La Asociación de Alcaldes pidió comparecer como amigo de la corte en los dos pleitos ante el Tribunal Federal en contra de los mandatos de vacunación de la Administración Pierluisi.

El segundo día de vista evidenciaria en la demanda federal contra el mandato de vacunación de la Administración Pierluisi para los empleados públicos trajo el testimonio de dos de las demandantes, así como la solicitud de la Asociación de Alcaldes para comparecer como amigos de la corte en defensa de los mandatos.

Como parte de su solicitud de un interdicto para que al gobierno se le prohíba poner en vigor el esquema mediante el que los empleados no vacunados tienen que someterse a pruebas semanales, las demandantes tienen que probar al tribunal los daños que sufren debido a la Orden Ejecutiva 58 (OE 58). Pero en sus testimonios y en los de otros empleados públicos, el daño principal que emerge es las horas de espera que han pasado en centros públicos repetidamente para poder cumplir con el requisito de prueba semanal.

De hecho, el juez Pedro Delgado Hernández, que mantuvo su intervención al mínimo durante el testimonio de los dos peritos de las demandantes el primer día de vista, ayer se aseguró de preguntar a los testigos específicamente por los daños sufridos, incluyendo gastos de transportación en los que hayan incurrido. Específicamente sobre las horas de espera, preguntó a todos si conocían de alguna agencia de gobierno, o algún consultorio médico, en el que el público no tuviera que esperar algunas horas para obtener servicio. Los abogados intentaron matizar estas preguntas del juez enfatizando en que los testigos estaban pasando esas horas de espera de manera involuntaria porque no era que querían el servicio sino que estaban allí en contra de su voluntad para poder cumplir con la OE 58 y mantener sus empleos.

Los testimonios siguen hoy y posiblemente hasta el lunes, por lo que el juez ya adelantó que probablemente no cumpla con su pronóstico de emitir una decisión dentro de las 48 horas siguientes a la vista.

Delgado Hernández aceptó la solicitud que hicieron los alcaldes afiliados al Partido Popular Democrático (PPD) para comparecer a favor de los mandatos, una solicitud que ocurrió en los dos casos federales pendientes, el que impugna el mandato que cubre a los empleados públicos y el que impugna el mandato que cubre a comercios, el mismo día en que NotiCel publicó que al municipio de Barceloneta, miembro de la Asociación, se le había demandado por sus requisitos con los empleados municipales. El municipio modeló su orden en los requisitos de las órdenes ejecutivas y el Departamento de Educación.

“La compareciente es un colectivo de 41 gobiernos locales que han endosado y adoptado las políticas impugnadas en este caso, así como otras medidas propias. Debido a que la Asociación está convencida de que las demandantes no tienen derecho al remedio solicitado, como materia de derecho, busca comparecer como amigo de la corte en apoyo a la validez de las restricciones impugnadas”, indicó la Asociación.

De hecho, uno de los testimonios que el juez permitió ayer fue el de una empleada del municipio de Carolina sobre los problemas que enfrenta con el mandato de vacunación para los empleados del ayuntamiento, a pesar de que en su testimonio no giró en torno a la OE 58 ni ninguna otra directriz del gobierno central. Cynthia Avellanet Meléndez dijo que los viajes y el tiempo de espera para hacerse la prueba en centros públicos le afecta su negocio privado de planes nutricionales y que se siente discriminada por compañeros que han calificado a los no vacunados como “irresponsables”.

El maestro de inglés del sistema público, Juan Carlos Fenollal Tirado indicó que ha gastado unos $30 en cumplir con los requisitos de pruebas y que “me ha afectado emocionalmente porque me siento discriminado”. Al abundar, dijo que la instancia de discrimen que ha enfrentado es que la enfermera de su plantel, que es la encargada de recibir la prueba de los no vacunados, lo trata como si estuviera enfermo cuando no presenta la prueba. Todavía no se ha querellado formalmente en contra de ella, dijo a preguntas de los abogados del Departamento de Justicia.

Más extensamente, prestaron testimonio dos de las cuatro demandantes, Zulay Rodríguez Vélez y Julissa Piñero.

Rodríguez Vélez es oficina del Departamento de la Familia y está en su octavo mes de embarazo. Dijo que no se vacunó porque no quiere arriesgar su embarazo ni afectar a su niña no nacida y que, si acaso, consideraría vacunarse después de que termine de lactar a su hija porque entiende que también estaría arriesgando la salud de la pequeña si se vacuna mientras la lacta.

“Ya lo tenía claro mucho antes de que el Gobernador, verdad, hiciera la imposición para los empleados públicos… yo realmente no me quiero vacunar por la seguridad de mi bebé”, dijo. “Nadie se va a responsabilizar si le ocurriera algo a este bebé que tanto yo anhelo”, añadió al explicar que el proceso ha sido un “vía crucis” que la tiene ansiosa. No entiende, expuso, por qué las únicas exenciones que admite la OE 58 son la religiosa o la médica cuando ella simplemente no quiere vacunarse porque en su conciencia no está convencida de que la vacuna sea segura durante su embarazo.

La mujer admitió que, aunque figura como demandante, no está familiarizada ni examinó la parte de la demanda que provee argumentos científicos y estadísticos sobre el COVID-19 y la vacunación, pero que entiende que la vacuna “todavía es muy experimental”. Planteó que no comprende por qué ha sido objeto de discrimen ya que “siento que no estar vacunada no es una amenaza para nadie”.

Como parte de su testimonio, los abogados de Justicia pidieron al juez que tomara conocimiento de que el martes en la noche murió la quinta mujer embarazada en la isla victima del COVID-19 y que no estaba vacunada.

Por su parte, Piñero es oficial de licencias en el Negociado de Emergencias Médicas y también la esposa de un bombero que testificó el primer día de vistas. No se ha vacunado por sus creencias religiosas, específicamente porque entiende que su cuerpo es parte del Espíritu Santo y porque tiene condiciones en su sistema inmune, así como que en un momento sufrió de una trombo-flebitis.

Entiende que “el manejo de los mandatos ha sido inconsistente” y que a ella no le han pedido ni declaración jurada que sustente la exención religiosa ni prueba negativa, pero supone que esto puede ser por su participación en la demanda. Aunque no se la han pedido, la mujer tiene lista una declaración jurada firmada por su pastor, quien no pudo identificar por su nombre completo sino solo por el apodo de “Pastor Negri”.

A preguntas de Justicia aceptó que no ha recibido ninguna orden ni consejo médico en contra de la vacuna y a preguntas del juez dijo que no le ha comunicado a sus supervisores de sus objeciones médicas y religiosas a la vacunación.

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