Pidieron conocer cuál sería la oferta si se declaran culpables de fraude financiero

Los exasesores de Legal y Finanzas del Alcalde de Mayagüez están pendiente a que la fiscalía federal les haga una oferta de aceptación de culpa aun cuando todavía siguen evaluando la evidencia voluminosa del caso.

Aunque todavía están en medio de la entrega de evidencia, dos exasesores del Alcalde de Mayagüez ya pidieron conocer cuál sería la oferta de alegación de culpa que les puede hacer la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico ante los cargos que enfrentan por su supuesta involucración en un fraude financiero que desapareció $9.8 millones en fondos públicos.

Por esto, durante una conferencia de estado del caso ayer, la jueza federal Aida Delgado Colón concedió un plazo de 15 días para discusiones entre las partes. La próxima fecha de vista en el caso es el 13 de enero, con el ánimo de dar suficiente tiempo a dirimir un volumen de evidencia que entregó la fiscalía a los acusados y que suma 8,317 artículos, incluyendo grabaciones de 21 individuos, 44 cuentas de banco y 13 entidades corporativas.

Los interesados en conocer qué les puede ofrecer la fiscalía son el licenciado Arnaldo J. Irizarry Irizarry, exjuez y exasesor legal del alcalde José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez, y Roberto Mejill Tellado, exasesor financiero del alcalde bajo la entidad RWM Consultants, Inc. Ambos sirvieron al ejecutivo municipal por años.

En la vista ante Delgado Colón no se entró en detalles sobre las ofertas o las motivaciones de estos acusados, pero hay un proceso paralelo que aporta hechos y datos.

Se trata de la demanda civil que el Municipio de Mayagüez radicó en junio de 2019, cuando primero surgieron las informaciones sobre el fraude en la inversión de $9.8 millones que se hizo a través de la corporación municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI). En ese momento, que no había ninguna acción federal radicada con relación a la transacción, los demandados eran solo el asesor financiero fatulo Eugenio García Jiménez y varias entidades corporativas, entre las cuales hay unas en las que Mejill Tellado también participó o aparece como participante en algún momento.

Luego de la acusación federal en marzo de 2021, el ayuntamiento enmendó la demanda para incluir como demandados a todos los acusados, incluyendo a Irizarry Irizarry y a Mejill Tellado. Aunque MEDI supone ser una entidad aparte del municipio, están ambas bajo el control completo de Rodríguez Rodríguez ya que por un lado es el alcalde y por el otro es el presidente de la Junta de Directores de la corporación municipal. Igual que el alcalde, las actuaciones de Irizarry Irizarry abarcaron ambas esferas, municipio y corporación municipal.

El exjuez, a quien igual que Mejill Tellado se le cancelaron todos sus acuerdos con el municipio, no ha hecho expresiones públicas pero el 11 de agosto pasado se vació en una moción en la que, compareciendo por derecho propio, pidió que la demanda civil fuera detenida en lo que terminaba el caso criminal.

“[L]a parte demandante de forma antiética, irrazonable y arbitraria ha decidido radicar una demanda en contra de la parte aquí compareciente y otros codemandados por hechos de los cuales están siendo procesados en el ámbito penal”, planteó al reclamar que la continuación de la demanda civil y etapas como el descubrimiento de prueba, lo pondrían en riesgo de autoincriminarse y afectaría su capacidad de atender el caso criminal federal.

Tanto la demanda como el pliego federal versan sobre los mismos hechos y la misma transacción de un dinero que inicialmente la Legislatura asignó para un Centro de Trauma, pero que el municipio, como parte de un plan del acusado criminal y codemandado García Jiménez, decidió invertir en el mercado financiero en lo que resultó ser un esquema de fraude.

“En el presente caso, cualquier testimonio que ofrezcamos en una deposición, interrogatorio o cualquier descubrimiento de prueba, cualquier evidencia que presentemos en cualquier etapa de este proceso civil, puede ser utilizado en contra de la parte aquí compareciente en el proceso criminal. Aunque reiteramos que NEGAMOS TOTALMENTE LAS IMPUTACIONES que se hacen en el Foro Federal como aquí en esta demanda frívola civil en el Foro Estatal, si, en ninguna circunstancia pretendemos renunciar a nuestros derechos constitucionales fundamentales y básicos que nos protegen en todo momento”, añadió Irizarry Irizarry en la moción que todavía no ha sido resuelta.

De los acusados criminales, otros dos, García Jiménez y el exdirector ejecutivo de MEDI, Alejandro Riera Fernández, estuvieron también cerca del alcalde, pero en la vista de ayer no hubo consignación de que estaban buscando activamente conversar con la fiscalía.

También por los mismos hechos de los $9.8 millones, y otras transacciones con propiedades municipales a través de MEDI, Rodríguez Rodríguez enfrenta un referido del Departamento de Justicia para que se le radiquen cargos criminales a través de un Fiscal Especial Independiente y, de forma paralela, se inicie un proceso de destitución del cargo.

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