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Tribunales

Arroyo Chiqués negoció soborno por cada casa en la que Santamaría recogiera la basura

Acuerdo de culpabilidad del exalcalde de Aguas Buenas revela la fórmula que negoció con Waste Collection para el pago de soborno.

Luis Arroyo Chiqués, exalcalde de Aguas Buenas.
Foto: Archivo/NotiCel

El convicto exalcalde de Aguas Buenas, Luis Gerardo Arroyo Chiqués, negoció cobrar mensualmente por 10 años 50 centavos por cada una de las 10,000 residencias a las que la compañía Waste Collection Corp. (WC) le recogía la basura en el municipio bajo un contrato que este firmó en su último año como alcalde.

El detalle está consignado en el acuerdo de culpabilidad que suscribió Arroyo Chiqués el 14 de diciembre pasado y que no estaba disponible hasta ayer. El expediente del expolítico del Partido Popular Democrático (PPD) refleja un atraso y recién se registró la minuta de la vista del jueves pasado en la que se declaró culpable ante la jueza federal Silvia L. Carreño Coll. Arroyo Chiqués quedó bajo fianza de $10,000 que aseguró solo con su firma y no fue señalada fecha para vista de sentencia.

Aunque la sentencia final estará en manos de la jueza, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico recomendó una sentencia de cárcel de tres años y 10 meses, a cambio de la aceptación de culpa por el cargo de conspiración para cometer soborno y recibir comisiones ilegales con fondos federales. Este cargo, que acarrea un máximo de cinco años, es el que la fiscalía está usando en todos los casos negociados que son resultado de la cooperación de Oscar Santamaría Torres, dueño de Waste Collection, quien ya provocó casos contra los alcaldes de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, y de Cataño, Félix "El Cano" Delgado Montalvo, así como el vicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona.

El caso de Arroyo Chiqués es similar al de Benítez Cardona en varios aspectos. Primero, Santamaría Torres no aparece directamente involucrado, sino que el soborno estaba negociado a través del codueño de J.R. Asphalt Inc., Raymond Rodríguez Santos, quien también se declaró culpable. También, igual que en Trujillo Alto, el soborno estaba calculado a razón de una cantidad por cada casa en la que WC recogía basura.

A Benítez Cardona se le pagaban $17,250 mensuales calculados a razón de $0.75 por cada una de las 23,000 casas que cubría el contrato de WC en ese pueblo. Mientras, en Aguas Buenas la tarifa ilegal era de $1.00 por cada una de las 10,000 casas del contrato por los 10 años de duración del mismo. Sin embargo, el acuerdo de culpabilidad dice que los $10,000 mensuales que generaba esa negociación se dividían en $5,000 para Arroyo Chiqués y $5,000 para Rodríguez Santos, quien se dividía su parte con un "Individuo C", para quien no se dan detalles de quién es o qué rol cubría.

Aunque no hay indicios de quién es el "Individuo C", hay una demanda civil entre los codueños de la asfaltera, Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas, que consigna que la empresa recibía pagos mensuales de entre $46,000 y $56,000 como un "suplidor" de la compañía de Santamaría Torres. Villegas Vargas está acusado por los pagos ilegales que hizo a Delgado Montalvo.

El pago de $5,000 mensuales a Arroyo Chiqués "se realizó en efectivo cada mes desde 2016 y continuó aún después de que el acusado dejara su cargo en 2016", dice el acuerdo al precisar que el último pago ocurrió en junio. Una demanda civil sobre declaratoria de herederos en la que está involucrado el exalcalde indica que su residencia actual es en el condominio Rincón of the Seas, en Rincón.

El contrato de Aguas Buenas con WC fue otorgado en 2016, un año después de que el exalcalde dijo que no iría a la reelección. El documento plantea expresamente que se está otorgando bajo el poder que le da la Ley de Municipios Autónomos a los alcaldes para ser los únicos que deciden sobre los contratos por desperdicios sólidos y certifica que "ningún funcionario o empleado del Municipio o algún miembro de su entidad familiar tiene directa o indirectamente interés económico en el presente contrato".

La alegación de culpabilidad de Arroyo Chiqués sería fundamento legal para cancelar el contrato inmediatamente por violación a esta certificación. El contrato cuesta al municipio actualmente $1,162,800 mensuales y, de mantenerse vigente, llegaría a costar $1,191,870 mensuales.

Bajo el sucesor de Arroyo Chiqués en la alcaldía, el novoprogresista Javier García Pérez, la empresa WC ha recibido varios contratos para el recogido de escombros.

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Periodista y abogado con 25 años de experiencia. Cofundador, o miembro de los equipos fundadores, de NotiCel, el Centro de Periodismo Investigativo, Red 96, Primera Hora y El Nuevo Día Interactivo.