El codueño de J.R. Asphalt pide paralización de demanda del municipio en su contra porque afectaría sus derechos como acusado en el Tribunal Federal.

Mario Villegas Vargas, acusado por un esquema de corrupción en el Municipio de Cataño y codueño de la empresa J.R. Asphalt Inc., pidió al tribunal que deje en suspenso la demanda que el municipio le sometió para intentar recobrar los fondos públicos pagados bajo los contratos que fueron parte del esquema y cuestionó que el exalcalde Félix "El Cano" Delgado Montalvo no haya sido incluido en el pleito.

La postura de Villegas Vargas ayer es la primera que se registra ante los tribunales de cualquier contratista o empresa involucrada en el esquema de Cataño, aparte de una declaración pública que hizo el convicto contratista Oscar Santamaría Torres cuando se conoció su aceptación de culpa.

El argumento principal de Villegas Vargas a la jueza superior Betsy Asencio Quiles es que, si la demanda del municipio sigue su marcha, se afectarían sus derechos constitucionales como acusado criminal ya que estaría forzado a entrar en un proceso de descubrimiento de pruebas y de deposiciones sobre los supuestos actos corruptos. De esto ocurrir, en el caso civil de Cataño se estarían revelando elementos que se pueden usar en su contra en el caso criminal federal, a pesar de que allá tiene derecho a permanecer en silencio.

Estas circunstancias "ameritan la paralización de los procedimientos civiles, ante la presencia de un prejuicio indebido y la potencial interferencia con el derecho constitucional a no autoincriminarse".

La moción de Villegas Vargas ocurre oportunamente porque ya la jueza Asencio Quiles emitió una orden de embargo preventiva el martes contra Santamaría Torres y la empresa Island Builders Corp. a pesar de que el municipio presentó las demandas apenas una semana antes. Además, hay una vista hoy para discutir el embargo preventivo contra J.R. Asphalt y sus dueños.

La demanda de Cataño contra Asphalt incluye a la compañía, a Villegas Vargas y al otro codueño, Raymond Rodríguez Santos. Pero Villegas Vargas le estableció a la jueza que ya no tiene control sobre la empresa porque la misma está asignada a un administrador judicial que la dirige a su liquidación y que, si bien su exsocio se declaró culpable a nivel federal, él se declaró no culpable y su proceso apenas comienza, teniendo juicio pautado para el 15 de febrero de 2022.

"Notablemente, el Municipio de Cataño no acumuló como codemandado a su exalcalde, el Sr. Félix Delgado Montalvo, a pesar de las alegaciones antes reseñadas, y de que el municipio también alega, que por 'información y creencia de la parte demandante', existe un demandado cuyo nombre desconoce, que 'actuó en común acuerdo con los demás demandados y tuvo una participación, directa o indirecta, en la contratación fraudulenta de la empresa demandada, y le responde al Municipio en la devolución de los fondos públicos pagados en atención a dicha contratación fraudulenta'. Es evidente que la actuación antes descrita, y que se atribuye al demandado cuyo nombre el municipio alega desconocer, se ajusta perfectamente a lo que la propia parte demandante alega que Delgado Montalvo realizó", argumentó la representación leal de Villegas Vargas, los licenciados Armando Jiménez Seda y Ramón Ramos Aponte.

Abundan que la exclusión de Delgado Montalvo "posiblemente obedece a un potencial conflicto de interés de la firma de abogados que representa al municipio, ya que (Delgado Montalvo) se considera como un cliente anterior de la firma, y de ser demandado por los abogados del bufete Aldarondo & López Bras LLC, ello podría acarrear una posible violación a los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional".

"Resulta altamente cuestionable, que, según las alegaciones de la demanda, pudiendo tener el Municipio de Cataño una causa de acción contra su pasado alcalde, no la ejerza. Lo que podría provocar que, de este pleito proseguir, el alcalde sea acumulado como un tercero demandado", añadieron.

Cuando NotiCel publicó las demandas en primicia el jueves 24 de diciembre, el nuevo alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, dijo, a la pregunta de por qué no se reclamaba contra su antecesor, que "[e]stas no serán las únicas acciones que el municipio tomará para intentar recuperar dichos fondos".

El escrito también adelanta, como posibles defensas de Villegas Vargas en caso de que proceda la demanda del municipio que, como la empresa está en proceso de liquidación, a lo sumo lo que le tocaría al ayuntamiento es colocarse en la línea de los acreedores de la misma. También, que como los contratos objeto del esquema ilegal y de la demanda son de obra, es decir, para realizar una obra concreta y específica, resultaría entonces imposible que ocurra la restitución que el municipio pretende lograr porque, aunque la empresa pueda devolverle dinero, el municipio no le puede devolver a la empresa "los materiales empleados en el asfaltado de sus calles, ni el resto de los servicios de los que se benefició en virtud de los contratos que ahora pretende anular".

La teoría del municipio en las tres demandas es que el tribunal debe declarar nulos los contratos por haber mediado ilegalidad en su otorgamiento y que, al ser nulos, las empresas y contratistas deben devolver todos los fondos públicos que se le pagaron bajo los mismos.

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