La exfuncionaria se declaró culpable después de que un tribunal apelativo revocara su sentencia original y ordenara nuevo juicio.

Sally López Martínez, exfuncionaria de la Administración García Padilla, se declaró culpable hoy de conspiración para cometer fraude con programas federales como parte del esquema del exrecaudador Anaudi Hernández Pérez y fue sentenciada a los tres años, nueves meses y nueve días que ya había cumplido en cárcel cuando primero fue encontrada culpable en un veredicto que un tribunal de apelaciones revocó.

Adicional a la sentencia por tiempo servido, la mujer de 42 años y madre de dos hijas de 16 y 19 años, estará dos años y medio bajo libertad supervisada y pagará una multa de $5,000.

El fiscal federal Timothy Henwood aseguró al juez Pedro A. Delgado Hernández que la sentencia recomendada es "justa", tomando en cuenta el "periodo sustancial de encarcelamiento" que ya tuvo López Martínez y su decisión de, en vez de ir a un juicio nuevo, aceptar culpa mediante un acuerdo. La abogada de defensa, Linda Backiel, observó que, como en toda negociación, "ninguna de las partes está completamente feliz" pero afirmó el deseo de su cliente de dejar este episodio atrás y seguir con su vida. Ante la oportunidad de dirigirse al tribunal, la exdirectora de la Administración de Derecho Laboral (ADL) y exjefa de la Oficina de Servicios al Ciudadano de La Fortaleza, declinó, comentando solamente que "todo se ha discutido ya entre fiscalía y defensa".

"Sí", le dijo al juez cuando le preguntó si se estaba declarando culpable porque había cometido los delitos contenidos en el acuerdo.

Los hechos del acuerdo son que entre 2013 y 2014, como administradora de ADL, López Martínez conspiró para cometer fraude con programas federales porque firmó contratos al suplidor JM Professional & Training Group Inc. a sabiendas de que Hernández Pérez recibía beneficios económicos por conseguir esos contratos. Además, en el juicio, hubo evidencia de que Pérez hizo regalos y agasajó a la funcionaria para conseguir los contratos.

El acuerdo bajo el que se declaró culpable es similar al que se usó en el caso de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, en el sentido de que el juez tenía que aceptarlo de antemano y se obligaba a la sentencia recomendada.

En julio pasado, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston revocó la sentencia de nueve años de cárcel que recibió López Martínez porque entendió que, aunque hubo evidencia suficiente para que un jurado la hallara culpable por su participación en el esquema de corrupción que ejecutó Hernández Pérez en el gobierno de Puerto Rico bajo el exgobernador Alejandro García Padilla y en la Cámara de Representantes bajo el expresidente Jaime Perelló Borrás, su juicio se debió llevar a cabo por separado porque los esquemas del exrecaudador eran en distintos lugares con distintas personas y el encausarlo todo a la vez pudo causar un prejuicio contra López Martínez.

El caso comenzó en diciembre de 2015 y abarcó 25 cargos contra 10 acusados. Todos se declararon culpables o fueron encontrados culpables en juicio. Hernández Pérez se declaró culpable y participó en juicio como testigo de la fiscalía, pero todavía no ha sido sentenciado.

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