El estado inició la presentación de sus testigos en el caso federal que impugna el mandato de vacunación que enfrentan los empleados públicos y que se supone cumplan para la semana que viene.

Con la misma estrategia mediante la que ya vencieron una impugnación contra la estrategia de vacunación, el Gobierno de Puerto Rico recurrió al testimonio pericial de su persona crucial en todo lo relacionado a la vacunación, tanto desde el punto de vista científico como el logístico, la Principal Oficial Médico del Departamento de Salud, Iris Cardona Gerena, para combatir la demanda federal que impugna el mandato de vacunación de los empleados públicos.

Cardona Gerena y la epidemióloga del Estado, Melissa Marzán Rodríguez, son las dos testigos que tiene anunciadas el gobierno para la vista evidenciaria en el caso ante el juez federal Pedro Delgado Hernández. Ambas intervienen como peritos en el proceso que sigue el lunes y que ya contó con dos testigos periciales de la parte demandante así como parte de las cuatro empleadas públicas demandantes y otros empleados.

El testimonio de Cardona Gerena el viernes corrió una línea fina porque sus reclamos del éxito que ha tenido la isla frente a otras jurisdicciones en el manejo de la pandemia abona a los argumentos de los peritos de las demandantes de que ya, a esta etapa de la pandemia, no se justifican medidas tan onerosas para los no vacunados como las que impone la Orden Ejecutiva 58 a los empleados públicos.

Donde se diferenció el testimonio de Cardona Gerena y el de los peritos de la otra parte fue en su aseveración de que son precisamente ese tipo de medidas las que han ayudado a controlar la pandemia durante este año y medio y que es preciso mantenerlas para no recaer. “Los datos que estamos viendo validan la efectividad de esas intervenciones”, concluyó.

El testimonio de la funcionaria ocurrió a la vez que una publicación del Centro para el Control de Enfermedades (CDC en inglés) muestra a Puerto Rico como de las jurisdicciones de Estados Unidos con menor tasa de transmisión de COVID-19 actualmente.

Las preguntas a Cardona Gerena por parte de la abogada Idza Díaz Rivera, del Departamento de Justicia, estuvieron diseñada para que diera al juez una clase de todo lo relacionado al coronavirus, el desarrollo de las vacunas y su aplicación como medida de salubridad pública.

Casi no hubo referencia directa a las alegaciones de los peritos de los demandantes, excepto cuando la doctora señaló que ocultaron el dato de que un estudio que presentaron y que incluía muertes de vacunados en Israel específicamente decía que las muertes son por otras condiciones de los pacientes y no por la vacuna ni por el propio virus.

En otros aspectos que trajeron los demandantes, dijo que no conoce de ningún remedio natural con efectividad contra el COVID-19 o que haya pasado por un proceso tan riguroso como el que pasan las vacunas para aprobación; que la “inmunidad natural” existe pero el costo es que la persona se infecte y se arriesgue a que la enfermedad lo mate en vez de conferirle inmunidad; y que los efectos secundarios graves de las vacunas han sido “raros”.

En aparente referencia a que una de las demandantes justificó su negatoria a vacunarse debido a que no quiere poner en riesgo a su bebé ni ahora ni cuando lo esté lactando, la doctora confirmó que la recomendación médica general es lo contrario, que las embarazadas deben vacunarse porque si se contagian no solo pueden morir ellas sino también sus bebés. “[L]as embarazadas, lactantes, las que están buscando quedar embarazadas o las que probablemente queden embarazadas en el futuro (deben vacunarse)”, expresó.

Rechazó la opinión de los peritos de los demandantes de que, para todos los efectos, ya la pandemia se acabó en Puerto Rico señalando que hay transmisión comunitaria de la variante Delta, la cual es más contagiosa y que “el número de niños hospitalizados se duplicó bajo Delta”. Apuntó a que los datos de infecciones, hospitalizaciones y mortalidad todos están poblados mayormente por casos de no vacunados.

“Es una emergencia de salud pública que ha provocado miles de casos, personas enfermas, que ha cobrado la vida de sobre 3,000 personas en Puerto Rico, que ha cobrado la vida de decenas de médicos y otros profesionales de la salud en Puerto Rico y que representa todavía una amenaza real a la salud pública”, planteó.

Vea:

Orden Ejecutiva del Gobernador fue la señal del Apocalipsis para demandante en pleito antimandato de vacunación