El Departamento de Justicia contestó a una demanda federal en contra de los mandatos de vacunación indicando que estos están comprendidos plenamente bajo el poder del estado para velar por el bienestar ciudadano.

Sustentado en que todavía no ha ocurrido un caso a nivel federal que derrote un mandato de vacunación y en que sus órdenes ejecutivas con mandatos de vacunación cumplen con las exigencias constitucionales porque proveen alternativas para los que no quieran vacunarse, el gobierno de Pedro Pierluisi pidió al Tribunal Federal que desestime una demanda porque se trata de un “subterfugio para adelantar una agenda antivacunas”.

El Departamento de Justicia sometió al juez federal Pedro Delgado Hernández dos escritos anoche, uno que pide la desestimación de la demanda y otro en contra de la solicitud de interdicto que sometieron cuatro empleados públicos que retan la orden ejecutiva que estableció un mandato de vacunación para los empleados de la Rama Ejecutiva.

“La ciencia y seguridad pública tienen que prevalecer por encima de inconveniencias sutiles y agravios generales de aquellos que escogen no vacunarse”, concluyó el gobierno al enfatizarle al juez que los empleados que no quieran vacunarse tienen la opción de someterse a una prueba semanal de detección de covid-19 o acogerse a licencias, con sueldo mientras le duren y sin sueldo cuando se le acaben, hasta que la emergencia por la pandemia haya terminado.

“[N]o hay un solo tribunal federal que haya reconocido un derecho constitucional fundamental a no someterse a una prueba de detección de un virus antes de entrar a un lugar de acomodo público”, apuntaló.

Delgado Hernández había rehusado celebrar una vista de interdicto hasta que el gobierno contestara la demanda y había provisto hasta ayer para ello, por lo que lo próximo sería que el juez decida si el reclamo muere en esta etapa temprana o prosigue.

Apenas el viernes pasado, el mismo grupo legal sometió una segunda demanda, esta vez atacando la orden ejecutiva que obliga a distintos tipos de comercio a verificar el estado de vacunación de sus clientes. Se trata de los abogados José R. Dávila Acevedo, Arturo V. Bauermeister e Ilya Shapiro. Estos dos últimos por el Instituto de Libertad Económica (ILE) de Puerto Rico, aunque Shapiro es también vicepresidente del grupo de propuestas conservadoras y libertarias Cato Institute.

En sus escritos, Justicia argumentó al juez que los datos que usa el gobierno para desarrollar sus políticas públicas no son materia de revisión por los tribunales y que, en los aspectos de derecho, las órdenes ejecutivas contra la pandemia están dentro de los poderes constitucionales del gobernador para proteger a la población, que son hasta más flexibles de lo que se requeriría porque ofrece alternativas a los no vacunados, y que en la jurisprudencia federal todavía no se ha derrotado un mandato de vacunación.

Las alegaciones de los demandantes “están mayormente basadas en su interpretación personal de data aleatoria que han encontrado en la internet para empujar, a través de este tribunal, su propia política pública sobre covid-19 para Puerto Rico”. Pero, “los demandantes no están encargados de diseñar la política pública salubrista del gobierno, ya que esa materia cae bajo la responsabilidad y discreción exclusiva de los oficiales electos y un equipo de expertos en salud pública”, defendió el gobierno a la vez que le dijo al juez que no le va a hacer “perder el tiempo enfrascándose en un debate sin fin sobre conclusiones estadísticas y política pública”.

Al revertirle a los demandantes su caracterización de las órdenes ejecutivas, Justicia planteó que “la única conducta escandalosa, indignante y sacudidora de conciencia en este caso es la radicación (de esta demanda), que aboga por la propagación de un virus mortal entre los empleados públicos en vez de la seguridad de los ciudadanos de Puerto Rico”.

Ante la impugnación de los demandantes de que el mandato violenta sus libertades religiosas, el gobierno ripostó que “nadie tiene un derecho constitucional a poner a otros en peligro como parte de su práctica religiosa”.

También, sobre la solicitud de los demandantes para una orden que prohíba al gobierno implantar la orden ejecutiva, que ya entró en vigor y que requiere la vacunación completa de los empleados para el 30 de septiembre, Justicia recordó que el interdicto es un remedio urgente, pero los reclamantes lo pidieron 20 días después de que el Gobernador la anunció, seis días después de radicar la demanda y un día después de que la orden entró en vigor.

Aunque no es vinculante para un juez federal, Justicia pidió también al juez Delgado Hernández que tome en cuenta que ya un juez superior de Puerto Rico desestimó reclamos similares.

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Vea:

Requerimiento de tarjeta de vacunación en negocios provoca demanda federal