El alcalde había dicho que preservaría a la entidad en la sede que ha tenido desde el 1932, pero ahora la desahució.

El Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez ordenó el desahucio del Antiguo Casino de Mayagüez de la sede que ocupa en el casco urbano de la Sultana del Oeste desde el 1932.

La sentencia que emitió el miércoles pasado el juez Miguel A. López Feliciano es un desenlace muy distinto a la relación del municipio con esa entidad cultural que al desenlace que prometió el alcalde en 2010.

En ese año, el alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez solicitó a la Legislatura Municipal "autorización para comenzar las gestiones necesarias con el fin de lograr la adquisición por parte del Municipio del edificio donde ubica el Casino de Mayagüez, con el fin de preservar una de las entidades más antiguas y emblemáticas de Mayagüez, y continuar el enriquecimiento social y cultural de nuestra Ciudad".

El Casino, fundado en 1874, había acudido al gobierno municipal porque sus caseros no le renovaron el contrato de alquiler debido a su intención de vender el edificio en el que el Casino ocupa la segunda planta desde 1932.

En efecto, el Municipio adquirió el edificio mediante expropiación en 2018 pagando $1,153,000 a sus propietarios, el licenciado Gregorio Igartúa de la Rosa y su esposa. En 2003, el matrimonio se había convertido en dueño único de la estructura, después de comprar el 50% de la misma a un pariente por $490,000, por lo que, para el 2003, el valor estimado del edificio era de unos $980,000.

Sin embargo, documentos sometidos como evidencia en una demanda federal revelan que, a pesar de las promesas del Municipio al Antigüo Casino, el ayuntamiento consideraba la sede de esa entidad como parte de las múltiples propiedades del municipio que podía poner en colateral para movimientos financieros a través de la controvertible corporación municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI). Un caso criminal federal y varios otros procesos federales y estatales son el saldo de las movidas del Alcalde en MEDI.

Luego de la expropiación, en noviembre del año pasado, el Municipio presentó la demanda para desahuciar al Casino, cuya permanencia en el edificio fue la justificación que usó el Alcalde para que la Legislatura Municipal le autorizara expropiar.

El juez López Feliciano resolvió a favor del desahucio basándose en que el Casino no pudo producir un contrato de alquiler que cumpliera con los requisitos de ley. El ayuntamiento argumentó al juez que el Casino era "meramente un ocupante en arrendamiento con el dueño anterior de la propiedad y que se encontraba ocupando el local a la fecha de decretarse con lugar la expropiación".

Además del desahucio, el juez impuso al Casino el pago de $2,000 por temeridad al concluir que sus argumentos cuestionando la legitimación del Municipio para presentar la demanda de desahucio, sabiendo que se habían convertido en dueños de la propiedad mediante el procedimiento de expropiación forzosa, tuvieron el efecto de dilatar el caso.

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