El hombre acusado de una evasión contributiva multimillonaria busca evitar el proceso administrativo de embargo de sus propiedades, así como la comparecencia del Secretario de Hacienda a su vista preliminar.

El contribuyente acusado de evasión y de esconder un trío de vehículos ultralujosos para evitar su embargo demandó a los departamentos de Hacienda y Justicia y requirió que el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, se presente hoy como testigo hostil de la defensa en su vista preliminar.

A través de su abogado, Edwin Prado Galarza, el empresario Luis Rubén Benítez Avilés acusó a Parés Alicea de estar parcializado en su contra y de violentar sus derechos constitucionales y como contribuyente al tramitar su caso sin reconocerle el debido proceso de ley. El también imputado de delito contributivo pide, entre otros, que el proceso administrativo de cobro y embargo de bienes se detenga hasta que culmine su procesamiento criminal.

Hacienda y Justicia quieren embargarle, y han pedido la ayuda del público para ello, tres vehículos: un Rolls Royce Cullinan 2020 blanca tablilla JJK186 (valorado en $475,000), un Lamborghini Aventador SVJ 2020 azul tablilla JMP709 (valorado en $875,000) y un Ferrari 488 Spider 2018 blanco tablilla JFL667 (valorado en $375,000).

“Sólo basta ver las publicaciones del Secretario en Twitter y escuchar sus expresiones durante la Conferencia de Prensa del 30 de septiembre de 2021 para saber que está parcializado en contra del señor Benítez”, se reclama en el mandamus radicado ayer, el cual plantea que en este caso ek tribunal tendrá que decidir si Parés Alicea “tiene potestad en ley para usar el mecanismo de la tasación de contribución en peligro para notificar deficiencias, tasar contribuciones, promover la radicación de cargos criminales y embargar los bienes del contribuyente, todo simultáneamente sin previa notificación al contribuyente, haciendo justicia en cuartos obscuros”.

“Confiamos en que la interpretación de los Departamentos de Hacienda y Justicia prevalezca en beneficio de todos aquellos contribuyentes que cumplen con la ley”, dijo el Secretario al pedírsele reacción a los reclamos de Benítez Avilés. Añadió que continuarán “enfocados” en la “lucha por la justicia contributiva” y reservó la discusión de los méritos para el foro judicial.

Antes, en una entrevista con NotiCel publicada ayer, explicó que en este y otros casos de evasión contributiva criminal está utilizando facultades de su cargo agrupadas bajo el concepto de “tasación de contribución en peligro”, que también existen a nivel federal, que son más agresivas de lo usual y que le permiten tramitar administrativamente una deuda paralelo a un proceso criminal contra el mismo contribuyente, en vez de esperar a terminar el proceso criminal para entonces entrar de lleno en el cobro.

Pero Benítez Avilés sostiene que las actuaciones de Parés Alicea son inconstitucionales por violentar el debido proceso ya que, entre otras, no se le notificó del inicio de la investigación contributiva en su contra, se reveló información contributiva suya confidencial, no se le dio el “trato digno, considerado e imparcial” que requiere la Carta de Derechos del Contribuyente, y se le dieron dos notificaciones que asegura son incongruentes porque “por un lado puedes pedir reconsideración, pero por el otro te obliga a desembolsar dinero sin haber sido escuchado”.

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Además, en un punto crucial para determinar la activación de este mecanismo de cobro, el Secretario ha indicado que uno de los criterios que le permiten hacerlo es que el contribuyente tenga capacidad para disipar sus activos, así como acceso a gran cantidad de dinero en efectivo y a hacer compras mediante corporaciones.

Benítez Avilés señala que las notificaciones que le hicieron sobre deficiencia contributiva no identifican bajo qué criterio el Secretario recurrió al mecanismo extraordinario y aseguró que no ha incurrido “en conducta alguna que se pueda interpretar de que esté disponiendo de sus activos para evitar el cobro”.

Según los récords judiciales, el contribuyente fue acusado en 2003 de narcotráfico, lavado de dinero y estructuración de transacciones financieras para evadir la detección. En 2005, se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero, aceptó que se le embargaran propiedades y fue sentenciado a 57 meses de cárcel. “[C]umplió su pena y pagó su deuda con la sociedad”, apunta la petición de mandamus.

Los expedientes que Benítez Avilés acompañó con la demanda demuestran también que al menos dos de los carros, el Ferrari y el Lamborghini, no aparecen a su nombre sino a nombre de LB Investment Construction LLC, una corporación en la que es “dueño de participaciones” y cuya razón de negocio es “todo relacionado a la construcción y desarrollo de propiedades inmuebles principalmente”. El hombre justifica que la corporación aparezca como dueña porque los vehículos “son activos de capital para inversión”.

Tanto LB Investment como Investment & Development Consulting Group, Inc. son empresas que se dedican a lo mismo y en las que el contribuyente reclama no ser dueño único, sino solo de “participaciones”. Ambas son fundamento de cargos criminales en su contra también por evasión contributiva.

De hecho, el que los vehículos estén a nombre de las corporaciones y el que las corporaciones también sean objeto de una investigación contributiva separada presenta complicaciones.

Esto, porque Benítez Avilés le está pidiendo al tribunal que elimine la fianza de $5 millones que le puso Hacienda en el proceso administrativo debido a que, entre los valores de los carros y el de su propiedad principal ($5 millones), ya se cubre toda la deficiencia que le reclama Hacienda y todos esos bienes ya tienen anotación de embargo. Pero la deficiencia de $4.8 millones que Hacienda calculó surge solo de problemas en sus contribuciones como individuo, no en las contribuciones de las corporaciones, que son aparte. Y los carros aparecen como una propiedad de las corporaciones, no como una propiedad suya individual.

Además, el Rolls Royce tiene su propio lio que está expuesto en una carta que el concesionario Mendoza Auto Gallery, Inc. y su dueño, Carlos Mendoza, remitieron al Secretario de Hacienda. Indican que, durante el reciente Caribbean International Auto Expo, Benítez Avilés se le acercó para venderle el Rolls Royce. Mendoza dice que conocía de un cliente a quien podía vendérsela y aceptó comprársela a Benítez Avilés el 6 de septiembre por $475,000 mediante dos pagos a completarse cuando ocurriera el traspaso, aunque ese mismo día el concesionario tomó posesión del vehículo. Mendoza llamó a su cliente, Carlos Ortiz, y acordó también una transacción con la Rolls Royce que le representaba una ganancia de $95,000. Pero la ganancia se hizo sal y agua cuando, aparentemente, Ortiz no prosiguió con el negocio después de que se hiciera público el caso criminal contra Benítez Avilés y que las autoridades buscaban la guagua para embargarla. Por razones que no están explicadas, a pesar de que Mendoza sostiene que el negocio con Benítez Avilés se completó y que el dueño registral de la Rolls es su ‘dealer’, en el registro de Obras Públicas aparece como dueña la corporación de Benítez Avilés.

Tanto en la carta de Mendoza, en la que también se hace una reclamación para compensación por daños, como en la demanda de Benítez Avilés, se hacen imputaciones de conducta abusiva contra los agentes de Hacienda que buscaban los vehículos para embargarlo así como que se señala que Parés Alicea estuvo en contacto directo con ellos durante las intervenciones.

En el caso de Mendoza, la intervención fue en su concesionario el 30 de septiembre. La carta dice que la Rolls no estaba allí y que los agentes no enseñaron orden de embargo, pero también ofrece a Hacienda entrar en conversaciones para darle acceso al vehículo.

La movida contra Benítez Avilés fue el 29 de septiembre en la tarde cuando un “batallón de policías y funcionarios del Departamento de Hacienda” llegaron a su casa en Guaynabo en momentos en que solo estaban sus dos hijas menores y su compañera consensual, la relacionista profesional Leslie Ortiz Montes. Cuando el hombre llegó, ejerció su derecho a guardar silencio y estuvo asistido por el abogado de las corporaciones, Rubén Aponte Mellado, contra quien Parés Alicea dijo que hizo un referido de investigación porque sus ingresos no cuadran con el vehículo que ostenta en las redes sociales y con el valor de su residencia. La demanda presenta que los agente no mostraron órdenes de embargo y que se comunicaron directamente con el Secretario.

Adicional al proceso de cobro, Benítez Avilés enfrenta cinco cargos criminales por fraude contributivo en sus planillas personales, tres por evasión en las contribuciones de las corporaciones y tres cargos por negarse a entregar los vehículos. La demanda niega intención de fraude y alega que “cualquier deficiencia a identificarse, si alguna, fue resultado de omisión por causa razonable”.

“[E]l Secretario de Hacienda no puede investigar contribuyentes en secreto, a sus espaldas, para luego aparecer de repente con una tasación de contribución en peligro en una mano, una acusación criminal en la otra y con un sin número de órdenes de embargo en los bolsillos, dejando al contribuyente en un estado de indefensión y privándole de su libertad y de sus bienes sin un debido proceso de ley”, reclama la acción legal.

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