plan de Ajuste de la Deuda les afecta su retiro.

Mientras la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) mantiene la meta de ejecutar el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), y los cambios que esto trae a los sistemas de pensión de maestros y jueces, para el 15 de marzo, los miembros de la judicatura enfrentan estos cambios sin orientación formal, pero con cada uno haciendo sus "numeritos", lo que ha provocado la renuncia de 23 de estos.

A solicitud de NotiCel, el Poder Judicial confirmó que 23 jueces (tres municipales, 17 superiores y tres de apelaciones) siguen activos pero ya presentaron su renuncia. Además de estos 23, desde 2019 en adelante, cuando ya eran conocidas las alternativas que la JSF barajaba para el Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ), se han jubilado 60 jueces (12 de apelaciones, 44 superiores y cuatro municipales).

Un juez superior, Aldo González Quesada, calificó el movimiento de "estampida" en un post que colgó recientemente en sus redes sociales y que mostraba una foto de grupo de seis jueces, incluyendo a Eloína Torres Cancel, Gisela Alfonso Fernández y Rebecca de León Ríos.

Actualmente, hay 361 jueces activos en todos los niveles del Poder Judicial. Por ley, están autorizadas 85 plazas de jueces municipales, 253 en el nivel superior y 39 en el apelativo, aparte de los nueves jueces asociados del Tribunal Supremo. Aunque no lo ha hecho todavía, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José "Conny" Varela Fernández, adelantó que radicaría una resolución para investigar la carga de trabajo que tiene la judicatura actualmente con miras a revisar el número de plazas autorizadas.

"No tenemos números exactos, pero sí nos consta que son múltiples los compañeros y compañeras que son jueces jurídicamente maduros, y en plena producción, y se retiran por el impacto que va a tener el PAD en el futuro de sus retiros, de quedarse activos una vez entre en vigor el mismo", dijo el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ), el juez de apelaciones Carlos Salgado Schwarz.

Cuando la APJ retiró su intención de oponerse al PAD en el Primer Circuito de Apelaciones de Boston, su presidente indicó que habían promovido la acción "sin el apoyo institucional ni financiero de nuestro patrono". Apuntó que enfocarían sus esfuerzos para "gestionar con la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) y con el Sistema de Retiro para estar debidamente informados de los efectos de este plan de ajuste tanto en el sueldo actual de los magistrados, como en el futuro de nuestros asociados".

Sin embargo, jueces con los que NotiCel consultó aseguraron que cada uno está interpretando por su cuenta cómo les afecta el PAD y haciendo los cálculos financieros de acuerdo a su realidad personal porque no han recibido orientación formal de la OAT ni la APJ.

En términos generales, el PAD mantiene a los jueces sin un aumento por el costo de la vida en sus pensiones y con un plan de retiro tipo cuenta individual 401k. Pero, a partir de ahí, hay factores como la edad y los años de servicio que pueden impactar individualmente a cada juez y que pueden incidir en que le convenga retirarse antes del 15 de marzo o no.

Los jueces que han optado por retirarse no han hecho expresiones públicas sobre su decisión, pero el año pasado fue discutida públicamente la carta de renuncia que el juez de apelaciones, Gerardo Flores García, dirigió al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

"El Poder Judicial enfrenta unos retos históricos que exigen nuestra férrea defensa de los valores democráticos que representa la independencia judicial. Resulta indispensable educar a la sociedad sobre nuestra función constitucional, garantizar la transparencia bajo el reconocimiento de que no somos una rama política, continuar promoviendo el acceso a la justicia de manera real e igualitaria, la educación jurídicia continua entre jueces y la defensa de la discreción del juzgador, entre otros asuntos. Además, no podemos pregonar la independencia judicial, mientras los jueces activos viven con la incertidumbre de una pensión reducida al mínimo, sin cotizar los beneficios del seguro social, sin ningún beneficio marginal, con un plan de servicios de salud limitado y sin incentivos por grados universitarios, años de experiencia o productividad. El valor de un poder judicial robusto e independiente no puede estar a expensas de ahorros exiguos", planteó en la carta del 30 de junio de 2021.

El PAD provee para que los jueces comiencen a cotizar seguro social y para 7% de aumento al personal de la Rama Judicial (un promedio de $200 al mes), pero no abarca aumento de sueldo para los jueces porque el mismo está fijado por ley.

Para una fuente con la que NotiCel habló y que tiene experiencia en la judicatura, la "estampida" de jueces por el PAD implicará un nivel de hundimiento mayor en el deterioro de ese poder constitucional, en una línea que incluye nombramientos inmeritorios que responden a la dinámica partidista y la baja en la confianza del pueblo en la rama debido a decisiones como la de decretar la confidencialidad de las grabaciones en los casos de Andrea Ruiz Costas y actuaciones como las del exjuez superior, Jorge Díaz Reverón.

"Los que se quedan es porque no tienen los años para retirarse y prefieren quedarse con una pensión reducida, o no tener ninguna", opinó al anticipar que la falta de actualización de salarios y los cambios en retiro provocarán que la "incompetencia" se convierta en la característica principal de la judicatura del futuro.

El salario autorizado en ley para los jueces municipales es $69,600 anuales, para los superiores $89,600, para el apelativo $105,000, para los jueces asociados $120,000 y para el Juez Presidente $125,000.