Sin definir los criterios para concluir que la pandemia está “controlada”
Epidemióloga del Estado testifica que no hay criterios desarrollados todavía para concluir cuándo la pandemia está bajo control, lo cual lleva a saber cuándo es que se está saliendo de la misma.
El impacto de las variantes, como la Delta, y la lentitud en la vacunación son algunos de los factores que se combinan para que, al día de hoy, no se haya establecido todavía un estándar científico para definir cuándo es que la pandemia del covid-19 va a estar “controlada”, y por ende, cerca de su culminación.
Así lo informó la epidemióloga del Estado, Melissa Marzán Rodríguez, durante su testimonio en el quinto día de vista para dilucidar en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico la solicitud que hicieron cuatro empleadas del gobierno para que se le ordene a la Administración Pierluisi suspender el mandato de vacunación que contiene la Orden Ejecutiva 58 para los empleados de la Rama Ejecutiva.
Marzán Rodríguez es miembro del Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales (CSTE en inglés), una de las entidades en donde se evaluarían esos criterios.
“Ahora (la pandemia) no está controlada”, dijo a la vez que opinó que la demanda presenta fuera de contexto los datos científicos sobre el efecto de la pandemia en la isla como, por ejemplo, la utilización de recursos hospitalarios. Según expuso, el nivel bajo que refleja el uso es resultado, precisamente, de las medidas de control y que, con la capacidad alta de transmisión que presenta la variante Delta del virus, relajar las medidas puede traer fluctuaciones que lleven los recursos al punto de saturación. Añadió que los demandantes tampoco toman en cuenta que elementos como camas y ventiladores disponibles se tienen que evaluar junto al dato de la cantidad de profesionales de la salud que hay disponibles para atender a los pacientes que estén usando esos recursos y que estos profesionales están fatigados por llevar año y medio atendiendo una emergencia de salud pública.
“Hasta que no logremos vacunar 90% (de la población) y la pandemia esté controlada, pueden haber fluctuaciones que pongan en peligro la capacidad hospitalaria”, apuntó.
Marzán Rodríguez es una de so peritos que el gobierno presenta como testigos, siendo la primera la doctora Iris Cardona Gerena, principal oficial del Departamento de Salud a cargo de la vacunación y quien, antes de terminar su participación ayer, explicó que los mandatos como el de los empleados públicos también cumplen el propósito de proteger a los niños menores de 12 años, que todavía no se pueden vacunar, porque cuando el “entorno” familiar del niño está vacunado, el menor está más protegido.
“No son decisiones al azar, no son decisiones de capricho, son guiadas por ciencia”, defendió la funcionaria sobre la estrategia de control de la pandemia del gobierno. Reconoció que “el mandato (de vacunación) se puede revisar, pero esa no es la situación ahora” y rebatió que estas medidas se reviertan por la presión emocional que puedan sentir los empleados porque “el efecto sicológico del mandato es pasajero y se tiene que ver que ocurre en el contexto de una emergencia de salud pública”.
En un momento de la vista, el juez Pedro Delgado Hernández inquirió a uno de los abogados de las demandantes, José Dávila Acevedo, que quién era la persona del público con la que se comunicaba varias veces mientras planteaba preguntas a los testigos del gobierno y el representante legal indicó que se trataba del ingeniero Jorge Rodríguez, fundador de la empresa PACIV y del Instituto de Puerto Rico para la Libertad Económica, el promotor de la acción legal.