Tribunal sostiene que UPR dé baja a estudiantes no vacunados
La decisión de la UPR de dar baja automática a estudiantes no vacunados ha producido demandas pero, hasta ahora, tiene el apoyo de los tribunales.
Después de seis días de vista evidenciaria, el juez federal Pedro Delgado Hernández recibió para su decisión final los reclamos de cuatro empleadas públicas que impugnan el mandato de vacunación que contiene la Orden Ejecutiva 58 (OE 58) de 2021, el cual las demandantes aceptaron que no hay que invalidar completamente, sino que se puede mantener con algunas modificaciones.
Mientras esto sucede en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en el Tribunal de Primera Instancia se comenzaron a recibir, y a resolver, retos a la decisión de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de decretar baja administrativa a todos los estudiantes que no se hayan vacunado contra el covid-19.
El edicto de vacunación compulsoria en la UPR fue emitido el 5 de agosto pasado, basado en la OE 58 que está impugnada en el caso federal así como en las órdenes administrativas 2021-509 y 512 del Departamento de Salud. Dispone que los estudiantes tienen acceso a solicitar exención por razón médica o religiosa pero, que aún con exención, están obligados a someter pruebas semanales de detección de COVID-19.
Hay por lo menos dos acciones legales derivadas de este edicto. Una fue sometida el 13 de septiembre por una estudiante a la que se le dio de baja administrativa en el Recinto de Mayagüez después de incumplir el plazo para presentar la prueba. Ayer, el juez Miguel López Feliciano desestimó esa acción por entender que el tribunal no debería sustituir su criterio por el de las directrices universitarias emitidas basadas en la OE 58 y las órdenes de Salud. Otra acción separada fue radicada ayer mismo por otra estudiante, esta vez del Recinto de Cayey, a quien también se le dio baja administrativa “sin siquiera la opción de educación a distancia”, cuando las autoridades universitarias determinaron que la solicitud de exención que sometió era deficiente.
En cuanto al caso federal, los demandantes enfatizaron al juez en sus argumentos finales que la OE 58, que ordena la vacunación a empleados públicos, no es un instrumento de salud pública sino de “acoso y castigo” a los pocos miles de empleados que quedan sin vacunar a la luz de que las propias cifras del gobierno colocan en 90% la vacunación entre los empleados públicos.
“La ciencia y la libertad no son mutuamente excluyente”, declaró el licenciado Ilya Shapiro. El licenciado José Dávila Acevedo, también por los demandantes, anotó al juez que el gobierno usó su poder para obligar la vacunación en la OE 58, pero no ha usado su poder para eliminar la necesidad de un referido médico para poder hacerse las pruebas, o para facilitar el acceso y aceptación de las pruebas caseras. Estos puntos van a la propuesta final que los demandantes hicieron al juez, en el sentido de que no necesariamente tenía que decretar la ilegalidad completa de la OE 58, sino que podría ordenar al gobierno que haga modificaciones para facilitar el cumplimiento del esquema alterno para los no vacunados.
“Usted puede que no esté cómodo con derribar todo un mandato, pero puede ordenar medios menos restrictivos (para cumplirlo)”, dijo el licenciado Arturo Bauermeister en una última súplica al tribunal.
Como riposta, el abogado del Departamento de Justicia, José Cintrón Rodríguez, le planteó al juez que las demandantes no habían cumplido con requisitos legales para un interdicto, como mostrar daño irreparable o una violación de derechos que alcancen el nivel constitucional.
Defendió también que las dos peritos del gobierno, la principal oficial médica del Departamento de Salud, Iris Cardona Gerena, y la epidemióloga del Estado, Melissa Marzán Rodríguez, trajeron datos y opiniones que vienen de la “primera fila” de la lucha contra el covid-19 en la isla, en contraste a los dos peritos de las demandantes, que son profesores de Estados Unidos. Las peritos del gobierno “no miran este asunto desde la comodidad de sus sillas en una torres de marfil”, dijo.
“No es una recomendación sabia flexibilizar las restricciones en este momento de tiempo… no se justifica amarrarle las manos al gobierno en esta etapa”, anotó.
Vea:
Sin definir los criterios para concluir que la pandemia está “controlada”