El Fiscal Especial Independiente procesa caso criminal sobre la transacción suspendida de $19 millones con la que se comprarían pruebas de detección bajo la Administración Vázquez Garced.

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) citó al licenciado Juan Maldonado de Jesús para presentación de cargos hoy por la transacción mediante la que, a través de la empresa de construcción APEX General Contractors, se intentó obtener del gobierno $19 millones por un cargamento de pruebas de detección de COVID-19.

La teoría del caso de los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario, Manuel Núñez Corrada y Juan Catalá Suárez deja las actuaciones ilegales solo dentro de la compañía APEX y no abarca actuaciones ilegales de ningún funcionario público, ya que junto con Maldonado de Jesús está acusado su socio Aaron Vick, mientras que el presidente de APEX, Roberto Rodríguez López, tiene un acuerdo de inmunidad para ser testigo de los fiscales.

La forma en que quedó configurado el caso aprovecha una decisión del Tribunal Supremo de agosto pasado que surgió como parte de la investigación contra el expresidente cameral Jaime Perelló Borrás y que reiteró el poder de la OPFEI para radicar casos a personas privadas, por separado y sin necesidad de que se incluya en la acusación a un funcionario público, cuando la conducta delictiva se descubre durante la investigación contra el funcionario público. “Claramente, la ley del FEI autoriza para que nosotros presentemos este tipo de acciones”, se limitó a decir Mendoza al respecto.

La presentación de cargos de hoy es también un ejercicio de la independencia investigativa de la OPFEI ya que, en noviembre pasado, cuando el Departamento de Justicia hizo su investigación preliminar y la refirió al Panel, no recomendaba que se designaran fiscales contra Maldonado de Jesús, sino solo un referido de procesamiento ético al Tribunal Supremo por actuaciones cuestionables que cometió como notario. Ese proceso está pendiente de adjudicación por el Alto Foro.

Justicia tampoco recomendó designación de fiscales para la exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo; al general José Burgos Vega, excomisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; Adil Rosa Rivera, exsecretaria Auxiliar de Administración de Salud; Mariel Rivera Rivera, exanalista de compras de Salud; Diana Meléndez Díaz, exdirectora Interina de Compras de Salud; Iris Santos Díaz, directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto; Alfonso Rossy, secretario auxiliar de Contabilidad del Departamento de Hacienda; Segundo Rodríguez Quilinchini, coordinador del ahora extinto “Task Force” Médico; Juan Salgado, miembro del “Task Force” Médico; Antonio Pabón Battle, exsecretario de la Gobernación; Lillian Sánchez, exsubsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, exjefa de personal de Salud y exenlace entre La Fortaleza y el “Task Force” Médico; Guarina Delgado García, exayudante especial en el Negociado Manejo de Emergencias; y Ottmar Chávez Piñero, entonces administrador de Servicios Generales.

Todos estos funcionarios fueron referidos a Justicia por la Cámara de Representantes tras una investigación que realizó el representante novoprogresista, Juan Oscar Morales.

En el ámbito privado, además de Maldonado de Jesús, se recomendaba no designar fiscales para Rodríguez López ni para Ricardo Vázquez Hernández, presidente de 313 LLC. Contrario a APEX, cuyo pago millonario nunca se completó, a 313 LLC sí se le hicieron pagos por $3.6 millones, pero no entregó todas las pruebas que prometió y las que entregó no fueron aceptadas por el Departamento de Salud. Las vistas camerales quedaron detenidas cuando se buscaría testimonio so pena de desacato contra Vázquez Hernández y el asesor del expresidente senatorial, José “Willie” Vega García.

313 LLC mantiene una demanda civil contra el Departamento de Justicia buscando que se le pague la totalidad de su acuerdo con el gobierno, pero en esa demanda ya surgió prueba de que, tan pronto recibieron los primeros pagos, movieron el dinero a la cuenta de otra corporación que también manejan los dueños de 313 LLC y que ya no queda dinero en la cuenta de 313 LLC. Hasta ahora, el Departamento de Justicia no ha dicho si investiga criminalmente lo que se está disputando civilmente en ese pleito.

El fiscal Mendoza Rosario indicó que contra Maldonado de Jesús se presentaron cinco cargos de traspaso de documentos falsificados e intervención ilegal en un proceso gubernamental para obtener un contrato, mientras que contra Vick fueron cuatro porque no se incluye el delito de traspaso de documentos falsificados. Este sería procesado en ausencia porque no está en Puerto Rico y “no hemos podido localizarlo”.

“Siempre llegamos hasta donde nos lleve la prueba, al día de hoy hemos llegado hasta aquí… el resto de las personas que fueron objeto de la investigación no hay prueba suficiente para sostener cargos contra ellos”, añadió al precisar que, como parte de la pesquisa, entrevistaron “hace unos meses” a la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, quien compareció con abogado. No divulgó más detalles de esta entrevista que, de haberla realizado el propio Mendoza Rosario, hubiera colocado a la exgobernadora de nuevo frente al fiscal que la intentó procesar criminalmente, sin éxito, como Secretaria de Justicia.

Vea:

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