Aval federal para restricciones del Gobernador a los negocios por covid
Un magistrado federal denegó emitir un interdicto en contra de la Orden Ejecutiva 75 y reglas del Departamento de Salud que inciden sobre los negocios por la pandemia.
Un magistrado federal concluyó que son constitucionales las reglas y órdenes que ha emitido la Administración Pierluisi que imponen restricciones y requisitos a los negocios como parte de la estrategia para controlar la pandemia del Covid-19.
La conclusión del magistrado Marcos A. López pasa ahora al juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, para su ratificación.
El magistrado celebró vista durante seis días en diciembre para recibir la evidencia y emitió su determinación el lunes pasado. El pleito lo promovió el mismo grupo que había presentado, sin éxito, otra demanda federal impugnando el requisito de vacunación que enfrentan los empleados públicos. La determinación del juez federal Pedro Delgado en ese caso está sometida para revisión ante el Primer Circuito de Apelaciones en Boston. La controversia sobre los comercios era el único pleito significativo que quedaba por resolver sobre las órdenes ejecutivas de esta administración sobre la pandemia.
"Tanto el Reglamento 138-A (del Departamento de Salud) como la Orden Ejecutiva 75 (OE 75) están racionalmente relacionadas con un interés gubernamental legítimo y no fueron promulgadas con un grado de arbitrariedad, opresión o irrazonabilidad que exceda lo que requería la seguridad pública", concluyó López. "El Gobierno de Puerto Rico ha tirado líneas racionales, aunque no sean líneas perfectas. Por tanto, no es apropiado que el tribunal cuestione a los expertos en salud pública en cuanto a estas medidas, aún cuando más excepciones o menos restricciones sean una opción más atractiva de política pública", añadió.
Lo impugnado en el reglamento no es el reglamento completo sino una enmienda que añadió la vacunación del Covid-19 como uno de los requisitos que tiene que cumplir la persona para poder emitírsele los certificados de salud que se piden como condición de muchos empleos y otras actividades económicas. La OE 75, entre otros, impuso a los comercios la responsabilidad de corroborar el status de vacunación de sus clientes y empleados, o pedirles pruebas negativas de detección de coronavirus y limitar su aforo a 50%.
El magistrado adelantó también que el gobierno tendrá que aliviar las restricciones en la medida en que el desarrollo de la enfermedad cambie.
"Sin duda, el público tiene un interés de volver a un estado de normalidad en el que sus derechos no sean infrigidos por el estado de emergencia actual... Dicho futuro es lo que la ciencia, la salud pública y la paciencia de los residentes de Puerto Rico han buscado lograr. En la medida en que el virus se convierte en menos propenso de sobrecargar las capacidades de salud pública, sea por la evolución natural, vacunación, inmunidad natural o tratamientos nuevos, las líneas que balancean las acciones y apoyan el interés público tendrían que ser redibujadas", argumentó.
En su reporte de 62 páginas, López atiende las circunstancias de cada demandante y las descarta como insuficientes para vencer sobre el poder constitucional que tiene el gobierno de velar por el interés general en el contexto de una pandemia.
El dueño de la corporación Tropical Chill, que opera varias tiendas de mantecados, Jaime Vega, dijo que él y toda su familia están vacunados pero sostenía que hacer la verificación de los clientes y la limitación de aforo le redujo sus ventas en 20% y lo mantenía bajo amenaza de tener que hacer recortes en su operación. Pero el magistrado no encontró que los daños reclamados sean del nivel que sostendrían la emisión de un interdicto contra el gobierno y que los mismos no son "irreparables".
Otra demandante fue Jasmín Vega, la operadora de un Airbnb en Mayagüez que sostenía que tiene oposición a la vacunación por motivos religiosos ya que la misma es la "marca de la Bestia" que el libro bíblico Apocalipsis propone como una señal del final de los tiempos y que cumplir con la orden en su negocio la haría "cómplice" de eso. El magistrado descartó su argumento porque, en el estrado, la mujer prefirió acogerse a su derecho a no autoincriminarse antes de contestar si estaba requiriendo prueba de vacunación a sus clientes, lo que no dejaba que el tribunal pudiera concretar si realmente estaba cumpliendo con la orden o había sufrido daños relacionados a ese cumplimiento.
La demandante Eliza Llenza, por su parte, contrajo la enfermedad y entiende que no tiene que vacunarse porque ya tiene inmunidad natural. Sostiene que el requisito de vacunación para el certificado de salud le afecta su capacidad de conseguir empleo. Pero López no aceptó el argumento al subrayar que lleva desempleada cuatro años por razones que no parecen estar relacionadas con la enmienda al reglamento de Salud.
Finalmente, René Matos Ruiz es un empleado de los supermercados Econo que desarrolló su opinión en contra de la vacuna después de leer sobre los componentes de los que está hecha. Dijo estar atemorizado de que no va a poder mantener su empleo cuando tenga que renovar su certificado de salud en agosto próximo. Pero el juez tampoco aceptó sus argumentos al notar que su patrono le permite seguir trabajando con la condición de que presente pruebas negativas, y le ha acomodado su horario para que se las pueda hacer gratis, y porque el peligro de que no le renueven el certificado no es un daño concreto, sino especulativo, porque no se sabe qué condiciones tendrá el gobierno para esa fecha con relación a la pandemia.
Todas estas reclamaciones podrían seguir litigándose, pero ocuriría sin que al Gobierno se le prohíba poner en vigor el Reglamento y la orden.
En sus adjudicaciones, López ni aludió a las decisiones del Tribunal Supremo federal la semana pasada que avalaron la capacidad del gobierno federal de mandatar la vacunación a los empleados de centros de salud que reciben fondos públicos, pero denegó la capacidad del gobierno de imponer un mandato de vacunación a empleados de patronos con plantilla de 100 o más personas.
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Vea:
Tribunal Federal desestima caso contra la vacunación obligatoria en empleados públicos