Los documentos de aceptación de culpa de dos contratistas de Cataño revelan que el esquema era mucho más abarcador que lo conocido hasta ahora.

Las denuncias y documentos de aceptación de culpa de los contratistas Oscar Javier Santamaría Torres y Raymond Rodríguez Santos que la fiscalía federal reveló ayer demuestran a que el esquema de sobornos en el Municipio de Cataño era mucho mayor a lo conocido hasta ahora, involucrando más contratos, más corporaciones y más secretividad sobre los que estaban tirando los hilos corruptos.

Los datos arrojan sombra también sobre otros municipios y ponen en duda los esfuerzos de saneamiento corporativo que ha intentado hacer Waste Collection Corp, empresa de Santamaría Torres. Apuntan también a que el convicto exalcalde, Félix "Cano" Delgado Montalvo, recibió más dinero a cambio de contratos y más fondos ilegales de campaña política que lo conocido hasta ahora.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico pidió ayer al juez presidente del tribunal federal, Raúl Arias Marxuach, que levantara la confidencialidad de los expedientes judiciales de Santamaría Torres y de Raymond Rodríguez Santos, codueño de J.R. Asphalt, Inc.

De entrada, los mismos confirman que el pasado 30 de noviembre fue un día memorable en la sala del juez Arias Marxuach. A las 10:23 am procesó la aceptación de culpa de Delgado Montalvo, a las 11:38 am, tres minutos después de terminar la del exalcalde, procesó la de Santamaría Torres y nueve minutos después de esta, a las 12:55 pm, procesó la de Rodríguez Santos, todas mediante videoconferencia.

Vea: "Cano" duplicaba sus ingresos con pagos corruptos y cogió otros $30,000 para campaña

Los tres se declararon culpables de una conspiración para cometer sobornos y pagar comisiones ilegales con fondos federales y la descripción de los hechos hace esto una trama, hasta ahora, de cuatro personas. El cuarto, el socio de Rodríguez Santos en la asfaltera, Mario Villegas Vargas, es el único que fue arrestado y acusado mediante gran jurado, a todas luces porque no está cooperando.

Con el conocimiento que se tiene ahora de que el exalcalde estaba en contacto con la fiscalía federal para tramitar su cooperación desde hace un año, queda claro también que por lo menos dos de los tres pagos corruptos que se dice Villegas Vargas le hizo a Delgado Montalvo ocurrieron cuando ya éste y su socio estaban cooperando.

Los hechos por los que se declaró culpable Rodríguez Santos calcan los hechos por los que se acusó a su socio. Los dos se reunían para darle dinero y relojes de lujo a Delgado Montalvo a cambio de una ristra de contratos que creció hasta llegar a $10 millones en solo seis años de incumbencia del "Cano".

Pero la denuncia contra Rodríguez Santos detalla que dos pagos ($14,500 el 7 de junio de 2021 y $17,000 el día después, para un total de $31,500) representaban la comisión del exalcalde tan solo para la otorgación de un contrato de $324,973.27, lo cual significa una comisión ilegal de aproximadamente 10% del valor del contrato. El acuerdo de culpabilidad dice que los actos ilegales se extendieron de junio de 2017 hasta agosto de 2021.

NotiCel había reseñado que en agosto Villegas Vargas sometió una demanda en el Tribunal de Primera Instancia para quitarle a su socio el control de la empresa con alegaciones que incluían que desde 2018 Rodríguez Santos había creado una cuenta bancaria sin autorización para desvíar el dinero que la asfaltera recibía de Waste Collection Corp., la empresa de Santamaría Torres. La demanda sostiene que la asfaltera era proveedora de servicios de Waste y que recibían por esto pagos mensuales de $46,000, que aumentaron a $56,000 en 2019.

Vea: Empresas en el caso de corrupción de Cataño quedan mezcladas en pelea entre dueños de asfaltera

Rodríguez Santos firmó su acuerdo el 29 de noviembre y el mismo estipula una recomendación para que el juez lo sentencie, en marzo próximo, a cinco años fijos de cárcel, pero no estipula ninguna cantidad específica que tenga que devolver. Lo representó el licenciado Ignacio Fernández DeLahongrais.

Esto compara con el acuerdo de Delgado Montalvo, donde se estipula que la sentencia podría ser tan baja como tres años y un mes, así como que devolvió $105,820 y cinco relojes de lujo.

Pero donde llegaron las mayores revelaciones fue en el caso de Santamaría Torres, quien el 30 de noviembre firmó un acuerdo estando representado por la exfiscal federal María Domínguez Victoriano en el que también hay una recomendación de cinco años de cárcel fijos y la cantidad confiscada más grande hasta ahora en el caso, $6 millones.

Pero, mientras que Santamaría Torres aparecía involucrado solo a través de Waste y de Waste Fleet Rental LLC, su denuncia y alegación de culpa detallan que había otras dos compañías suyas involucradas en el esquema, la constructura Island Builders Corp. y la administradora de facilidades de salud, VIP Healthcare Solutions PSC.

Vea: Demanda detalla cómo Santamaría usa sus frentes corporativos

Santamaría Torres no aparece de ninguna forma en los documentos corporativos de Island Builders ni VIP Healthcare y el expediente federal dice que, específicamente en VIP Healthcare, el abogado "reclutó a dos mujeres para que sirvieran de testaferras".

Island Builders fue creada el 8 de agosto de 2018 y el 1 de noviembre de 2018 tuvo su primer contrato público, en Cataño, por $193,610, después de que la oficina de compras del municipio supuestamente hiciera una comparación entre tres proveedores. Hasta ahora, ha amasado $3.8 millones en contratos con Cataño, Aguas Buenas, Arecibo, Guaynabo y la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Los acuerdos vigentes hoy están en Aguas Buenas y Guaynabo. En el expediente corporativo aparecen como sus oficiales Carlos Javier de Jesús Pagán y Luis F. Sierra Rodríguez y, anteriormente, Gloria Rivera Torres.

VIP Healthcare fue creada el 23 de junio de 2017 y, una semana después, tiene un contrato de $1.1 millones con Cataño para la operación del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Job Andújar y el Grupo Médico Primario. Sus contrataciones públicas son solo en Cataño y suman $8.3 millones, excepto por un acuerdo colaborativo con el Departamento de la Familia entre 2018 y 2020. Tiene dos contratos con Cataño vigentes hasta 2022. Las únicas dos personas que aparecen en su expediente corporativo son Ivelisse Rivera Padilla y Carla Carrillo Torres.

Vea: Contratista al centro de una red de corporaciones con $117.7 millones en contratos públicos

La revelación de estas dos compañías involucradas en el esquema a través de Santamaría Torres, pero en las que este no aparecía vinculado formalmente, contrastan con los movimientos que hizo Waste Collection a fines de octubre para eliminar al abogado de su directorio de oficiales y dejar como nuevo presidente a Luis R. Mayoral Reichard, quien, sin embargo, es un abogado que preside la empresa Santamaría Corp., de Santamaría Torres y viene del bufete de éste, Law Max.

En un esfuerzo por mantener sus contratos públicos, los cuales tendrían que ser cancelados por ley si un convicto como Santamaría Torres estuviera en su cuerpo directivo, Waste emitió un comunicado ayer, en el que aseguran que "ya culminó su proceso de cooperación con las autoridades federales y está trabajando en torno a su restructuración". El comunicado salió minutos después que el de Santamaría Torres emitió el suyo y ambos con fecha de "jueves, 16 de diciembre".

El expediende del caso de Santamaría Torres divulgado ayer lo describe como un "asociado cercano y benefactor político" de Delgado Montalvo a quien, no solo le pagó $2,000 semanales en efectivo desde junio de 2017 al 21 de abril de 2021 para asegurar la continuidad de su empresa criminal, sino que le dio $30,000 para su campaña política de 2012 y otros $40,000 para su campaña de 2016. Esto, sumado a $30,000 que le dio Villegas Vargas, acusa que Delgado Montalvo habría recibido donativos políticos ilegales de por lo menos $100,000.

En el comunicado que emitió ayer, Santamaría Torres defiende la "total independencia" que tiene ahora Waste Collection y que los directivos de Island Builders y VIP Healthcare "estuvieron ajenos a cualquier acción indebida de mi parte". Aseguró también que los $6 millones confiscados representan el "100% de las ganancias adquiridas ilegalmente" y que cerró su oficina legal, se dio de baja como notario y entregó su licencia como abogado al Tribunal Supremo, así como que se abre a cualquier sanción disciplinaria que se le imponga.

Ayer la Oficina del Procurador General no contestó una solicitud de NotiCel para conocer qué acciones disciplinarias van a promover ante el Tribunal Supremo contra Santamaría Torres.

Vea: Acusaciones dejan en entredicho a funcionarios de Cataño, incluyendo Alcalde interino