Como parte de una demanda federal, testifican que los mandatos de vacunación que impulsa el Gobernador no se sostienen con los datos y con el éxito que ha tenido la isla hasta ahora en la lucha contra el covid-19.

La pandemia, aún en el tramo de la variante Delta, no tiene tan amenazado al sistema de salud de Puerto Rico como para justificar las estrategias de vacunación que impone la Administración Pierluisi, indicaron dos testigos periciales con los que inició la vista evidenciaria en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, como parte de una demanda en la que empleadas públicas impugnan el requisito de vacunación.

El primer día de vista fue solo de testigos de las demandantes, lo cual también se anticipa que ocurra buena parte del día de hoy en la continuación de un proceso para la cual el juez Pedro Delgado Hernández ha dicho a las partes que pueden tomarse el tiempo que necesiten en la presentación de evidencia. De hecho, el juez fue sumamente leniente con las partes, denegando todas las objeciones de lado y lado, excepto una, porque estableció que, debido a que el juzgador final será él y no un jurado, él sabrá qué peso darle a cada testimonio.

Además de los peritos de ayer, las demandantes han anunciado que testificarán ellas mismas así como otros empleados de gobierno y personas privadas, particularmente sobre lo oneroso que es hacerse una prueba de detección de covid-19, algo que las demandantes han dicho que distorsiona todo el análisis que hace el gobierno sobre la tasa de positividad del virus en la isla y el nivel real de propagación.

Por su parte, el Gobierno, representado por el Departamento de Justicia, ha indicado que presentaría a dos testigos periciales, la Principal Oficial Médico del Departamento de Salud, la doctora Iris Cardona Gerena y la epidemióloga del Estado, Melissa Marzán Rodríguez.

El doctor Andrew Bostom, primer perito de las demandantes, destacó su experiencia pasada en estudios clínicos para criticar que el proceso de aprobación de las vacunas en general, no solo las del covid-19, es “defectuoso” porque se concentra solo en la inminencia de evitar infecciones de una enfermedad particular, pero no hay suficiente análisis a profundidad y largo plazo para determinar cómo las vacunas inciden realmente en elementos como la hospitalización y la mortalidad. Este tipo de estudio, subrayó, es más común para otro tipo de medicamentos que para vacunas.

Bostom resaltó que los primeros datos de largo alcance que se tienen sobre las vacunas de covid-19 vienen de Israel, “que básicamente se ha convertido en un laboratorio para la vacuna mRNA de Pfizer” y que indican que “la inmunidad natural parece ser más protectora” que la vacuna. Esta inmunidad es la que ocurre cuando una persona se infecta con el virus y sobrevive. También, que un estudio 17 años después del brote del primer coronavirus, en 2003, los infectados sobrevivientes preservaban en sus sistema altos niveles de células protectoras contra el virus.

En el contrainterrogatorio del gobierno, expuso que su opinión es que, “como sociedad, necesitamos una discusión para ampliar (el esquema de pruebas sobre la efectividad de las vacunas)”. Tuvo que admitir, sin embargo, que es la primera vez que testifica sobre eso en un tribunal por lo que, hasta ahora, su teoría no ha tenido el aval de ningún foro judicial.

Mientras se registraba su testimonio, la Coalición Científica de Puerto Rico publicó, precisamente, un análisis de los efectos en contagios, hospitalizaciones y muertes según el tipo de vacuna administrada, grupo demográfico, y tiempo desde la primera dosis, que constituye uno de los pocos en su clase a nivel mundial.

Los hallazgos incluyen que “[t]odas las vacunas son efectivas, y reducen el riesgo de hospitalizaciones y muertes hasta 10 veces menos comparado a los grupos de personas no vacunadas”; la efectividad pico de cada vacuna fue: Moderna (85% pico de efectividad y 70% cinco meses después de primera dosis), Pfizer (80% y 55%) y Johnson & Johnson (60% y 15%); y que la protección en personas mayores de 75 años es consistentemente menor que en los más jóvenes, lo que apoyaría una recomendación de tercera dosis al menos para este grupo de edad.

El segundo perito fue el doctor Joel W. Hay, uno de los creadores de los conceptos farmacoeconomía y economía de la salud, que son el estudio de la eficiencia económica de los medicamentos. “Yo entendí la epidemiología del VIH antes de que la entendiera el Dr. (Anthony) Faucci”, reclamó a manera de credencial profesional.

El testimonio partió principalmente de su análisis de las estadísticas de la pandemia en Puerto Rico y sus conclusiones de que los mandatos de vacunación del gobierno son una “enorme carga (sobre los individuos) que produce esencialmente ningún beneficio” porque los datos indican que “la variante Delta en Puerto Rico está declinando rápidamente… estamos viendo cómo este virus se desvanece ante sus ojos”.

Sin embargo, una de las estipulaciones de hecho que el juez tiene ante sí es que, al momento en que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia emitió la Orden Ejecutiva 2021-58 sobre la vacunación de empleados públicos, “Puerto Rico estaba en una tendencia ascendente (de la pandemia) con 113 hospitalizaciones y 28 personas en UCI (unidades de Cuidado Intensivo)”.

Hay, quien insistió en que se le llamara doctor y no señor, atacó los aumentos en cifras de positividad (propagación) del virus que ha tenido la isla enumerando que todas las pruebas de detección de covid-19 tienen, de por sí, fallas conducentes tanto a falsos positivos como a falsos negativos, y que a eso se añade que las pruebas aquí tienen un costo oneroso y no hay un andamiaje amplio de pruebas gratis como en otras jurisdicciones. Esto implica que, “solo a los más enfermos o a los hospitalizados” se les realizan pruebas, afectando así la tasa de positividad. “Todo tiene que ver con el dinero, particularmente en la medicina”, anotó.

Observó también que la tasa de hospitalización por el virus ha sido “extremadamente baja” en la isla, al no subir del 10% y que la utilización de UCI también lo ha sido al no pasar del 30%. “Hay muchas camas de hospital vacías… si fuera administrador de un hospital estaría preocupado”, declaró en torno al 40% de camas vacías que examinó en las estadísticas. “Alguien está tratando de exprimirle más casos a los datos”, lanzó en referencia al análisis del gobierno. Concluyó que no se necesita tener más de 80% de vacunación en la población y que por encima de eso no hay beneficios exponenciales.

En el contrainterrogatorio, los abogados de Justicia calificaron sus observaciones de “bastante optimistas” y se concentraron en señalar que las mismas no habían tomado en cuenta la escasez de personal médico en la isla cualificado para manejar hospitalizaciones por covid- 19 y en cómo el gobierno no está en libertad para simplemente descartar las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades (CDC en inglés).

El último testigo del día fue el bombero de Humacao, Alexis Aníbal Torres Rivera, quien relató sus vicisitudes para cumplir con el esquema de pruebas ya que tiene pendiente de aprobación una solicitud jurada para exención por motivo religioso. Dijo sentirse confundido sobre si tenía que someterse a pruebas a la vez que tramita una solicitud de exención y fue el único testigo del día al que el juez dirigió preguntas, relacionadas con cuánto más está gastando en gasolina y peaje a la semana cuando va a hacerse la prueba gratis en un centro de rastreo al que tiene que llegar de madrugada para estar de tres a cuatro horas esperando y salir para también cumplir con su turno en la estación de bombero. Actualmente, Torres Rivera está extinguiendo tiempo compensatorio por orden de sus superiores.