Juez Pedro Delgado Hernández señaló una vista de argumentación oral y adelantó que decidiría el caso dentro de las 48 horas siguientes a la vista.

El juez federal Pedro Delgado Hernández señaló para el 21 de septiembre la vista de argumentaciones orales en la demanda mediante la que cuatro empleadas del gobierno impugnan la orden ejecutiva que les requiere estar vacunadas contra el covid-19 para poder trabajar presencialmente o, de lo contrario, las somete a un esquema de pruebas semanales y consumo de licencias con y sin paga.

La orden ejecutiva 58 de 2021 dice que los empleados públicos tienen hasta el 30 de septiembre para mostrar evidencia de vacunación completa. Después de esta fecha, se activarían los requisitos alternos para poder trabajar presencial.

El juez adelantó en una vista de status el viernes que está listo para emitir una decisión dentro de las 48 horas siguientes a la vista. Sin embargo, la determinación de vista en este caso para el 21 de septiembre, el hecho de que la segunda demanda federal activa relacionada a requisitos de vacunación, a cargo del juez Raúl Arias Marxuach, no tendrá una vista inicial sino hasta el 24 de septiembre, y de que la única demanda activa en tribunales locales relacionada al requisito de vacunación no tiene todavía ni siquiera una solicitud de señalamiento de vista por parte de la demandante, apuntan a una especie de congelamiento del tiempo en las controversias legales sobre vacunación.

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Estas fechas abren la puerta para que la Administración Pierluisi siga presionando a la vacunación de la población mediante estas medidas de presión y también para que surjan nuevos desarrollos a nivel local y a nivel federal, como el anuncio el jueves del presidente Joe Biden de que mandatará la vacunación a los empleados del gobierno federal así como a los empleados de los patronos más grandes de Estados Unidos.

Las demandantes en el caso ante Delgado Hernández inicialmente hicieron solicitudes para que el juez señalara con premura la vista de interdicto, pero el juez lo sujetó a primero recibir las argumentaciones del gobierno, lo que ya sucedió. Ni en este caso ni en el del juez Arias Marxuach se han hecho solicitudes especiales de premura al tribunal más allá de las respectivas solicitudes para una orden interdictal en contra de la aplicación de las órdenes ejecutivas que tienen mandatos de vacunación en distintos escenarios sociales. En la conferencia de status del viernes tampoco hubo solicitudes al respecto.

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Lo que sí se discutió es una solicitud de las demandantes, a través del licenciado Arturo V. Bauermeister, para que se le pidiera al gobierno la entrega de datos científicos más específicos y actualizados de cara a la argumentación oral como, por ejemplo, la cantidad precisa de empleados públicos que están vacunados. Pero el juez dijo que no se iba a meter y que debe ser un asunto que se discuta entre las partes. Delgado Hernández demostró que, en cuanto a datos científicos, se limitaría a la solicitud que ya hizo al gobierno, y que ya está cumplida, de que se le sometieran los fundamentos científicos para cada uno de los supuestos de la orden ejecutiva con los que se acreditaba la necesidad del requisito de vacunación a los empleados públicos. “A mayor data, más beneficioso para el tribunal”, comentó Bauermeister.

El juez volverá a celebrar una reunión de status previa a la vista oral el 20 de septiembre, y para el 17 ambas partes deben someter un informe conjunto en el que debe estar divulgada la prueba que presentarán en la vista. Según la discusión del viernes, ambas partes se preparan para presentar testimonio pericial.

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