El demandante sostiene que hay reglas federales que el Gobierno de Puerto Rico no ha integrado y que facilitarían el diario vivir de impedidos.

Un abogado del área oeste que desea identificarse solo por las siglas de su nombre, ERC, demandó al Gobierno de Puerto Rico para que incorporen reglas federales que permiten una exención momentánea al requisito de usar mascarillas en lugares públicos para facilitar la comunicación con audioimpedidos.

El abogado, quien es sordo, pide un interdicto para que las órdenes ejecutivas del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, y las órdenes del Departamento de Salud emitidas al amparo de éstas, modifiquen el requisito de uso de mascarillas para que las personas se las puedan quitar "mientras se comunican durante lapsos breves con una persona con discapacidad auditiva, cuando es esencial que se vea la boca para lograr la comunicación".

"La presente acción versa en las acciones y omisiones de la parte demandada en cumplir con su deber ministerial de proveer y educar a sus funcionarios públicos y ciudadanía en general sobre el derecho al acomodo razonable para las personas con impedimento. En específico la condición del demandante consistente de poder ver los labios y cara del funcionario que le ordena o le presta un servicio al demandante", dice el recurso presentado el viernes pasado en el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla.

ERC, quien está vacunado con la serie completa y apoya las medidas de seguridad para controlar la pandemia, sostiene su solicitud de "acomodo razonable" en varias experiencias personales.

Por ejemplo, el 4 de enero pasado dice haber sido víctima de una detención ilegal en el aeropuerto de Aguadilla cuando, al llegar a la isla desde Florida y usando su mascarilla, mostró su licencia de conducir que lo identifica como audioimpedido y se le denegó la salida del aeropuerto y entrada al país. Estuvo detenido por 40 minutos sin que le explicaran por qué, hasta que personal de Salud lo escoltó fuera del terminal.

Al día siguiente fue a radicar una querella en la Comandancia de Aguadilla y el Cuartel Ramey San Antonio y no tenían personal para atenderlo. Volvió al aeropuerto para tramitar una querella y el personal de seguridad no le permitió la entrada.

Relató, además, problemas que ha tenido como audioimpedido, por no poder comunicarse bien con la mascarilla, en la compra de alimentos, de calzado para su hija, de despacho de medicinas y otros eventos en los que entiende se le han violentado sus derechos bajo las constituciones de Estados Unidos y de Puerto Rico así como la ley federal de personas con impedimentos (ADA en inglés) y la Carta de Derechos de Personas con Impedimentos.

ERC consigna que, antes de someter su demanda, ha sometido querellas desde octubre de 2020 en distintas ocasiones a la Defensoría de las Personas con Impedimento, a Salud y a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Transportación y Obras Públicas y "[n]inguna de estas gestiones ha pasado de tomar la querella o un email automático de acuse de recibo".