La expolítico del PPD celebró el acuerdo, pero todavía no es final e incluye el pago de los gastos de los fiscales.

La exsenadora del Partido Popular Democrático (PPD) por Mayagüez-Aguadilla, Maritere González López, evitó el inicio de su juicio criminal, que estaba pautado para comenzar hoy, mediante una oferta para declararse culpable que todavía requiere la aprobación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) y que implicaría seis meses de probatoria y pago de $15,000 por los gastos incurridos en el procesamiento.

Esa oferta de acuerdo pondría fin al desmoronamiento de su carrera política, que comenzó a darse en 2016 cuando, siendo senadora y ocupando el banquillo de los testigos en el proceso federal por el esquema de fraude del exrecaudador PPD, Anaudi Hernández Pérez, se acogió a su derecho a no autoincriminarse para evadir preguntas sobre un pago de $2,000 que le hizo el recaudador. Además, sobre si lo ayudó a conseguir la aprobación del Senado para algunas designaciones que el recaudador interesaba asegurar para obtener contratos públicos. Hernández Pérez realizó actividades de recaudación para la senadora, incluyendo en su notoria mansión frente a la playa en Aguadilla.

La postura provocó que renunciara a la reelección, a lo que le siguió en 2017 la radicación de 13 cargos por parte del PFEI. Un cargo bajo la Ley de Ética por supuestamente ayudar a la confirmación de la exfuncionaria, convicta a nivel federal, Sally López Martínez, para el beneficio de Hernández Pérez fue desestimado.

Los 12 cargos que quedan hasta hoy tienen que ver con omisiones de la exsenadora en sus informes financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Son cuatro de perjurio, cuatro de falsedad ideológica y cuatro de posesión y traspaso de documentos falsificados.

Hernández Pérez y su socio, Héctor Vargas, eran dos de los testigos en lista para el caso, así como el oncólogo Rolando Jiménez, donante de González López y propietario de un apartamento en Puerta del Mar, Aguadilla, que le rentó a la exsenadora pero que esta no reportó adecuadamente en sus informes.

En un comunicado de prensa celebrando el acuerdo que todavía no es final, el abogado de la exsenadora, Yuseph Lamboy, dijo que la negociación "implica lo siguiente: no habrá juicio, y ella tampoco pagará multa, simplemente queda una probatoria por seis meses... En cuanto a la alegación de que González no había pagado por el alquiler de un apartamento y que había sido un donativo político, quedó ampliamente demostrado que la exsenadora sí pagó por el mismo”.

La fiscal especial independiente, Leticia Pabón, quien maneja el caso junto al fiscal Ramón Mendoza, reiteró por su parte que el acuerdo espera por la aprobación del Panel y que la exsenadora había pedido solo multa, sin probatoria, pero la postura de los fiscales es que tenía que cumplir probatoria. Añadió que los cargos pasaron por dos etapas, causa para arresto y causa para juicio, y sobrevivieron 12 de los 13 cargos, por lo que no eran inmeritorios.

Pabón afirmó también que la evidencia en el caso es contraria a las expresiones del licenciado porque el que sufragó la deuda del apartamento fue el hermano de la exsenadora y el doctor Jiménez era uno de los testigos que se sentaría a establecer los hechos que dieron base a la acusación, incluyendo que la senadora lo reportó como casero de una propiedad que no es de él. Jiménez es responsable de recaudarle a la exsenadora entre $70 y $80 mil para sus arcas políticas.

Lamboy alegó que el proceso se reducirá a "un solo caso menos grave, que pudo haberse atendido administrativamente", pero la fiscal aseguró que "en el acuerdo no habrá ningún archivo (de cargos)".

En el comunicado, la exsenadora expresó, como una declaración final, que “luego de este proceso de persecución tan difícil y extenso, que podía haberse dilucidado por mis pares en aquel momento o en la vía administrativa, finalmente lo damos por concluido... Yo continúo con mi vida de trabajo y servicio junto a mi familia y los que creen en mí".

González López es actualmente contratista del municipio de Arecibo a razón de $3,400 mensuales para supervisar los programas, pagados con fondos federales, Child Care, Luisa Capetillo, Amas de llave, Juventud del Ayer y Auxiliar del Hogar, así como los programas pagados con fondos municipales, Villa Pesquera y Plaza del Mercado, que se administran con fondos del municipio.

La lectura de sentencia está pautada para el 12 de mayo.