Tras seis horas de vista y cuatro testimonios, juez se reserva fallo en demanda que reta la legalidad de las órdenes del Departamento de Salud que mandatan vacunación en los centros de educación públicos y privados.

El juez superior Alfonso Martínez Piovanetti adelantó que la mayoría de los 320 demandantes que impugnan los requerimientos de vacunación en centros educativos que emitió el Departamento de Salud (DS) no tendrían legitimación para presentar sus reclamos, pero accedió a escuchar cuatro testigos en una vista de casi seis horas en la que el Gobierno de Puerto Rico, reforzado por el Colegio de Médicos Cirujanos (CMC), reiteró su capacidad legal para atender la pandemia con medidas que incluso pueden infringir derechos individuales.

Martínez Piovanetti expuso al principio de la vista que, a su entender, las medidas de Puerto Rico no son tan onerosas como, por ejemplo, las impuestas en Francia, que limitan la capacidad de participación económica y social de los no vacunados, y que la demanda presentada el jueves no menciona ni tiene que ver con la más reciente orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi que condiciona el empleo público a que la persona esté vacunada. Las órdenes cubren estudiantes, maestros y personal de estos centros. El juez también advirtió que lo que buscaba escuchar de los testimonios es la opinión de los beneficios o perjuicios que pueden traer los requisitos de vacunación.

La demanda pide una declaración de inconstitucionalidad de las órdenes de Salud, y también menciona ilegalidad de las órdenes ejecutivas por la pandemia, así como compensación de hasta $70,000 por demandante debido a los daños que alegan haber sufrido por las acciones oficiales que entienden los obligan a vacunarse cuando entienden que no deben vacunarse.

“El derecho fundamental que se está violentando es el derecho a la educación presencial y el derecho al trabajo... se está obligando a la vacunación como condición para ejercer esos derechos fundamentales”, dijo al juez Cynthia Torres Torres, una de las abogadas de los demandantes, quienes enfocaron su prueba en impugnar el proceso de aprobación que siguieron las vacunas en la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) y en lo que entienden es la cero posibilidad de que los menores se infecten o tengan consecuencias graves por el coronavirus.

“Jacobson v. Massachusetts podrá ser viejo, pero el sol es más viejo y sigue brillando”, apuntó por su parte la representante legal del CMC, Linette Sánchez Quiñones, en referencia al caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que, en 1905 y en el contexto de la vacuna contra la viruela, refrendó el poder de razón que tienen los estados (“police power”) para tomar medidas que afecten los derechos individuales en aras de proteger la salud y preservación de la vida de la población general.

De hecho, el lunes de esta semana, el Tribunal del Séptimo Circuito de Apelaciones federal avaló el mandato que emitió la Universidad de Indiana, una institución pública, para que los estudiantes se vacunen como condición para la matrícula este semestre. “Una universidad tendrá problemas operando cuando cada estudiante tiene temor de que alguien más está esparciendo la enfermedad. Pocas personas quieren regresar a la educación remota, y no pensamos que la Constitución impone el enfoque de educación a distancia a una universidad que cree que la vacunación (o las mascarillas y las pruebas frecuentes para los no vacunados) hará que la operación presencial sea suficientemente segura”, dijo el panel de jueces apelativos en una opinión que no obliga al juez Martínez Piovanetti, pero este podría usarla como base para su decisión.

Las abogadas del Departamento de Justicia, Ada Sánchez Torres y Tania Fernández Medero, por su parte enfatizaron en los puntos principales de una moción de desestimación que presentaron ayer y que atiende la demanda desde el punto de vista de la capacidad legal de los demandantes para presentarla o de la capacidad del juez para emitir un interdicto en estas circunstancias. Los demandantes no tienen capacidad, no han sufrido daños, las órdenes no son absolutas porque proveen dos categorías de excepción (por criterio médico y pro creencia religiosa), y no se cumple con otros requisitos para el interdicto, dijeron.

“[R]esulta indiscutible que el momento histórico en que vivimos es una de esas contadas instancias en las que sin ambages, el interés apremiante del Estado de salvaguardar la vida y salud de la ciudadanía es patente e incuestionable”, dice la moción al añadir que “los demandantes solo descansan en su deseo de no vacunarse, sin fundamento legal alguno para derrotar el poder de razón de Estado del Gobierno para propiciar que la población lo haga”.

Vea: Uso de “emergencia” de vacunas no tiene que ver con mandatos de vacunación, sostiene Justicia federal

“Puerto Rico ha perdido la vida de 2,581 ciudadanos a causa del COVID-19, de los cuales cuatro de ellos se encuentran entre las edades de 10 a 19 años”, consignó Justicia, que presentó también el testimonio de la doctora Iris Cardona, pediatra, Principal Oficial Médico de Salud y encargada del despliegue de las vacunas a principios de año. “La inmunidad de rebaño ayuda a proteger a los que se vacunan y a los que no se han podido vacunar o no se pueden vacunar”, dijo Cardona al precisar que, al momento de la vista, habían 20 pacientes pediátricos hospitalizados por COVID-19, tres de ellos en intensivo y una, de 17 años, en respirador artificial. A preguntas de Adrián Díaz, representante de los demandantes, Cardona admitió que condicionar la educación presencial a la vacunación no es uno de las recomendaciones actuales del Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El CMC, a quien Martínez Piovanetti admitió como parte interesada en el pleito, presentó de testigo al Dr. Lemuel Martínez, presidente de la Asociación de Enfermedades Infecciosas, quien explicó las fases de evaluación que tiene la FDA y señaló que cada una de las tres vacunas contra COVID-19 que se administran con una Autorización de Uso de Emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) contó con 10 veces más pacientes en sus pruebas clínicas antes de recibir la EUA de lo que era requerido. “[L]a vacuna es un ‘game changer’ para nosotros”, afirmó. “Definir las vacunas contra COVID-19 como experimentales es una técnica para crear confusión y desalentar el uso adecuado de este tratamiento preventivo”, añadió el CMC en un escrito al tribunal.

Los demandantes presentaron el testimonio de dos médicos, María Eloisa Carrascal y Rafael Iriarte Garay, quienes se refirieron a su experiencia y a su análisis de fuentes de información que no se limitan a las “oficiales”.

“El COVID ha sido bien benigno en pediatría… el riesgo (de la vacunación) es mayor que el beneficio ya que ha sido bien benigno en la población pediátrica”, argumentó Carrascal al exponer que el enfoque salubrista debe ser hacia trabajar con las poblaciones que tienen condiciones que se sabe actuan como comorbilidades para el coronavirus, o lo mismo que condiciones que pueden hacer la diferencia entre que una persona combata la enfermedad o sucumba a ella.

Antes de la vista, el juez denegó una solicitud que hicieron los demandantes para que los procesos se mantuvieran confidenciales, debido a que supuestamente se discutirían detalles médicos de menores de edad, lo cual no ocurrió.

Vea: Presentan demanda que reta el mandato de vacunación contra COVID-19 en escuelas

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