El Tribunal Supremo de los Estados Unidos discutió de lleno el status político de la isla en la vista sobre el caso de la aplicación de beneficios de un programa federal a los residentes de la isla.

Como el Gobierno de los Estados Unidos le ha reconocido autonomía fiscal al Estado Libre Asociado y los residentes de la isla no pagan impuestos federales sobre sus ingresos, entonces el Congreso puede discriminarlos a la hora de aplicar beneficios federales.

Ese fue el mantra del Subprocurador General de los Estados, Curtis E. Gannon, al defender la postura de la Administración Biden de pedir la revocación de la decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston en el caso US v. Vaello Madero, que extendió a los residentes de la isla la cubierta del programa Seguro de Ingreso Suplementario (SSI en inglés).

A contrapunto, el abogado de José Luis Vaello Madero, Hermann Ferré, invitó al tribunal a derogar los llamados Casos Insulares donde se establece el poder del Congreso para tratar diferente a los estados porque han resultado en darle efecto de permanente a lo que se supone que fuera temporero. El poder del Congreso sobre los territorios, abundó, se supone que sea temporero para garantizar que bajo toda jurisdicción de Estados Unidos se mantiene una forma republicana de gobierno, pero solo mientras el Congreso mueve al territorio a su destino final, sea la estadidad o la independencia. Los Casos Insulares han congelado esa marcha y le permiten al Congreso un control indefinido, e indebido, sobre el territorio, concluyó.

La vista se distinguió por la participación activa del juez conservador Clarence Thomas, notorio por usualmente no emitir palabra durante los argumentos orales, y por el insistente interrogatorio de los jueces a Gannon, el cual fue rápidamente a discutir la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos como territorio y si se deben mantener los precedentes de los Casos Insulares que se arrastran desde hace más de un siglo y que justifican un trato discriminatorio a los territorios de muchas maneras.

El argumento de Gannon pareció ser que la naturaleza racista y xenofóbica de esos casos, la que el juez Neil Gorsuch reconoció, debe sustituirse por el argumento económico sobre disparidad basada en que los residentes no pagan impuestos federales, pero que comoquiera debe mantenerse la libertad del Congreso para tratar a los territorios como le parezca.

"¿[P]or qué no deberíamos simplemente admitir que los Casos Insulares están incorrectamente decididos?... [S]i los Casos Insulares están mal y usted está procediendo sobre una premisa que es incosistente con ellos, ¿por qué entonces no debemos decir lo que todo el mundo sabe que es cierto?", le planteó Gorsuch a Gannon con ánimo de evitar la ambigüedad de su argumento. Con esto, provocó que el abogado admitiera que "la posición del gobierno sobre los Casos Insulares es que alguna de la retórica y razonamientos que tienen son, obviamente, anatema", pero que para decidir este caso del SSI no deberían meterse con esos casos, igual que no se metieron cuando decidieron el año pasado el caso sobre la legalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Desde la intervención de Thomas, los jueces también retaron el racionamiento del Gobierno planteando si el mismo discrimen que se puede hacer en Puerto Rico porque aporta menos al fisco federal, se podría hacer contra un estado que, de la misma manera, aporte menos que otro al fisco o, por la misma línea, que sus residentes usen los programas más que los residentes de otros estados.

La jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor, utilizó la pregunta de Thomas como pie forzado para acribillar a Gannon con preguntas sin que este fuera capaz de rebatírselas coherentemente, excepto repetir que la base del discrimen es que viven en un lugar de donde el Congreso no saca tantos impuestos como los estados. La jueza le recordó que hay comparecencias en el récord que demuestran que puede que no paguen contribuciones federales sobre ingresos, pero pagan otros tipos de impuestos federales, incluso más que otros estados. Recalcó también que el SSI no es un dinero que llega al Gobierno de Puerto Rico, sino directamente a los beneficiarios.

Parte del argumento entre Sotomayor, así como otros jueces, y Gannon fue un punto técnico de derecho, ¿qué tipo de escrutinio debe aplicar el Supremo para evaluar la decisión del Congreso de excluir a los residentes de Puerto Rico del SSI? Gannon promueve que sea un nivel laxo en el que solo se tiene que identificar alguna base racional, como la de los impuestos. Pero algunos jueces, así como el abogado de Vaello Madero y los jueces que han decidido en el caso desde el principio, proponen que aplique el escrutinio estricto, que es el que se activa cuando hay un discrimen por raza, etnicidad u otra categoría protegida y que, de ordinario, hace mucho más difícil que la ley prevalezca.

"Los puertorriqueños son puertorriqueños. Son hispanos y rutinariamente se les deniega la participación política. Están políticamente indefensos... [N]ecesidades son necesidades, sea en Puerto Rico o en el continente. Ninguna de las personas que recibe (el SSI) en el continente pagan impuestos", expuso Sotomayor, a lo que Gannon solo contestó que la aplicación del programa no es discriminatoria porque los puertorriqueños que viven en el continente reciben sus beneficios.

El juez Stephen Breyer, quien siempre se ha mostrado fascinado con las peculiaridades del status político de la isla, hizo una reflexión en voz alta sobre la posibilidad de que la solución del caso no esté solamente en la Cláusula Territorial de la Constitución de los Estados Unidos, sino también en la Ley de Relaciones Federales que define la relación de la isla con la federación y planteó que esa ley requeriría que el Congreso demostrara algo más que solo una base racional para discriminar. Puerto Rico no es un estado ni un territorio, "es un Estado Libre Asociado", dijo Breyer en español, "y nadie sabe exactamente lo que es eso".

Gannon usó el soliloquio de Breyer para enfatizar que por eso la isla tiene autonomía fiscal, pero el juez lo confrontó conque el gobierno está en quiebra y ahora está realmente bajo el control de la JSF. Breyer logró que Gannon admitiera que ningún estado se ha excluido de la aplicación del SSI porque se haya analizado y concluido que el fisco federal no recibe suficientes impuestos del estado para justificar los pagos del beneficio.

La jueza, y exprocuradora general, Elena Kagan, trajo a al discusión el elemento político de que, aunque la Administración Biden está pidiendo la revocación de la decisión en el tribunal, en el Congreso está promoviendo que se extienda el programa a la isla, junto con otros beneficios. Gannon opinó que, de suceder que el Congreso extienda la aplicación, todavía sería necesario que el Supremo se exprese sobre el poder del Congreso para discriminar sobre bases racionales porque todavía quedaría la interrogante de qué pasa con las controversias previas, como los $28,081 que le están cobrando a Vaello Madero para recobrar lo que el SSI le pagó después que se mudó de Nueva York a Loíza, y porque "este no sería el único programa de beneficios cubierto por el análisis del Primer Circuito".

De hecho, pendiente de la resolución del caso de Vaello Madero está el devenir del caso Peña Martínez v. US, en el que se concluyó que a los residentes de la isla les aplica de manera igual que en los estados no solo el SSI, sino también el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y el subsidio de bajos ingresos de la Parte D de Medicare (LIS, por sus siglas en inglés). Gannon no pudo contestarle a la jueza más nueva, Amy Coney Barrett, cuánto costaría extender los programas a los territorios, pero le dijo al juez Brett Kavanaugh que, dependiendo de la decisión del Supremo, Vaello Madero podría solicitarle al gobierno que se le exima de la cantidad que le están cobrando.

En el turno de Ferré, el juez Thomas, como el más antigüo de la corte, volvió a tomar la delantera en las preguntas para plantear el problema de que el argumento de su cliente se basa en concederle a un lugar, Puerto Rico, las protecciones que usualmente se le reconocen a una persona. Esto, porque el argumento de discrimen se basa exclusivamente en que Vaello Madero se mudó a Puerto Rico y en ninguna otra característica personal.

"Creo que tratar a un ciudadano como si fuera extranjero, solo porque resulta que reside en Puerto Rico, es el punto", le contestó Ferré sin poder identificarle un caso donde el Supremo haya hecho esa transferencia de protección basada en la persona a protección basada en donde reside la persona.

Kavanaugh se mostró simpático al argumento de Ferré de que el control del Congreso sobre los territorios bajo la Cláusula Territorial es temporero, pero tuvo dudas sobre cómo definir cuándo es que el control ha expirado. A lo que el Juez Presidente aportó pidiéndole a Ferré que identificara algún caso donde se haya concluido que el tribunal puede implantar una forma republicana de gobierno. Ferré no pudo contestarle pero subrayó que una forma republicana de gobierno "es una premisa básica de la Constitución (de los Estados Unidos)". El abogado también dijo que la Ley PROMESA demuestra que el Congreso todavía actúa con la intención de garantizar gobernanza en los territorios.

En su turno final de refutación, Gannon defendió que el control del Congreso sobre los territorios bajo la Cláusula Territorial no tiene fecha de expiración.

"Así que Puerto Rico puede estar camino a la estadidad. Puede estar camino a la independencia. Puede estar camino a algún otro status. Pero eso es relevante a que el Congreso pueda seguir calibrando el nivel de la relación entre las políticas y economías federales y las del territorio", apuntaló.

La decisión del Supremo en este caso no se espera hasta la primavera del año que viene.

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