Orden Ejecutiva del Gobernador fue la señal del Apocalipsis para demandante en pleito antimandato de vacunación
Demandantes someten su evidencia en vista que busca que juez federal prohíba al gobierno requerir la vacunación a sus empleados, al tiempo que se anuncia que ya 90% de estos está vacunado.
Cuando Yohama González Milán escuchó al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia el 28 de julio pasado establecer el requisito de que los empleados públicos se vacunen como una medida para “cerrarle el cerco” a los que rehúsan vacunarse, se convenció de que era una de las señales bíblicas del Apocalipsis.
Sus creencias religiosas la tenían del lado de los no vacunados desde antes de ese día, pero, a partir de entonces, no tiene vuelta atrás su convicción de que la vacuna es la marca de la Bestia de la que se advierte en los relatos bíblicos del fin de los tiempos.
González Milán es una de las cuatro empleadas públicas que demandó al gobierno en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y que solicita que el juez Pedro Delgado Hernández emita una orden para dejar sin efecto la Orden Ejecutiva 58 (OE 58) mediante la que el Gobernador estableció que los empleados públicos deben estar vacunados o enfrentar alternativas que van desde la realización de pruebas semanales de detección de covid-19 hasta quedarse en su casa extinguiendo licencias.
Ayer, por tercer día, el juez Delgado Hernández escuchó, con extrema laxitud, a los testigos de los demandantes sobre los oprobios que les representa en sus vidas el requisito de vacunación. A la vez que esto ocurría, un comunicado de prensa de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), indicaba que, de un total de 104,108 empleados públicos, 93,594 cuentan con la serie completa de la vacuna contra el COVID-19, para una proporción del 90 por ciento. Por lo que solo un 10% estaría enfrentando las condiciones que la demanda busca eliminar.
El testimonio de González Milán fue el que más ampliamente expuso las teorías religiosas para no aceptar la vacunación.
Entre estas, que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza superiores a las bestias; que el cuerpo, como reflejo de Dios, no puede ser violentado con una vacuna; que Dios creó a los seres humanos con libertad para, por ejemplo, rechazar una vacuna; que la Biblia mandata alimentación sana y medicina natural; y que “no puedo tomar ventaja del sacrificio de niños porque sería un ritual al dios Moloc”. Esto último se refiere a la figura de Moloc, también conocida como Moloch Baal, que se menciona varias veces en la Biblia asociado al sacrificio de niños.
“No fomento vacunas que en la experimentación, o dentro de la vacuna, hayan utilizado la muerte de un niño”, añadió sin explicar la conexión entre la vacuna y la muerte de algún niño.
“Una vez (supe de) la imposición que hizo el Gobernador de Puerto Rico de que todos tendrían que vacunarse y (que) usó expresiones como que estaba cerrando el cerco, entendí que se estaban cumpliendo las características del Apocalipsis”, afirmó bajo juramento la empleada de la Comisión de Juegos que trabaja como supervisora de inspectores de casinos.
“Me están obligando a tener que decidir si tengo un empleo o le sirvo a Dios”, se lamentó.
Ni los abogados del Departamento de Justicia, ni el juez, le cuestionaron sobre estas convicciones. La mujer estableció que lo que expone es el resultado de su propio análisis de los textos bíblicos y no como resultado de algún dogma. De hecho, aceptó que el pastor de su iglesia, la que no identificó, está “presionando” para la vacunación. Sí indicó que es capellana de la Iglesia AMEC Casa de Alabanza.
Según las mociones sometidas previas a la vista, González Milán testificaría sobre su “lucha para conseguir referidos médicos y lugares de pruebas gratis todos los viernes (para su prueba semanal)”, pero el testimonio de la mujer fue que no siquiera intentó ir a un lugar de pruebas gratis porque los visuales de largas filas la desanimaron.
Otra demandante, Leila Ginorio Carrasquillo, también planteó que no está vacunada por convicciones religiosas y que “perdería mi trabajo antes que ponerme esa vacuna”.
Cuando se le presentó una copia de la OE-58 dijo que nunca la había leído y aceptó que su declaración de que el gobierno la está “obligando” a vacunarse es una conclusión suya y no porque surge de la orden. “He sentido molestia haciéndomelas, cansancio de tener que estar haciendo eso semanalmente”, dijo sobre las pruebas.
La mujer tiene una declaración jurada para fundamentar una exención por motivo religioso a la vacunación pero no la ha entregado a su patrono y no se la han pedido. Explicó que no pudo obtener el aval oficial de su iglesia, porque tienen prohibido a sus clérigos certificar esas declaraciones y, además, “eso (sus creencias) no lo puede certificar nadie, excepto uno mismo y el Señor”.
En el proceso para llenar la declaración, sin embargo, llegó a ir donde el naturópata Norman González Chacón porque escuchó que tenía un abogado que las llenaba pero, al llegar, se encontró con una fila de entre 150 a 200 personas así como con turnos agotados, por lo que le dijeron que la llamarían después… y todavía está esperando la llamada. A contrapelo, su compañera demandante González Milán, criticó la “propaganda” de la que es víctima el naturópata.
Los demandantes sometieron su caso ayer con el testimonio de González Milán, Ginorio Carrasquillo y Viviana Santos Pérez. La vista sigue hoy en la mañana con las testigos del Gobierno de Puerto Rico, ambas en capacidad pericial, la Principal Oficial Médico del Departamento de Salud, la doctora Iris Cardona Gerena y la epidemióloga del Estado, Melissa Marzán Rodríguez.
Vea:
Expertos ponen en duda la estrategia pandémica de la Administración Pierluisi