Entrevistamos al nuevo Juez Presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, al que le tocará administrar sobre la renovación casi completa de ese foro.

El juez federal Raúl Manuel Arias Marxuach se proyecta extremadamente discreto. No evade preguntas, pero habla casi sin alteraciones en su voz. “No jamaquear el palo” es definitivamente parte de su decálogo personal.

Pero la vida lo colocó al frente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico durante un período en el que esa corte se transformará fundamentalmente, tanto en sus facilidades físicas, como en su composición, al punto de que, cuando termine su presidencia en siete años, probablemente tengamos un tribunal federal casi irreconocible.

Por un lado, está en espera de aprobación del diseño para la construcción de una nueva sede pero, por el otro, a enero de 2022 habrán tres vacantes. Y, más allá, al cabo de los siete años de presidencia de Arias Marxuach, para el 2028, pueden ser un total de cinco los jueces nuevos en ese foro de siete posiciones.

A saber, hoy existen las vacantes que dejaron Carmen Consuelo Cerezo con su retiro y Gustavo Gelpí Abarca con su promoción al Primer Circuito de Apelaciones, mientras que en enero se suma la vacante que dejará Francisco Besosa Stubbe cuando se convierta en ‘senior judge’, un status al que pueden acceder los jueces cuando cumplan 70 años y que los saca de la alineación activa para dejarlos en una especia de reserva, con una carga de casos más reducida y que ellos mismos pueden controlar si aceptan o no. Los cinco cambios se completarían cuando, en unos cinco años, los jueces Aida Delgado Colón y Pedro Delgado Hernández también cumplan la edad para convertirse en jueces ‘senior’. De hecho, con 54 años, Arias Marxuach es el más joven del foro ahora mismo.

Esta marcha implacable del calendario puede provocar sueños febriles en los que ostentan posición de poder político, tanto en la isla como en Washington, que tendrán años de maquinaciones para ver cómo influencian la transformación del Tribunal Federal en la isla, pero Arias Marxuach asegura que no está en su radar, excepto por el problema inmediato que le crea el tener que administrar la misma carga de trabajo entre menos manos.

“A corto plazo una tarea que me compete a mí, a la secretaria y a todos los jueces es asegurarnos cómo seguimos impartiendo justicia de forma concienzuda, pero con celeridad, en un momento en que tenemos menos jueces activos… hacer más con menos”, explicó. “Yo no tengo preferencia ni me compete expresar preferencia” por el trasfondo que deben tener los nuevos jueces, dijo Arias Marxuach, en referencia a que son los poderes políticos Ejecutivo y Legislativo los que se involucran en la designación y aprobación de jueces.

Los litigios no le van a dar tregua al nuevo Juez Presidente.

El distrito de Puerto Rico sigue destacándose por su volumen de casos criminales violentos, principalmente narcotráfico y armas de fuego. El movimiento tiene de gasolina los acuerdos que ha hecho el Departamento de Justicia federal con el Gobierno de Puerto Rico que permite activar la jurisdicción federal, particularmente en los casos de armas que involucran a personas con récord federal. En el lado civil, al juez le ha llamado la atención la cantidad de casos de impericia médica, algo que regularmente implica que el demandante se ha mudado fuera de Puerto Rico ya que solo la diversidad de ciudadanía activa la jurisdicción federal en un caso de impericia en el que los hechos ocurran en la isla.

En los poco más de dos años que lleva como juez federal, ya tuvo la experiencia incómoda de ser designado para ascenso al Circuito de Apelaciones por el expresidente Donald Trump, para entonces quedar descartado de plano cuando Joseph Biden se convirtió en presidente. Esto provocó el “accidente histórico curioso” de que la posición en el Circuito que no tuvo la acabó teniendo el juez Gelpí Abarca, lo que, a su vez, causó que Arias Marxuach sustituyera a Gelpí Abarca en la presidencia del tribunal. Arias Marxuach lo tomó ligeramente y recordó que él y Gelpí, a quien llamó su amigo, han coincidido profesionalmente en tres lugares distintos, desde que en los 90 ambos hicieran internado en el extinto bufete Fiddler, González & Rodríguez.

Las diferencias entre ambos, sin embargo, corren profundamente.

Mientras que tanto el juez Gelpí Abarca como su antecesor en el Circuito, Juan R. Torruella del Valle, se distinguieron por usar sus opiniones judiciales para establecer posturas claras sobre el status de la isla, el control colonial de Estados Unidos sobre la isla y otros tema, Arias Marxuach planteó que esas expresiones se han dado en dos contextos. “Uno, en el académico, y otro, en el contexto de controversias que ellos han tenido que adjudicar como jueces. Yo no tengo inquietud académica de expresarme sobre el status de Puerto Rico, cuando he participado en labor docente ha sido comercial y civil. Y, en el ámbito judicial, pues yo tampoco tengo una agenda que no sea adjudicar las controversias que me toquen según me sean asignadas en el curso ordinario del trabajo del tribunal”, expuso.

Otra opinión que puede apuntar a una trayectoria diferente en un tribunal bajo Arias Marxuach es en la práctica que tuvieron en los últimos 50 años tanto el fenecido juez Juan M. Pérez Giménez como su pupilo judicial, Gelpí Abarca, de mantener casos activos por años para monitorear que las actuaciones del Gobierno de Puerto Rico en ciertas áreas sean acorde la Constitución de los Estados Unidos. El trato a presos, discapacitados, infractores juveniles y la Reforma de la Policía son algunos ejemplos de litigios mediante los que el tribunal ha ejercido control a largo plazo sobre operaciones del gobierno.

“Mi visión es que, como juez, yo estoy para aplicar la ley, no estoy aquí para escoger entre preferencias de política pública que yo pudiese tener en el ámbito privado”, dijo sobre estas sindicaturas judiciales, a la vez que defendió que “la ambición de todo juez es que los casos se acaben” y que los jueces no escogen los casos, sino que le son asignados.

Su experiencia como oficial jurídico del exjuez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Antonio Negrón García, fue punta de lanza para revelar un rasgo importante de su personalidad y de su filosofía judicial. Al preguntársele qué aprendió con Negrón García, el Juez Presidente enumeró “la importancia de cuidar celosamente la independencia judicial, de trabajar arduamente, de estudiar a fondo y de tener orgullo en servir al público”. Pero, al recordársele que Negrón García se dio a conocer por sus disensos frente a la mayoría de los jueces del Supremo en su época y planteársele si eso también fue lección, Arias Marxuach contestó que no. “No me veo como una persona propensa al disenso, sí estoy dispuesto a defender mis convicciones, pero creo que eso es más una cosa en el ámbito privado que en lo judicial, porque en la función judicial en la que estoy, tengo un deber ineludible de seguir un precedente”, explicó.

En su trasfondo también hay trabajo realizado para la campaña electoral del exgobernador Luis Fortuño en 2008 y para la Asociación Nacional de Abogados Republicanos, el cual asegura solo involucró sus destrezas de análisis jurídico y no participación activa en proselitismo.

Adquirió perfil público también cuando participó como abogado de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en un caso en el que el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que los estudiantes no tienen un derecho a la huelga y tampoco a cerrar el acceso o impedir el funcionamiento de la universidad como forma de protesta.

“Independientemente de la apreciación que cualquier ciudadano particular pueda tener de ese caso, para mí fue un reto profesional grande y fue un honor representar a mi alma mater porque mi Juris Doctor es de la (UPR) y yo recuerdo con mucho cariño mis años en la Escuela de Derecho de la UPR. Entiendo que recibí una excelente educación en derecho la que ha sido gran parte de la zapata sobre la que construí mi vida profesional”, expresó cuando se le dio la oportunidad de abordar su participación en ese caso.

“[L]os puertorriqueños somos ciudadanos americanos dese 1917, tenemos unos derechos que nos confiere la Constitución de los Estado Unidos en virtud de esa ciudadanía y el tribunal federal, igual que el tribunal estatal, es un garante de que esos derechos se respeten”, dijo por otro lado cuando se le preguntó por qué era necesario tener un tribunal federal en la isla. Añadió que respetaba la opinión del sector de la ciudadanía que resienten la presencia del tribunal como una manifestación del poder colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Un juez federal, valga subrayar, solito y sin tener que consultar con más nadie, tiene poder para decidir en algunos asuntos por encima del propio Tribunal Supremo de la isla.

A nivel personal, Arias Marxuach comentó que la cantidad de libros que llenan su oficina son reflejo de su afición por la lectura pero que también, haberse dedicado a litigios civiles que usualmente son de larga duración, le desarrolló la práctica de la cocina, donde los resultados se ven más rápidos, especializándose en los platos italianos.

En cuanto al funcionamiento del tribunal durante la pandemia, destacó que en todo momento se mantuvieron atendiendo casos gracias a la diligencia del equipo de tecnología y de secretaría, anticipando que algunos de los mecanismos para llevar a cabo procesos a distancia se van a mantener aún después de disipada la pandemia. La secretaría del tribunal indicó que, de marzo 2020 a septiembre 2021, se llevaron a cabo 8,300 vistas civiles y criminales y ocho juicios. En el renglón de proveer servicios legales a acusados indigentes, del 1 de abril de 2020 al 30 de septiembre de 2021, han autorizado pagos por $9,725,104.70 para los abogados que cumplen esas funciones.

Proveer recursos para el Distrito de Puerto Rico es también una prioridad para la Oficina Administrativa de los Tribunales de Estados Unidos que tienen como único proyecto de infraestructura de emergencia el eregir una nueva sede, de manera que tanto el edificio Clemente Ruiz Nazario, que alberga el tribunal, como el Federico Degetau, donde ubican agencias federales y otras oficinas del tribunal, puedan ser sometidos a refuerzo antiterremoto. A la culminación del proyecto, el nuevo edificio será sede del tribunal y de sus oficinas administrativas, mientras que el Ruiz Nazario será el espacio para los magistrados federales y el Degetau será exclusivamente para oficinas para distintas agencias federales. El desarrollo, que está en etapa de diseño, ocurrirá en el mismo terreno de Hato Rey donde ahora están el Degetau y el Ruiz Nazario.

Al cabo de su término de siete años en la presidencia, Arias Marxuach espera “sencillamente que la gente concluya que el juez Arias se esforzó por desempeñar la función de forma justa, responsable y trabajó arduamente para eso”.