Su codueño se liberó también de embargo, por ahora, debido a que no se ha declarado culpable a nivel federal.

El Tribunal de Primera Instancia se abstuvo ayer de emitir una orden de embargo preventivo contra la empresa J.R. Asphalt Inc. y sus codueños, como lo solicitaba el Municipio de Cataño por estar éstos involucrados en el esquema de corrupción que ejecutaron allí el exalcalde, Félix "El Cano" Delgado Montalvo y el contratista Oscar Santamaría Torres.

En un caso separado, la jueza Betsy Asencio Quiles ya había emitido un embargo preventivo contra Santamaría Torres y otra empresa involucrada en el esquema, pero en el caso concerniente a J.R. Asphalt y sus codueños, Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas se abstuvo porque la corporación está sometida al control de un administrador judicial, por lo que el peligro de que se desaparezcan fondos con los cuales responderle al municipio, si ocurre una sentencia a su favor, se minimizan.

Como adelantó NotiCel, el argumento del administrador judicial lo trajo en una moción Villegas Vargas, quien fue el único emplazado ya que el administrador judicial de J.R. Asphalt, Eduardo Soria, dijo estar fuera de Puerto Rico, mientras que Rodríguez Santos no pudo ser emplazado.

La jueza también dispuso de un término de 20 días para que el municipio conteste la solicitud que hizo Villegas Vargas en esa moción para que el caso completo quede paralizado hasta que él termine su proceso criminal federal porque se le podrían violentar sus derechos como acusado si se le obliga a responder a esta reclamación civil de Cataño.

Rodríguez Santos se declaró culpable y cooperó con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, pero Villegas Vargas tiene pendiente una acusación de gran jurado con juicio pautado para febrero de 2022.

En una vista ayer en mañana, los abogados de Villegas Vargas argumentaron su solicitud y en la tarde, la jueza Asencio Quiles determinó que "las circunstancias en cuanto a (J.R. Asphalt) y el hecho de que haya un administrador nombrado por orden judicial a cargo de los bienes corporativos, a nuestro juicio minimiza grandemente el riesgo de que alguno de los accionistas personalmente, disponga de los bienes de la corporación".

Como reseñó NotiCel en primicia, la semana pasada Cataño sometió tres demandas contra empresas y contratistas en el esquema de corrupción de Delgado Montalvo que esencialmente buscan el mismo propósito: que todos los contratos de las empresas con el municipio sean declarados nulos y se obligue a las empresas y contratistas a devolver todos los fondos públicos pagados bajos los contratos. Para asegurar la posibilidad de cobrar, pidieron en todas las demandas que se emitieran órdenes de embargo preventivo.

La jueza Asencio Quiles ya concedió la solicitud en la demanda contra Island Builders Corp. y Santamaría Torres, mientras que otra jueza tiene pautada vista en enero para el embargo contra Waste Collection Inc. y Santamaría Torres.

En su moción pidiendo paralización, Villegas Vargas cuestiona por qué el municipio no incluyó a Delgado Montalvo en los pleitos y adelantó que cualquier otra parte demanda podría traerlo. La jueza dio 20 días al municipio para contestar. En la vista, los abogados del municipio adelantaron su riposta de que el contratista lo que busca con su moción es desviar la atención del tribunal sobre el hecho de que hay unos fondos públicos que ellos entienden fueron ilegalmente desembolsados y que el municipio tiene el derecho de recuperar.

"(Villegas Vargas) no ha admitido la comisión de delitos relacionados al otorgamiento de los contratos en controversia y no figuró como parte contratante, sino la corporación de la cual es accionista", dijo la jueza en su resolución al distinguir la posición de Villegas Vargas en el pleito y al denegar la emisión de una orden de embargo preventivo en su contra en su carácter personal.

El 20 de enero de 2022 habrá una vista de seguimiento en este caso.

Vea:

Contratista cuestiona por qué Cataño no demandó a "El Cano" para recobrar fondos